La polémica de las depuradoras

La oposición achaca la crisis al Consistorio de la capital y Emmasa

Los socialistas santacruceros, Ciudadanos y Unid@s en La Laguna critican la "amenaza" del alcalde Bermúdez a los municipios vecinos

13.08.2015 | 12:21
Instalaciones de la depuradora de Buenos Aires, en Santa Cruz de Tenerife.

La crisis del agua que se está viviendo en estos días en el área metropolitana se debe tanto a la desidia del alcalde de la capital tinerfeña, el nacionalista José Manuel Bermúdez, como a la de la Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife (Emmasa). Así lo manifestaron ayer los partidos en la oposición de La Laguna -Unid@s se puede y Ciudadanos- y los socialistas santacruceros, quienes se quedaron fuera del Gobierno chicharrero después de que Bermúdez decidiera gobernar con el Partido Popular en la capital.

Las tres formaciones políticas criticaron el hecho de que el alcalde de Santa Cruz se haya dedicado a "amenazar" al resto de los municipios afectados -La Laguna y El Rosario- con que la depuradora santacrucera dejará de tratar las aguas residuales procedentes de ambas localidades si el Gobierno de Canarias no da marcha atrás en su intención de retirarle el permiso de vertido de aguas negras a Santa Cruz por incumplir los niveles de depuración que exige la Ley.

La capital oculta los datos. El exprimer teniente de alcalde de la capital tinerfeña y actual portavoz de los socialistas santacruceros, José Ángel Martín, acusó ayer a Bermúdez de abrir una "guerra del agua para ocultar los vertidos de aguas al mar sin tratar". Martín también lamentó las declaraciones del alcalde en las que amenaza a los municipios de La Laguna y el Rosario con no permitir que depuren sus aguas en las instalaciones de la capital, un servicio por el que pagan ambos municipios.

Para el socialista el problema de Bermúdez se encuentra en que, debido a su mala gestión, Santa Cruz vierte al mar una cantidad de agua sin tratar superior al autorizado por el Gobierno de Canarias, a pesar de la tasa que pagan los vecinos tanto de la capital, como de La Laguna y El Rosario.

El también exedil de Urbanismo en la anterior legislatura recordó que Emmasa tiene firmados convenios con ambos municipios donde cobra por este servicio y el usos del alcantarillado 1,2 millones de euros a la Laguna, aproximadamente, y unos 400.000 euros El Rosario, convenios que se firmaron en 2012.

En opinión de Martín, el problema surge porque Santa Cruz está vertiendo más caudal de agua sin tratar que el autorizado, y recuerda que existe una causa penal abierta con este tema. Aun dejando de depurar el agua de El Rosario o La laguna no se cumpliría con las autorizaciones.

"El problema es más serio que una simple amenaza a los municipios que, por otro lado, están pagando el agua que nos están enviado para su depuración", dijo el portavoz socialista, quien agregó que "Santa Cruz lleva muchos años vertiendo aguas sin tratar al mar, pudiendo haber incurrido en un delito medioambiental muy grave".

Además, el portavoz socialista se preguntó acerca de "dónde va a parar la tasa de depuración que pagamos los chicharreros, y el dinero que anualmente paga La Laguna o El Rosario", añadiendo que "lo cierto, y atendiendo a las informaciones que hemos estado analizando, llevamos años pagando una tasa de depuración sin que el agua en Santa Cruz se depure, vertiéndola al mar sin tratamiento previo".

"Los socialistas -aseguró Martín Bethencourt- preguntaremos tanto al Gobierno de Canarias como a Emmasa y al grupo de Gobierno de CC-PP por la cantidad de agua sin depurar que se está vertiendo, límites que marca la autorización de la Comunidad Autónoma, ingresos que se han generado por la tasa de depuración en los años 2012, 2013, 2014 y los cobros a El Rosario y La Laguna en esos mismos años".

"Podemos estar ante la situación que todos hayamos estado pagando por un servicio de depuración y que el Ayuntamiento de Santa Cruz no haya estado dando el servicio", concluyó Martín.

Devolución del dinero. La concejal de Ciudadanos en La Laguna, Teresa Berástegui, pidió al alcalde Bermúdez y al gerente de Emmasa, Alfredo Rodríguez, que "devuelvan hasta el último euro que no se haya invertido en el servicio de depuración de aguas en la capital tinerfeña, El Rosario, y La Laguna".

La edil aseguró que "es una verdadera vergüenza y una estafa que se haya cobrado a los ciudadanos por un servicio que en realidad no se les estaba prestando", un hecho que además "ha sido reconocido por el propio alcalde en sus últimas intervenciones públicas". Por todo ello, Ciudadanos le pidió que "sea consecuente con su gestión y su falta de control sobre esta empresa pública" y le instó a que "subsane y devuelva todo el dinero que se ha cobrado por nada".

Berástegui criticó la actitud de José Manuel Bermúdez "porque en lugar de buscar soluciones e intentar arreglar los errores detectados, se ha dedicado a amenazar con dejar de depurar las aguas de La Laguna y El Rosario, si el Gobierno de Canarias sanciona e impide a Emmasa verter aguas al mar". "Es intolerable que haya anunciado ya que va a denunciar el convenio suscrito con el Consistorio lagunero para la prestación de este servicio, con la intención de tratar en exclusividad la depuración de agua en la capital tinerfeña", dijo la edil. Por este motivo, Ciudadanos le insta a que reconsidere su postura, y busque otra solución alternativa, que no sea la de suprimir la prestación del servicio.

"No solo hay que soportar estas amenazas, sino también la acción copartícipe de los ayuntamientos de La Laguna y de El Rosario", comentó la edil para añadir: "Han seguido cobrando este servicio a todos los ciudadanos, incluso a aquellas familias que tienen dificultades para llegar a final de mes".

Estafa a los laguneros. El portavoz de Unid@s se puede en La Laguna, Rubens Ascanio, consideró que se ha cometido una auténtica estafa a la ciudadanía lagunera que ha asumido el pago de 1,2 millones de euros anuales para una labor de depuración de aguas residuales que parece que no se ha realizado correctamente.

Desde Unid@s se puede creen que detrás de esta operación se encuentra la multinacional Sacyr-Vallehermoso, que ha estado años cobrando por un concepto que según los informes ambientales existentes no se ha realizado, generando un grave problema de contaminación marina en la costa chicharrera. Recuerda que existen informes del Consejo Insular de Aguas de Tenerife que indican que la depuradora santacrucera podría llegar a tratar casi el doble de las aguas que gestiona actualmente, usando las instalaciones que disponen. Este dato, según la formación lagunera, convertiría en aún más grave el conflicto actual, "haciendo evidente la falta de control político y la connivencia existente con la empresa privada que ha gestionado esta labor, con un alto coste económico para los vecinos y vecinas".

Ascanio cree que más allá del enfrentamiento entre municipios, el problema actual es que se ha cobrado por un servicio que no se realizaba correctamente y por el que se han pagado más de 4.8 millones de euros en los últimos cuatro años. Considera que el Gobierno de La Laguna debe aclarar urgentemente, hasta las últimas consecuencias, qué se ha hecho con este dinero y si realmente se ha cobrado por un servicio que no se realizaba.

Para Unid@s se puede es urgente que otras administraciones como el Gobierno de Canarias y el Consejo Insular de Aguas intervengan para que los vertidos de aguas fecales en las costas no se conviertan en un hecho normal, ya que sería un grave problema para toda la Isla. Igualmente consideran que se debe poner en marcha las mismas acciones de control en la costa lagunera.

El portavoz de Unid@s se puede le recordó a Javier Abreu, concejal responsable de Teidagua, que también existen informes del Gobierno de Canarias que aseguraban en 2007 que en la costa lagunera, la depuradora de Valle de Guerra, se producía "un incumplimiento en materia de tratamiento previo al vertido, ya que hace una estimación de la carga contaminante que es vertida sin depurar (otra fracción si es depurada)".

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