Enagás solicita permiso para hacer la regasificadora por 192 millones

La compañía confía en desbloquear la construcción durante el próximo ejercicio

26.07.2015 | 02:20
Obras del Puerto de Granadilla.

La compañía Enagás ha vuelto a pedir la autorización administrativa al Gobierno central para poder construir la regasificadora de Granadilla de Abona. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) paralizó el pasado mes de abril el proyecto al considerar que no se estudiaron los efectos que produciría la planta, junto al resto de instalaciones industriales que existen en la zona. Por este motivo, no solo anuló el permiso que concedió la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo en 2012, sino también la Declaración de Impacto Ambiental. Tras presentar el recurso contra este fallo, la empresa ha optado por adelantarse a la resolución del Tribunal Supremo y reiniciar el proceso con la intención de desbloquear las obras para el próximo ejercicio.

Enagás, la firma ahora titular de esta instalación tras comprar Gascan a comienzos de año por nueve millones de euros, solicita así esa autorización administrativa y el reconocimiento de la utilidad pública del proyecto, cuyo desarrollo supone una inversión de 191.948.406 euros. A esta cuantía, además, habría que sumar el resto de gastos relativos al desarrollo de las infraestructuras anexas y otro tipo de actuaciones. Tal y como publicó el Boletín Oficial del Estado el pasado jueves, la Subdelegación del Estado en Santa Cruz de Tenerife somete a información pública la petición de la compañía. Los interesados o afectados pueden examinar la documentación y presentar las alegaciones que consideren oportunas a lo largo de los próximos 30 días, a contar desde antes de ayer.

Sentencia recurrida

Según fuentes oficiales de la empresa, la sentencia del Contencioso Administrativo del TSJM ha sido recurrida ante el Supremo tanto por el Gobierno central como por la compañía pero, mientras espera ese segundo fallo, ha decidido volver a tramitar el proyecto, que ahora está "más enriquecido" y que ha sido desarrollado por Enagás. Con la intención de conseguir desbloquear la obra, lo que esperan que pase el próximo año, esas mismas fuentes señalaron que lo que se ha hecho es "hacer hincapié en las cosas más difuminadas" que recogía el Tribunal Superior en su dictamen.

Fue la Plataforma Ciudadana contra el Puerto Industrial de Granadilla la que acudió ante la Justicia con el objetivo de anular las resoluciones del Estado que daban vía libre a la ejecución de la planta. La Sala decidió paralizar la construcción al considerar que no contaba con un análisis de los riesgos que implica desarrollar este proyecto junto a las "actividades potencialmente peligrosas de la zona", especialmente la central térmica, que se encuentra a unos 400 metros de distancia. El Contencioso Administrativo incluso recuerda en su fallo de abril que el Gobierno de Canarias ya había avisado hacía 10 años de la necesidad de realizar un estudio sobre los impactos que produce con el resto de instalaciones industriales del Polígono de Granadilla pero, sin embargo, "no consta que la Declaración de Impacto Ambiental contenga un análisis independiente de los efectos y riesgos acumulativos o sinérgicos, lo cual implica una omisión especialmente relevante".

Ante esta valoración, el Tribunal advirtió de la necesidad de contar con dicha evaluación para fijar las condiciones necesarias "en el desarrollo en detalle y ejecución de la obra proyectada". Como el Contencioso aprecia la existencia "de una grave insuficiencia" en la Declaración, determina la importancia de completarla, ya que "puede condicionar el resultado de la decisión o, al menos, de las medidas y correcciones" a establecer para el desarrollo del proyecto. Eso es precisamente lo que ha intentado hacer Enagás en esta ocasión. Según fuentes de la compañía, lo que se ha hecho es aportar "más detalles" en esos ámbitos medioambientales que "no estaban claros" y la inclusión de técnicas "mejoradas", mientras que el desarrollo de la planta en sí "es igual" a la que se proyectó con anterioridad.

Por su parte, el abogado de Plataforma Ciudadana contra el Puerto Industrial de Granadilla, Isidro López, mostró su sorpresa al desconocer que el proyecto volvía a estar en información pública y detalló respecto a la vía judicial que el Supremo todavía estudia los recursos presentados por la compañía de gas y el Estado.

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