Santa Cruz

El Supremo rechaza suspender la obra del dique pese a faltar el estudio ambiental

ATAN y Ben Magec presentaron un recurso contra la declaración de urgencia de los trabajos en San Andrés

10.08.2015 | 03:37
El Supremo rechaza suspender la obra del dique pese a faltar el estudio ambiental

La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) dictó la semana pasada un auto por el que rechaza el recurso presentado por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) y la Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción mediante el que ambos colectivos solicitaban la suspensión de los trabajos para construir la escollera de San Andrés debido a que dicha obra carece de informe de impacto ambiental. "No ha lugar a acordar la suspensión de la obra de ejecución del proyecto denominado Protección del frente litoral de San Andrés, aprobado por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, interesada como medida cautelar por los demandantes", se especifica en el auto del TS, documento al que ha tenido acceso la opinión de tenerife.

El Consejo de Ministros aprobaba en junio del pasado año un acuerdo por el que declaraba que la obra de la escollera de San Andrés quedaba excluida del proyecto de impacto ambiental, un estudio preceptivo para que las administraciones pudieran ejecutar los trabajos. Pese a que este actuaciones requieren del informe de impacto ambiental, tanto el alcalde de Santa Cruz, el nacionalista José Manuel Bermúdez, como el presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Rodríguez Zaragoza, defendieron la necesidad de llevar a cabo las obras lo antes posible.

A juicio de ambos, la construcción de la escollera de San Andrés debía ser declarada de emergencia por el Estado no solo para acortar los plazos de ejecución de los trabajos, sino también para evitar que las mareas vivas volvieran a inundar y causaran destrozos en el pueblo de San Andrés, tal y como ocurrió en 2011 y 2012.

Este último fue el argumento en el que se basó Madrid para permitir que las obras de construcción del dique se llevaran a cabo sin informe de impacto ambiental. Sin embargo, casi un año después de que se iniciaran los trabajos para levantar la escollera, el pasado mes de mayo, ATAN y Ben Magec presentaban un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Estado para solicitar la suspensión cautelar de la obra del dique, trabajos que ya había iniciado Sacyr, empresa a la que le fue adjudicada la construcción.
Tardanza
En cuanto a los argumentos esgrimidos por los ecologistas para solicitar la suspensión cautelar de las obras, en el escrito basaron dicha petición en tres motivos: "la publicación del acuerdo impugnado, de 27 de junio del 2014, no se produjo hasta ocho meses más tarde, el 18 de marzo del 2015", "no se ha empleado el procedimiento de contratación de emergencia provisto en el artículo 113 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre" y "las obras de emergencia responden siempre a situaciones catastróficas ya acaecidas y cuya ejecución no puede demorarse, no a un riesgo hipotético futuro".
Asimismo, la representación legal de ATAN y Ben Magec alega en su escrito que la construcción del dique semisumergido producirá daños en los fondos marinos de San Andrés, un destrozo que "no es hipotético, sino real y se encuentra ya constatado por la Administración".

De esta manera, la letrada hace referencia a la decisión adoptada por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente mediante la que aprobó por resolución de 17 de septiembre del 2014 una declaración de impacto ambiental desfavorable sobre el proyecto de modificación del puerto deportivo de San Andrés, una instalación –cuyo proyecto está en manos de los Tribunales– que se pretendía construir en la misma zona que el rompeolas.

Así, la abogada de los ecologistas recuerda que "en dicha declaración se pone de relieve que si bien determinados sebadales con praderas de Cymodoceanodosa ya protegidos no resultan directamente afectados, se apreciaba la conveniencia de ampliar dicha protección, cubriendo las zonas afectadas por las citadas obras".

El pasado mes de junio, el Supremo admitió a trámite dicho recurso. Ante dicha decisión, el abogado del Estado defiende en su escrito que sí existe un claro interés general en la urgencia de la obra, pues esta está "destinada a evitar inundaciones por rebases del mar sobre la escollera del paseo marítimo de San Andrés, que han tenido carácter catastrófico en 2010, 2011 y 2012 con grandes pérdidas económicas y comprometiendo la integridad de vidas humanas, fenómenos que suelen producirse a finales de agosto o principios de septiembre".

Sobre los motivos por los que el Tribunal Supremo decide no suspender las obras de construcción del dique de San Andrés, en los razonamientos jurídicos se especifica que aunque los trabajos no cuenten con el correspondiente estudio de impacto ambiental, estos no solo han comenzado ya, sino que también es probable que las obras estuvieran bastante avanzadas o incluso finalizadas cuando se dictase este auto. "Ello implica que de ser estimado el recurso habría que proceder a la elaboración del mismo y adoptar las medidas correctoras que fuesen de rigor o, en el caso extremo, reponer la zona a su estado anterior".

Interés general

No obstante, también aclara que la Ley establece que dicha medida puede denegarse cuando la suspensión cautelar pueda originar una "perturbación grave de los intereses generales o de tercero que el juez o Tribunal ponderará de forma circunstanciada". "La resolución recurrida se justifica en la necesidad de evitar riesgos graves a personas y cosas y en la eventualidad de que tales riesgos, que han ocurrido en los últimos años 2010, 2011 y 2012, puedan repetirse a finales de agosto o comienzos de septiembre. Pues bien, la existencia de tales riesgos, cuya realidad no se puede negar, hace que deban prevalecer los intereses generales asociados a la prevención de los mismos, especialmente en cuanto pueden afectar a personas", se explica en el auto judicial.

El TS también defiende en su escrito que el hecho de encargar en estos momentos –cuando la obra ya ha comenzado– un estudio de impacto ambiental de la zona, lo único que haría sería retrasar la ejecución de los trabajos, por lo que el dique no estaría listo a finales del verano, fecha en la que se suelen producir las mareas vivas.

Sobre el argumento de que no existe tal urgencia para ejecutar estos trabajos –los ecologistas señalan en el recurso que se produjo un retraso tanto en la publicación del acuerdo de la declaración de emergencia por parte del Consejo de Ministros y que las obras no fueron adjudicadas por el procedimiento de urgencia–, el magistrado considera que tales circunstancias se pueden achacar a "una deficiencia o descuido en la tramitación del procedimiento administrativo" pero esto "no afecta a la existencia o no del riesgo aducido en una determinada época del año".

En cuanto a la importancia de proteger la zona de sebadales, el Supremo manifiesta que "los riesgos aducidos y que se basan fundamentalmente en el estudio de impacto ambiental elaborado en septiembre del 2014 en relación a la remodelación del puerto deportivo de San Andrés, son sobre todo la conveniencia de la protección de ampliación de la zona protegida de sebadales, adicional a la ya existente en zonas próximas, lo que supone que se trata de una protección adicional a un hábitat ya protegido en las proximidades, no de la protección ex novo de un hábitat desprotegido".

Pese a que la obra se está ejecutando sin contar con el correspondiente proyecto de impacto ambiental, el Tribunal Supremo precisa que "la propia resolución que se impugna estipula en su apartado tercero que se han de tener en cuenta las medidas correctoras y el programa de vigilancia ambiental que figuran en el estudio elaborado a instancias de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife".

"Esto supone que, incluso de resultar estimado el recurso, los hipotéticos daños medioambientales que habría que reparar estarían paliados por las referidas medidas adoptadas en la ejecución de las obras", concluye el fallo dictado.

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