Santa Cruz

El Gobierno abre expediente a Emmasa y el Consistorio por verter aguas residuales

El Ejecutivo amenaza con retirar la autorización de vertido por "incumplimientos"

31.07.2015 | 13:29
Instalaciones de la depuradora de Buenos Aires, en Santa Cruz de Tenerife.

El Gobierno de Canarias ha abierto un expediente al Ayuntamiento de la capital y a Emmasa (Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife) en el que amenaza con retirar, por "incumplimientos claros y reiterados", la autorización de vertido al mar concedida en su día al Consistorio y con iniciar un procedimiento sancionador.

El Ejecutivo avisa de que incoará tal procedimiento si la Corporación local y Emmasa no ejecutan las actuaciones necesarias en la depuradora de Buenos Aires y en la estación de pretratamiento y bombeo de Cabo Llanos para adaptar el sistema de depuración y vertido a la legislación vigente. Asimismo, la Comunidad Autónoma advierte de que, en ningún caso, se admitirá como válido vincular estas actuaciones que se exigen a la posible licitación y ejecución por parte del Estado de la ampliación de la estación depuradora de Buenos Aires, que es lo que ha planteado el Consistorio chicharrero.

"El Ayuntamiento y Emmasa deben presentar un plan de etapas con el que se garantice, con independencia de quien lo financie, el cumplimiento en el plazo de tres años del tratamiento de forma secundaria de las aguas residuales que se vierten al mar a través de la estación de Cabo Llanos", sentencia el Gobierno, que da de plazo un mes para que la Corporación local y la empresa de aguas respondan.

En la actualidad, el sistema de tratamiento de las aguas residuales en el municipio pivota sobre dos instalaciones, la depuradora de Buenos Aires y la estación de bombeo de Cabo Llanos. La depuradora se encuentra emplazada a una cota de 100 metros, lo que hace necesario, respecto a las aguas de la zona baja de la ciudad, que se establezca un sistema de bombeo. Precisamente, es a la estación de Cabo Llanos donde llegarían las aguas procedentes de los colectores de la zona baja de la capital, incluidos los bombeos de los barrios de María Jiménez y Cueva Bermeja. Estas aguas son las que no pueden llegar a la depuradora de Buenos Aires y, por ello, la estación de Cabo Llanos tendría como función la realización de un pretratamiento y el posterior bombeo de estas aguas a la depuradora.

Sin embargo, y según se indica en los informes elaborados por los técnicos municipales para informar al Interventor de Emmasa y a raíz del expediente abierto por el Gobierno de Canarias, "la empresa del agua dice que en la actualidad no se produce ese bombeo a la depuradora porque esta no admitiría más caudal del que trata actualmente". Dicho caudal es de unos 23.293 metros cúbicos al día aportados por la parte alta de Santa Cruz (8.966), por La Laguna (12.603) y por El Rosario (1.724). Esto significa que se vierten al mar, en el muelle de La Hondura, unos 22.000 metros cúbicos diarios de aguas sin tratar, hechos que se están investigando en el Juzgado y por los que están imputados el exconcejal Norberto Plasencia y el edil de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, ambos de CC. La actual autorización de vertido permite unos 1.000 metros cúbicos al día.

El Gobierno de Canarias manifiesta en sus informes que cuando se concedió al Ayuntamiento el permiso para verter al mar se aseguró que se iba a bombear la mayor parte del caudal y que tan solo se iba a a verter por razones de "emergencia" o "aliviadero", pero "la realidad ha sido que se ha vertido la mayor parte del caudal".

El Consistorio y Emmasa, ante la apertura de este expediente, han presentado las alegaciones correspondientes y están a la espera de la respuesta del Ejecutivo canario, según ha informado Arteaga. El edil de Servicios Públicos indica que la empresa de aguas acometerá las acciones necesarias para mejorar el tratamiento en la estación de Cabo Llanos pero que deberá ser el Estado el que ejecute la ampliación de la depuradora, que supone una inversión de 21 millones.

Arteaga espera que la Comunidad Autónoma acepte las alegaciones presentadas por parte del Ayuntamiento y de Emmasa, porque el hecho de que se revoque la autorización de vertido al mar concedida al Consistorio en su momento supondría que los municipios de La Laguna y de El Rosario tendrían que verter sus aguas en los barrancos, "lo que provocaría importantes problemas sanitarios".

Sin embargo, los propios técnicos municipales no opinan lo mismo que el Gobierno local, formado por CC y PP, pues indican en sus informes que el Ayuntamiento debería exigir a Sacyr, socio mayoritario de Emmasa, que destine las inversiones que está obligado a realizar en el municipio "a corregir los problemas de legalidad que sufre Santa Cruz", en lugar de esperar a que el Estado ejecute la obra. El convenio de inversiones firmado entre el Consistorio y Sacyr en marzo de este año, "periodo en el que la empresa del agua está intervenida", sí incluye la ampliación de la desaladora pero no la mejora de la depuración. El concejal de Sí se puede, Pedro Fernández Arcila, que ha tenido acceso a todos los informes, denuncia que "parece que a Sacyr no le interesa resolver la depuración porque no le da beneficios, lo que sí ocurre con la desaladora".

Técnicos

Asimismo, los técnicos del área de Servicios Públicos, que dirige el concejal Dámaso Arteaga, han manifestado en sus informes que Emmasa ha mostrado una actitud "desleal" ante el Ayuntamiento, pues han presentado al Gobierno de Canarias un escrito sin consensuarlo con los funcionarios municipales y sin incluir lo que estos proponían, como el aumento del caudal de la depuradora, mejorar la estación de bombeo de Cabo Llanos o poner en funcionamiento una planta de tratamiento terciario que se instaló para tratar las aguas depuradas destinadas al riego de la zona del Palmétum.

Los técnicos proponen comunicar al Ejecutivo canario que el escrito presentado por Emmasa "no contempla todo lo que considera el Ayuntamiento y que este presentará, aunque sea fuera de plazo, otro escrito adaptado a los criterios y propuestas municipales, para lo que se debe contratar a una asesoría externa". "Dada la entidad técnica y jurídica del asunto que nos ocupa y las posibles consecuencias jurídicas para este Consistorio, se considera muy importante dar cuenta al servicio jurídico municipal del escrito presentada por Emmasa", añaden. Por su parte, el Gobierno local quiere dejar claro que asume como suyas las alegaciones planteadas por Emmasa.

Capacidad

Por otra parte, la Comunidad Autónoma también ha solicitado a la empresa del agua que emita un informe suficientemente motivado donde quede claramente demostrado que la depuradora de Buenos Aires es totalmente incapaz de depurar un caudal de agua superior a los 23.000 metros cúbicos al día tratados en la actualidad. En diferentes informes del Gobierno de Canarias se plantea la duda de la capacidad real de la depuradora, pues existen documentos en el que se establece que la capacidad podría ser de 40.000 e incluso de 90.000 metros cúbicos. El Ejecutivo canario establece que "es muy importante para los intereses municipales encargar un informe sobre la capacidad real de la actual depuradora de Buenos Aires a una entidad con la mayor cualificación y experiencia posible, que sea neutral y que no tenga relación con los entes involucrados".

El concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de la capital Pedro Fernández Arcila anunció ayer, tras conocer el contenido de estos informes, que su formación política se personará en las diligencias previas incoadas en el Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife en relación a este asunto, al vertido de aguas residuales al mar, "para que alguien defienda los intereses de los ciudadanos de este municipio". Asimismo, exigirá al Consistorio chicharrero que reclame a Sacyr Vallehermoso que destine las inversiones y el know how (transmisión de conocimientos) a resolver "este problema de legalidad en el municipio".

"El expediente iniciado por el Ejecutivo canario y todos los informes elaborados por los propios técnicos municipales ponen contra las cuerdas al Gobierno local formado por Coalición Canaria y el Partido Popular, así como al anterior, formado por CC y PSOE. Si no se toman medidas urgentes, la situación procesal de los imputados puede complicarse. Lo que ha quedado claro es que el Ayuntamiento y Emmasa están vertiendo agua al mar de manera ilegal", dice Arcila.

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