Icod de los Vinos

El Ayuntamiento debe pagar a diez empleados el sueldo que les recortó

El Tribunal Supremo ratifica la anulación de parte de la Relación de Puestos de Trabajo que el Gobierno local aprobó en el año 2010

21.07.2015 | 02:20

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso que el Ayuntamiento de Icod de Los Vinos interpuso contra la sentencia que el Tribunal Superior de Justicia de Canaria dictó en 2013 y que anulaba parcialmente la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que el propio Consistorio aprobó en 2010 como resultado de un recurso contencioso administrativo interpuesto por el Sindicato de Trabajadores en las Administraciones Públicas-Canarias (STAP). La ratificación del TS obliga al Ayuntamiento a pagar a una decena de empleados afectados por una discriminación de salario la cantidad correspondiente a las retribuciones que dejaron de percibir desde ese año.

La RPT del Consistorio de Icod de Los Vinos de 2010 fue aprobada durante el mandato del alcalde Diego Afonso (CC) y su concejal de personal Mercedes Vera con los votos a favor de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) y el apoyo de los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT) y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). Según asegura el delegado de la Sección Sindical del Ayuntamiento norteño, Justo Caridad, esta RPT salió adelante con numerosas irregularidades, entre las que destaca la modificación arbitraria de la valoración de los puestos de trabajo. "El Consistorio encargó a una empresa externa la realización de un informe para valorar objetivamente los puesto pero después lo modificó", detalla el delegado.

Fruto de esta alteración, y según sostiene el sindicato, una decena de empleados, con el mismo puesto de trabajo que otros, percibían un salario más bajo. En este sentido, la sentencia del TSJC, que ahora ratifica el TS, sostiene que "dos puestos iguales no pueden tener retribuciones distintas" y por lo tanto, apremia al Ayuntamiento icodense a pagar a los afectados la cantidad que dejaron de percibir desde el año 2010 hasta la actualidad. "Para nosotros se trata de la consecuencia más importante", añade Justo Caridad.

Otro de los aspectos destacados de esta sentencia es que anula todos los puestos de asesores de confianza porque considera que su creación no está justificada "al no tratarse de funciones de asesoramiento especial, sino de tareas ordinarias de la administración". Así, el Ayuntamiento de Icod también deberá ser indemnizado por los responsables del acuerdo con la cantidad gastada en asesores políticos. Una cifra que, según el delegado de la Sección Sindical, "es difícil de calcular". "Habría que tener en cuenta los puestos que se han mantenido durante los años y los sueldos que han recibido desde 2010 hasta la actualidad", puntualiza Caridad.

La sentencia hace hincapié en este tema y pone de manifiesto el uso irregular que los alcaldes vienen haciendo de esta figura apuntando que "el personal eventual no es un coto reservado para el favoritismo político y las prebendas personales".

Sin embargo, el Ayuntamiento aún no ha movido ficha. "El equipo de gobierno actual es quien se tiene que hacer cargo de estos pagos. Es algo que se hereda", explica el sindicato. Y por ahora, no lo ha hecho. "El auto se publicó hace unos meses y ya se ha pasado el plazo de ejecución voluntaria", explica Caridad. Por ello, en STAP ya han pedido al juzgado una ejecución forzado. "Estamos trabajando en ello", dijo.

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