La Laguna

Abreu anuncia que irá a los Juzgados si se confirman los vertidos al mar

El edil afirma que el gabinete jurídico pedirá las responsabilidades oportunas al Ayuntamiento capitalino y Emmasa si no se está depurando

06.08.2015 | 13:10
Depuradora de Santa Cruz.

El concejal de Aguas del Ayuntamiento de La Laguna, Javier Abreu, informó ayer de que el gabinete jurídico estudiará toda la documentación publicada e informes existentes sobre la depuradora de Santa Cruz, planta en la que se tratan las aguas residuales de una parte del municipio lagunero, y, en caso de que como se publicó el pasado viernes, las instalaciones estén realizando vertidos contaminantes al mar, tomar las acciones legales pertinentes y pedirá responsabilidades al Ayuntamiento de Santa Cruz y Emmasa (Empresa Mixta de Aguas).

En este sentido, el concejal resaltó que hasta el anterior Gobierno municipal, el Ayuntamiento lagunero estaba pagando 600.000 euros anuales para el tratamiento de aguas en Santa Cruz, mientras que al llegar a la Corporación municipal "hicimos un contrato con Emmasa por 1.200.000 euros anuales". Y para poder sufragar este sobrecoste, se incrementó la tasa de contaminación en la factura del agua, específicamente en las cuotas de depuración y alcantarillado. Precisamente por este sobrecoste en el contrato con Emmasa, Abreu matiza que "lo único que solicita el Consistorio es que se preste el servicio correctamente". Sin embargo, según los datos publicados recientemente, el Gobierno de Canarias ha abierto un expediente al Ayuntamiento de Santa Cruz y a Emmasa en el que amenaza con retirar "por incumplimientos claros y reiterados" la autorización de vertido al mar e iniciar un procedimiento sancionador. De hecho, se está investigando el vertido al mar de unos 22.000 metros cúbicos diarios de aguas sin tratar, un hecho que también ha denunciado la Unión Europea.

En caso de que tengan que tomarse medidas especiales en el tratamiento de las aguas, el Consistorio chicharrero ha informado de que solicitará tanto a La Laguna como a El Rosario -que también depura sus aguas en Santa Cruz- que colaboren económicamente en función de la cantidad de agua que vierten. Sin embargo, Javier Abreu aclaró que "no estamos dispuestos a pagar más dinero excepto si contamináramos más y necesitáramos un mayor servicio" e insistió en que "los trabajos que se realicen en las instalaciones chicharreras no deben suponer un incremento para los vecinos de La Laguna, puesto que ya desde hace cuatro años se aumentó su factura para cubrir estos gastos".

Así, el concejal resaltó que "no es culpa de La Laguna ni la orografía de la Isla ni el hecho de que alguien no haya cumplido con las responsabilidad política de modernizar ni actualizar la depuradora de Santa Cruz".

Además, Abreu señaló que la depuradora debería estar coordinado por el Consejo Insular de Aguas, perteneciente del Cabildo, al tratarse de una instalación que presta su servicio a tres municipios. "La depuradora tiene que estar al 100% de su funcionamiento y tiene que modernizarse. El problema es que las aguas residuales no dan votos, pero sí dan dinero", resaltó. Por ello, insistió en que lo que tendrían que hacer los responsables es "reinvertir ese dinero de nuevo en la planta de tratamiento para que se vaya modernizando porque hay que irse adaptando a la legislación".

El edil matizó que "no hay que olvidar que vivimos del turismo y no puede ser tolerable que las aguas no sean tratadas antes de ser tiradas al mar".

Por otro lado, en cuanto a las declaraciones del concejal de Servicios Públicos de Santa Cruz, Dámaso Arteaga, en las que manifestaba su esperanza de que la Comunidad Autónoma aceptase tanto las alegaciones del Ayuntamiento como de Emmasa porque en caso de revocarse la autorización de los vertidos, tanto el municipio de La Laguna como de El Rosario tendría que verter sus aguas en los barrancos, suponiendo esto "importantes problemas sanitarios", Javier Abreu señaló que "es una barbaridad que un responsable público diga eso", sobre todo, recalcó, al tratarse de un territorio que vive esencialmente del turismo. Además "de ser un delito es una aberración". "Es una cuestión de responsabilidad", concluyó.

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