Candelaria

Una sentencia anula el proceso abierto por Costas para derribar Bajo la Cuesta

El TSJC dicta que los expedientes de la Dirección estatal para recuperar el dominio público están caducados, pero añade que sus resoluciones son ajustadas a derecho

16.07.2015 | 13:21
Algunas de las viviendas de Bajo la Cuesta, en Candelaria.

Los vecinos de Bajo la Cuesta, en Candelaria, han vuelto a ganar tiempo, pero no la batalla. Sus viviendas están amenazadas desde 2010 por la orden de derribo de la Dirección General de Costas y durante estos años, encabezados por el abogado José Ortega, han abierto todas las vías posibles para intentar salvarlas. Con este empeño, han acudido a las diferentes instancias judiciales con el objetivo de demostrar que sus hogares no se encuentran dentro del dominio público marítimo-terrestre. Hasta el momento, sus esfuerzos han valido para mantenerlas en pie y, ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) les ha devuelto un rayo de esperanza al anular el procedimiento para demoler sus casas.

Los vecinos solicitaron a la Sala la nulidad de diversos expedientes abiertos por el órgano dependiente del Gobierno central "por la inadecuación del procedimiento por cuanto junto a la recuperación posesoria del dominio público se acuerda el derribo de las construcciones ilegales a costa de los recurrentes" y, además, por la "arbitrariedad e indefensión derivada de la denegación de las diligencias probatorias, en concreto, por no haberse procedido al replanteo del deslinde de 1969". Pero hubo un tercer punto pedido por los afectados: la "ubicación" de sus viviendas "entre la actual línea de deslinde de 2006 y la anterior, de 1969".

El fallo emitido el pasado 12 de junio les da la razón en parte. En los antecedentes de hecho, los magistrados exponen que, en diversas resoluciones del 6 de marzo y el 1 de abril de 2009, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar desestimó los recursos de alzada interpuestos por los residentes de Bajo la Cuesta contra las decisiones tomadas por la Demarcación de Costas de Santa Cruz de Tenerife a través de que las que se resolvieron los expedientes de recuperación posesoria frente a los vecinos. Un total de 17 afectados fueron los que representaron al núcleo, donde viven en la actualidad más de un centenar de personas, en la demanda puesta ante el TSJC.

La Sala, por un lado, dicta la caducidad de los expedientes y recuerda que el plazo para que esto ocurra es de tres meses. De esta forma, descarta el argumento que da el Estado sobre el hecho de que las alegaciones presentadas por los vecinos "se pudieran o no haber presentado dentro del plazo legal establecido". Así las cosas, el Tribunal dicta que las resoluciones se "anulan y revocan por caducidad de los expedientes", pero "sin perjuicio de que se lleven a cabo por la Administración nuevas actuaciones al respecto".

Los magistrados, sin embargo, rechazan la otra parte de la demanda que tiene que ver con el deslinde de 2006, que fija dentro del dominio público marítimo-terrestre a las viviendas. Así mismo lo considera el Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Santa Cruz de Tenerife. En su sentencia emitida este mismo mes, señala que las casas no solo están afectadas por la Ley de Costas, sino que además ve "evidente que no se ha acreditado" las edificaciones se insertaran "en una trama urbana" cuando comenzó a aplicarse esa normativa.

La juez civil basó su argumentación sobre todo en el fallo que la Audiencia Nacional emitió en 2008 sobre la delimitación del dominio, y así mismo lo hace el TSJC para justificar la desestimación del recurso presentado por los vecinos "por no haberse procedido al replanteo del deslinde de 1969".

El Tribunal extrae diversos párrafos del dictamen anterior y resalta que este y su opinión "son coincidentes", hasta el punto de manifestar "la conformidad a derecho" de las resoluciones de Costas pese a quedar anuladas. Entre los fragmentos que destaca de la Audiencia se encuentra el que determina que el límite de dominio público marítimo-terrestre aprobado en 2006 coincide con el de 1969, aunque apunta que el órgano estatal debe definir el espacio entre dos vértices en donde se encuentra la casa de uno de los vecinos. Hasta tanto, el Juzgado de Primera Instancia ya declara que su vivienda deja de estar afectada hasta que se revise y justifique ese punto.

De igual forma, recoge que el Gobierno central "justifica" los puntos que fueron tomados en consideración para el trazado de la línea de 1969 y que "no se ha producido retranqueo", además de que la berma a tener en cuenta "no es la actual", ya que el terreno ha sido alterado de forma artificial a raíz de las obras de la autopista del Sur, cuando se usaron los escombros para poder construir las viviendas.

Aunque los vecinos han ganado tiempo para evitar el derribo de Bajo la Cuesta, aún queda pendiente la orden de desalojo dictada por el Ayuntamiento de Candelaria a raíz de un informe que advierte del riesgo de desprendimientos.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook
Enlaces recomendados: Premios Cine