El Rosario

Fiscalía y acusación mantienen sus penas para los ediles y la secretaria

El Ministerio pide ocho años de inhabilitación para Benítez, Ana Lupe Mora y María Anita Alonso y exculpa a los otro cuatro exconcejales

19.09.2015 | 01:28

El famoso caso Varadero ya está visto para sentencia. La Fiscalía Provincial y los abogados de las partes pusieron fin ayer al juicio que a lo largo de esta semana ha tenido lugar en el Juzgado de lo Penal Número 5 de Santa Cruz de Tenerife. Durante casi cinco horas, los letrados y el Ministerio Público expusieron todos sus argumentos a favor y en contra de los siete procesados en esta causa, que tiene que ver con el intento de construir en esa zona de El Rosario casi un millar de viviendas en contra de la Ley de Moratoria Turística y del Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT). Las sentencias contra el Plan Parcial fueron una de las armas que utilizaron las acusaciones pública y popular, que decidieron mantener las penas de inhabilitación después de haber escuchado a los investigados y a la casi veintena de testigos.

"Si El Varadero está como está no es gracias al Gobierno de Canarias y al Cabildo de Tenerife, sino solo y exclusivamente al Tribunal Superior de Justicia (TSJC). Congraciémonos de que se haya salvado el terreno gracias a las sentencias", subrayó el fiscal Rafael Ruiz para cerrar su intervención. Durante casi dos horas, el Ministerio hizo un repaso cronológico de los hechos que componen el caso Varadero, desde 2001, cuando se presentó el proyecto de urbanización, hasta 2007, cuando la Sala anuló la aprobación por parte del Gobierno local del Plan Parcial por silencio administrativo positivo, un acuerdo que tuvo lugar en un pleno de 2004.

Aparte de aludir a la "coincidencia de intereses" entre el exalcalde, Macario Benítez, y el promotor de la construcción, Amador Díaz, al interponer sus respectivos recursos al PIOT "con un día de diferencia y compartiendo el mismo letrado", Ruiz defendió que la vocación del proyecto era turística pese a que este uso estaba prohibido por la Moratoria.

Esta intención estaba "abocada al fracaso", no solo por esta normativa sino también por el PIOT, pero no obstante "la mente prevaricadora" llevó al antiguo regidor, la secretaria municipal, María Anita Alonso, y a la que fuera concejal de Urbanismo, Ana Lupe Mora, a dar luz verde al Plan.

La acusación pública solicita para cada uno de ellos ocho años de inhabilitación especial para empleo y cargo público por un presunto delito de prevaricación administrativa, mientras que exculpa a los otros cuatro procesados porque considera que estos ediles del Gobierno entre 2003 y 2007 (Abel Acosta, Laurentino Quintana, María Elba Delgado y Andrés Hernández) "no sabían la importancia del asunto" cuando lo apoyaron.

El motivo, según el fiscal, es que Benítez, Mora y la propia secretaria ofrecieron información "contaminada, viciada y torticera" porque en ningún momento reconocieron que existían informes desfavorables. La arquitecta municipal, incluso, puso 27 reparos, pero Anita Alonso "ni los menciona" y llega incluso a "excederse de sus funciones".

Ruiz recordó que el propio exdirector de Urbanismo de la Comisión de Ordenación del Territorio del Gobierno canario, Rafael Castellano, declaró que el exredidor local tenía constancia de los reparos y añadió que el fax que envió en 2002 para paralizar el asunto en la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) tenía como fin que este organismo no se pronunciara porque sabía que su informe preceptivo iba a ser negativo "de todas todas". Lo reprochable de este asunto es el uso "torticero" que se hace de ese fax, ya que posteriormente es lo que sirve al Ayuntamiento para aprobar el Plan por silencio administrativo positivo, al alegar que el Ejecutivo autónomo no informó sobre el proyecto dentro del plazo que marca la ley, dos años.

Para "reforzar el resultado" de sus intenciones, tal y como declaró Mora en su declaración, la Corporación presentó un informe externo pagado con dinero público que avalaba la vía del silencio administrativo, del que no se sabe "cuánto costó". "No hay nada. No está la factura por ningún sitio", criticó el Ruiz.

El Ministerio advirtió de que esta vía no es aplicable a este caso porque, aparte de que el Plan no está "acorde con la ley", no contaba con los informes sectoriales preceptivos, así que "no se puede aludir al silencio positivo".

En el Avance del Plan General de Ordenación, volvieron a meter el uso turístico pese a que el PIOT declara El Varadero como suelo rústico protegido y, gracias a la "aquiescencia" de la Cotmac y el Cabildo, el proceso "siguió" pese a que ya había dos sentencias contrarias. Fue la de 2007 del TSJC que anula el Plan Parcial, la que logra paralizar el proceso, agregó.

La misma línea siguió el letrado de la acusación popular (IR-Verdes), Pedro Fernández Arcila. Durante su intervención, manifestó que los reparos "no fueron resueltos porque no podían ser resueltos", además de que Benítez, Mora y la secretaria "ocultaron" los informes negativos. Como la valoración preceptiva de la Cotmac iba a determinar en 2002 si el Plan iba a ser legal o no, "se detuvo el proceso" hasta 2004 para valerse del silencio administrativo positivo, según indicó. El abogado pide para estos tres y para los otros cuatro exconcejales 10 años de inhabilitación especial para empleo y cargo público, ya que recuerda que estos últimos formaban parte de la Comisión Informativa en la que se aprobó el proyecto de urbanización.

Por su parte, los tres abogados de la defensa solicitaron la libre absolución de los siete y afirmaron que "no existe prueba de cargo" que demuestre el delito de prevaricación. El abogado de Mora, Esteban Sola, achacó las decisiones tomadas durante la tramitación del expediente a "las dificultades del normal funcionamiento de las administraciones públicas" y defendió que el Plan ya prohibía el uso turístico. Por su parte, Juan Francisco López, en representación de Anita Alonso, manifestó que "no existe prueba de carga que demuestre la intencionalidad" y, como ejemplo, citó que ella no tenía constancia de los informes negativos de la Cotmac. Juan Carlos Hernández, por parte de Benítez, añadió que la Comisión podía haber actuado por su cuenta para evitar la aprobación por silencio positivo y no lo hizo.

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