El Rosario

Los acusados responsabilizan a la secretaria por informar a favor del plan

El exalacalde de El Rosario alega dificultades cognitivas para evitar declarar ante la juez

15.09.2015 | 02:12

Ayer, a las nueve y media de la mañana, arrancó el juicio por el llamado caso Varadero. El alcalde de El Rosario durante 32 años, el socialista Macario Benítez; su excompañera de partido, Ana Lupe Mora; la secretaria municipal, María Anita Alonso; y cuatro antiguos concejales del Ayuntamiento tuvieron que sentarse en el banquillo de los acusados por un presunto caso de prevaricación administrativa. Más de 10 años después desde que se tramitara y aprobara el plan parcial que pretendía urbanizar 338.740 metros cuadrados de suelo rústico protegido, los procesados intentaron demostrar a lo largo de las seis horas de sesión que no aprobaron este expediente de forma arbitraria.

Los hechos se remontan a 2001, cuando se planificó en la zona de El Varadero la construcción de casi un millar de viviendas, un proyecto que iba en contra de la Ley de la Moratoria y del Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT), que estaba a punto de entrar en vigor y de declarar suelo rústico protegido a este espacio natural. Si bien ya existen diversas sentencias que anulan el Plan Parcial de El Varadero por incumplir estas normativas y el proceso administrativo llevado a cabo, el Juzgado de lo Penal Número 5 de Santa Cruz debe dictar ahora si los siete acusados dieron luz verde a esta urbanización ilegal a sabiendas de que era una resolución injusta.

Está previsto que el juicio por este presunto delito de prevaricación se desarrolle a lo largo de esta semana y ya ayer los investigados pudieron defenderse en la Sala. El primero de ellos fue Macario Benítez, que no obstante intentó librarse de ese trago alegando dificultades cognitivas y problemas de salud. Pese a presentar un informe en el que se indicaba su indisposición, el médico forense del Palacio confirmó su capacidad para responder a las preguntas de las acusaciones y de la defensa pese a ratificar que sufre un deterioro cognitivo leve.

Sus respuestas fueron escuetas y solo se limitó a contestar a su abogado. Grosso modo, aseguró que no tiene relación personal con el promotor del proyecto de El Varadero, Amador Díaz, y que tampoco posee conocimiento urbanístico suficiente como para saber interpretar las normativas.

El alcalde de El Rosario hasta este mismo año y los otros seis acusados que formaron parte del Gobierno local entre 2003 y 2007 optaron por poner toda la responsabilidad sobre las manos de la secretaria, pues todos ellos alegaron que aprobaron el Plan Parcial amparados por los informes del órgano de control, que eran favorables.

El socialista, sin embargo, dijo no acordarse de lo que es una de las claves del proceso. "No recuerdo de quién fue la idea de enviar un fax" a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), aseveró el exregidor local a su abogado.

Si el proyecto para construir en El Varadero entró en el Ayuntamiento en 2001, no fue hasta 2004 cuando fue aprobado en un pleno por el Gobierno municipal. La Fiscalía sostiene en su escrito de acusación que el Consistorio proponía desde 2001, cuando se aprobó el Avance del Plan General de Ordenación, que esta zona fuera suelo urbanizable sectorizado no ordenado con uso turístico pese a ir contra la Ley de la Moratoria, que obligaba a suspender la tramitación de todo aquello que implicara ese tipo de uso mientras no se aprobara el PIOT. De hecho, la Corporación local presentó alegaciones contra la norma insular desde 1998 e incluso fue al Contencioso-Administrativo cuando entró en vigor en 2002, ya que protegía el espacio "de todo proceso urbanizador".

El Ministerio Público defiende que todos los informes "técnicos y jurídicos que fueron emitidos o recabados" por el Ejecutivo canario, encargado de dar la última palabra, fueron desfavorables. Entre otros, el representante de la acusación pública nombró ayer el elaborado por el servicio de Carreteras del Cabildo y los informes contrarios que emitió la arquitecto municipal, que también advirtió de que el Plan Parcial iba en contra de la Ley de Moratoria Turística y del PIOT.

Tanto el fiscal como el abogado de la acusación popular, Pedro Fernández Arcila, también hicieron hincapié en el informe preceptivo de la Cotmac que nunca llegó a emitirse. Ahí es donde entra en juego el fax que firmó Macario Benítez en 2002 y que fue remitido a este órgano del Ejecutivo autónomo pidiendo la paralización del expediente del Plan Parcial para, supuestamente, evitar así un pronunciamiento negativo preceptivo. Cuando pasaron dos años desde que se presentó su petición, el Gobierno local dio luz verde en un pleno de 2004 al Plan Parcial defendiendo silencio administrativo positivo del órgano regional, y con carácter retroactivo a dos semanas antes de la entrada en vigor del PIOT.

La concejal de Urbanismo de aquel entonces, Ana Lupe Mora, argumentó ayer que la urbanización no iba contra la norma insular porque cuando se aprobó ya estaba en trámite, por lo que cabía el "derecho transitorio", aunque a su vez reconoció que el PIOT no permitía esa construcción. De igual forma, argumentó que tampoco iba en contra de la Moratoria ya que se había excluido del Plan Parcial el uso turístico, una justificación que tampoco convenció ni al fiscal ni a Fernández Arcila, en representación de IR-Verdes, partido que denunció los hechos por la vía penal en 2007.

Para guardarse las espaldas, Ana Lupe Mora repitió en varias ocasiones que los informes de la secretaria eran favorables y que no tenía constancia de ninguno negativo, al igual que el Ayuntamiento contaba con un informe externo del abogado Fernández Aceytuno que no sabía por qué se había solicitado, para posteriormente responder que para tener mayor tranquilidad. Pese a ser la encargada del área en esas fechas, manifestó que tampoco sabía por qué la valoraciones preceptivas de la Cotmac y del Cabildo no estaban en el expediente.

Respecto al fax que firmó el alcalde para paralizar el expediente, tanto ella como la secretaria manifestaron que se enteraron días después de presentarse ante el órgano del Gobierno canario, lo que tuvo lugar el mismo día en que la ponencia iba a informar sobre el Plan Parcial de El Varadero. Por su parte, María Anita Alonso afirmó que no tuvo conocimiento de informes desfavorables y que las advertencias en contra de la arquitecto municipal solo eran un "punto de vista", por lo que no le pareció "necesario" informar.

Ella fue la única que respondió a la acusación popular e intentó valerse de su experiencia para justificar el proceso llevado a cabo. Defendió que el Plan Parcial eliminaba el uso turístico de la urbanización y que el PIOT no había entrado en vigor cuando se aprobó. También aseveró que el fax no paralizó el expediente y que se dio luz verde en 2004 por silencio administrativo, a petición del propio promotor una semana antes de que entrara en vigor el Plan Insular, según recordó el letrado de IR-Verdes.

Los otros cuatro acusados que formaron parte del Gobierno local (Laurentino Quintana, María Elba Delgado, Andrés Hernández y Abel Acosta) coincidieron a la hora de decir que simplemente se fiaron del criterio de la secretaria y de la exedil de Urbanismo, ya que en ningún momento se les dijo que había informes negativos o que el expediente estaba incompleto.

Si la acusación popular pide para los siete procesados 10 años de inhabilitación especial para empleo y cargo público, la Fiscalía solicita ocho para el exalcalde, Ana Lupe Mora y la secretaria municipal, mientras que exculpa a estos cuatro últimos.

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