La polémica de los vertidos líquidos al mar

Santa Cruz se enfada y rompe el convenio de la depuración de aguas con La Laguna

El Ayuntamiento de la capital anuncia que a partir de ahora, y después de las críticas del edil lagunero Javier Abreu, la estación de Buenos Aires no tratará las aguas residuales del municipio universitario

12.08.2015 | 13:41
José Manuel Bermúdez durante un pleno del Ayuntamiento chicharrero.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha decidido denunciar y poner fin al convenio de depuración de aguas residuales que mantiene con el Consistorio de La Laguna tras las declaraciones realizadas por el primer teniente de alcalde y concejal de Aguas de dicha Corporación, el socialista Javier Abreu. Este ha manifestado que tanto el alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, como Emmasa (Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife) "han timado a los vecinos del municipio chicharrero, de La Laguna y de El Rosario, porque estos han pagado por un servicio que luego no se ha prestado según los términos pactados".

Abreu respondió ayer de esta manera a la advertencia que realizó el lunes el alcalde de la capital. Este avisó de que la depuradora de Santa Cruz tendría que dejar de tratar las aguas de La Laguna y de El Rosario si finalmente el Gobierno de Canarias cumplía con su amenaza de retirar al Ayuntamiento de la capital la autorización concedida en su día para verter al mar, porque la estación se quedaría sin capacidad para poder hacerlo. El primer teniente de alcalde de La Laguna acusó a Bermúdez de intentar hacer partícipes a los laguneros de los "errores de su gestión, cuando hemos cumplido y hemos pagado religiosamente más de 1,2 millones de euros anuales para que se depuren nuestras aguas residuales".

La reacción del Ayuntamiento de Santa Cruz ha sido inmediata. Y de una advertencia se ha pasado a los hechos, y ya sin esperar por la decisión del Gobierno de Canarias sobre el permiso para verter al mar. Las declaraciones de Abreu han provocado el enfado del Gobierno local de la capital, formado por CC y PP, y este ha anunciado que en las próximas horas dará las instrucciones correspondientes para denunciar ante el Consejo Insular de Aguas el convenio para la depuración firmado con La Laguna y para dejar de tratar las aguas residuales de dicho municipio. Esto podría provocar que dichas aguas acabasen en los barrancos, pues de momento no hay otra alternativa, lo que podría causar problemas sanitarios, según explicó en su momento el concejal de Servicios Públicos de la capital, el nacionalista Dámaso Arteaga.

Este ayer indicó que la reacción del concejal de Aguas de La Laguna "es la de un auténtico irresponsable, ya que es conocedor de esta situación desde el mes de abril y es consciente de los esfuerzos que hace tanto el Ayuntamiento de Santa Cruz como el Consejo Insular de Aguas para conseguir solucionar el problema de los vertidos". El edil de Servicios Públicos de la capital quiso dejar claro que Santa Cruz "no ha incumplido con La Laguna ni mucho menos". Precisamente, añadió Dámaso Arteaga, "por depurar lo que nos llega de La Laguna tenemos que verter al mar aguas de la zona baja de la ciudad ante la incapacidad de la depuradora actual".

"Por eso la irresponsabilidad y dejadez de Javier Abreu solo llevan al caos. Su salida de tono va a traer aparejada una instrucción para denunciar el actual convenio de depuración que mantenemos con el Ayuntamiento de La Laguna. No queremos más dinero y perseguimos solucionar este problema, tal y como le hemos manifestado por escrito desde abril en una carta. Lamentamos la deplorable búsqueda de titulares y protagonismo del señor Abreu, que lo que ha conseguido es que, a partir de ahora, depuremos en exclusiva las aguas que procedan de Santa Cruz", sentenció el edil de Servicios Públicos en la capital chicharrera.

Expediente

Toda esta problemática surge a raíz de la apertura de un expediente por parte del Gobierno de Canarias, tal y como adelantó la opinión de tenerife a finales de julio, contra el Ayuntamiento de Santa Cruz y Emmasa en el que amenaza con retirar, por "incumplimientos claros y reiterados", la autorización de vertido al mar de aguas residuales concedida en su día al Consistorio y con iniciar un procedimiento sancionador. El Ejecutivo canario exige a la Corporación local y a Emmasa que ejecuten de manera urgente las actuaciones necesarias en la depuradora de Buenos Aires y en la estación de pretratamiento de Cabo Llanos para adaptar el sistema de depuración y vertido a la legislación vigente. Y es que, según la Comunidad Autónoma, "se está vertiendo al mar la mayor parte del caudal" sin el tratamiento adecuado, cuando el permiso solo fue concedido para verter por "razones de urgencia" o "aliviadero".

Por su parte, el Ayuntamiento de Santa Cruz y Emmasa han explicado que se vierte al mar parte del caudal porque la depuradora de Buenos Aires no tiene capacidad para tratar todas las aguas de la capital y también las de La Laguna y las de El Rosario. La depuradora de Santa Cruz, a la que también llegan las aguas de dichos municipios, se encuentra emplazada a una cota de 100 metros, lo que hace necesario, respecto a las aguas de la zona baja de la ciudad, que se establezca un sistema de bombeo. Es a la estación de Cabo Llanos donde llegarían dichas aguas, la cual tiene como función el pretratamiento y el posterior bombeo de estas aguas a la depuradora. Sin embargo, y tal y como se indica en los informes del Gobierno y de los propios técnicos municipales, en la actualidad no se produce ese bombeo a la depuradora porque, según Emmasa, esta no admitiría más caudal del que trata actualmente.

Dicho caudal es de unos 23.293 metros cúbicos al día aportados por la parte alta de Santa Cruz (8.966), por La Laguna (12.603) y por El Rosario (1.274). Esto significa que se vierten al mar, en el muelle de La Hondura, unos 22.000 metros cúbicos diarios de aguas sin tratar, hechos que también se están investigando en el Juzgado y por los que están imputados el exconcejal Norberto Plasencia y el edil de Servicios Públicos, ambos de CC. La autorización que concedió el Gobierno de Canarias en su día solo permite un vertido de unos 1.000 metros cúbicos al día. El alcalde de la capital ha insistido en que este problema se resolverá con la ampliación de la depuradora, "una obra que ya ha sido asumida por el Estado y que requiere de una inversión de 18 millones de euros". Sin embargo, el Ejecutivo canario exige a la capital un plan de actuación inmediato.

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