Santa Cruz

La Isla exige al Estado que declare la obra para ampliar la depuradora de urgencia

Los alcaldes de los tres municipios afectados y el consejero insular de Aguas se reúnen para buscar una solución

19.08.2015 | 12:44
El Muelle de La Hondura visto desde la depuradora de Buenos Aires.

Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, El Rosario y el Cabildo tinerfeño van a solicitarle al Estado que la futura obra para ampliar la depuradora de Buenos Aires sea declarada de urgencia. Así lo acordaron ayer los alcaldes de los tres municipios afectados y el consejero insular de Aguas, el socialista Manuel Martínez, tras la reunión que se celebró en la sede del Consejo Insular de Aguas para tratar de buscar una solución que impida que la depuradora chicharrera continúe vertiendo aguas negras al mar.

"El primero de los acuerdos que adoptados es que se solicite al Gobierno central que saque a concurso la obra de ampliación de la depuradora por el procedimiento de urgencia", explicó el alcalde de Santa Cruz, el nacionalista José Manuel Bermúdez, quien aseguró que en el caso de que el Estado acepte tramitar dichos trabajos por la vía de urgencia, los plazos serán mucho más cortos y la ampliación de la depuradora estará lista en menor tiempo.

Sobre este futuro proyecto, el regidor lagunero, el también nacionalista José Alberto Díaz, especificó que "la Corporación insular ya tiene el proyecto redactado y, además, también tenemos los fondos, por lo que lo único que queda es realizar la obra en el menor plazo de tiempo posible".

Unos trabajos que no solo permitirá ampliar la instalación actual para que pueda llegar a tratar 25.000 metros cúbicos, sino que también posibilitará que una nueva planta depure otros 30.000 metros cúbicos de aguas negras, "en total serán 55.000 metros cúbicos", apuntó Díaz.
En noviembre del pasado año, el Gobierno de Canarias anunciaba que el Ejecutivo de Mariano Rajoy se había comprometido a financiar la obra de remodelación de la planta depuradora de Buenos Aires. Sin embargo, no fue hasta varios meses después, el pasado abril, cuando se publicaba en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el proyecto de impacto ambiental de estos trabajos que supondrán una inversión de 17 millones de euros. En aquel momento, el regidor santacrucero se felicitaba por dicha publicación debido a que, a su juicio, esto implicaba que se había dado un paso más para llevar a cabo la obra de ampliación.

la opinión de tenerife adelantaba en su edición del pasado 31 de julio que el Gobierno de Canarias le ha abierto un expediente al Ayuntamiento de Santa Cruz y a la Empresa Mixta de Aguas de la capital tinerfeña (Emmasa) en el que les avisa de que podrían perder la autorización que se les concedió en 2005 para realizar vertidos de aguas negras al mar porque la cantidad de agua sin tratar supera los metros cúbicos permitidos hace ya diez años por la Comunidad Autónoma.

Asimismo, el Ejecutivo regional exige al Consistorio capitalino y a Emmasa que lleven a cabo las obras que sean necesarias en la planta depuradora de Buenos Aires y en la estación de pretratamiento de Cabo Llanos para adaptar el sistema de depuración y vertido a la legislación vigente. En el caso de que el Ayuntamiento y la empresa de aguas desoigan las advertencias del Gobierno canario, este procederá a iniciar los trámites para sancionar tanto a la Corporación como a Emmasa.

Varios días después de que se diera a conocer el contenido del informe elaborado por los técnicos de la Comunidad Autónoma, el alcalde santacrucero advertía al resto de municipios afectados –La Laguna y El Rosario– que Santa Cruz dejaría de depurar las aguas negras generadas en ambas localidades si perdían dicha autorización. Asimismo, José Manuel Bermúdez emplazaba a todos los afectados a reunirse en septiembre para tratar de buscar una solución a este problema.

Sin embargo, las críticas realizadas tanto por el primer teniente de alcalde de La Laguna y consejero delegado de Teidagua, el socialista Javier Abreu, como por el alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, y las declaraciones del vicepresidente de la Corporación insular, el socialista Aurelio Abreu, en las que aseguraba que el Cabildo de Tenerife estaba dispuesto a asumir las competencias de la depuradora chicharrera, provocaron que se adelantara dicho encuentro.

Sobre el hecho de que sea la Corporación insular la institución que asuma la gestión de la depuradora, los alcaldes de los tres municipios afectados se mostraron totalmente de acuerdo con dicha iniciativa. "Es un problema que nos atañe a todos y, por tanto, es fundamental que el Cabildo de Tenerife asuma la gestión de la planta", dijo Bermúdez, quien añadió: "Es un avance que se reconozca que este problema no es solo de Santa Cruz, sino de toda el área metropolitana".

El último de los acuerdos alcanzados entre todas las partes afectadas consiste en que el Cabildo elaborará un plan de etapas que será presentado al Gobierno de Canarias para que este le autorice al Ayuntamiento de Santa Cruz los vertidos al mar.

"Ha sido un gran acierto que nos hayamos sentados todos y hayamos dado nuestro punto de vista sobre este asunto", manifestó el alcalde de La Laguna al término del encuentro para añadir: "Es un problema que debemos resolver a la mayor brevedad posible".

Pese a que aún habrá que esperar a ver si el Estado decide declarar la urgencia de la obra de la depuradora, tanto el alcalde de Santa Cruz como el de La Laguna se mostraron confiados en que se han sentado las bases para solucionar la situación.

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