Santa Cruz

Los estibadores estudian presentar un recurso para recuperar sus dos edificios

Esta es la última oportunidad que tienen las empresas del puerto capitalino para recobrar sus inmuebles en la Avenida Anaga

16.07.2015 | 12:32
El edificio de la extinta OTP en la avenida de Anaga.

La Asociación de Estibadores del Puerto de Santa Cruz de Tenerife estudia presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo (TS) para recuperar los dos edificios que eran de su propiedad en la Avenida de Anaga antes de 1995 y que desde ese año pertenecen al Estado. El TS ha rechazado, una vez más, el último recurso que presentaron los estibadores para recobrar los edificios. Ahora, según expuso Luis Falcón, gerente de la asociación, "este recurso de amparo es la única opción que tenemos, la última oportunidad, para seguir luchando por lo que creemos que es nuestro".

Los dos edificios de esta larga batalla judicial que se inició en 2001 se encuentran en la Avenida de Anaga, aunque también tienen salida a la calle en La Marina. Se trata del edificio situado en la avenida de Anaga, número 27, y en calle La Marina, 20, y el que está en la Avenida Anaga en el número 29 y en La Marina, en el número 22. Uno de ellos tiene nueve alturas y el otro seis. "Lucharemos cuanto podamos y por eso estamos agotando todas las alternativas que nos quedan", remarcó Falcón. Aunque asumió que acatarán "cualquier decisión judicial que se pronuncie en firme", no dejarán de "luchar" mientras puedan hacerlo.

"Los edificios están valorados en torno a los 400 millones de euros", dijo Luis Falcón. Conscientes de que su ubicación es "perfecta" para desarrollar la labor de las empresas con actividad en el Puerto capitalino, entienden desde este colectivo el interés del Estado en conservar ambas propiedades. En la actualidad, el Estado ocupa en estos inmuebles sus oficinas de la inspección de trabajo, Extranjería, dependencias de cartografía del Ministerio de Fomento... "También nosotros ocupamos dos plantas y siempre hemos estado ahí, desde que ese edificio era nuestro", añadió.

Los hechos se remontan a la década de los 90 cuando el Estado emite una orden por la que asumía la propiedad de estos inmuebles. Este paso se produjo después de que quedara extinguida la Organización de Trabajos Portuario (OTP) de la capital tinerfeña y de cuya propiedad eran ambos inmuebles. Este colectivo fue sustituido por la Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba del Puerto de Tenerife (Sestife) que estableció un nuevo modelo de gestión basado en la creación de autoridades portuarias. Entre las funciones de la nueva organización se encontraba la prestación de los servicios de estiba y desestiba de buques, actividad que se transfirió al Estado. Asimismo, todo el patrimonio de la OTP pasó en ese momento a Sestife.

La Dirección General de Patrimonio del Estado entregó a la Autoridad Portuaria a finales de 1993 las propiedades en los servicios, convirtiéndose de este modo en su accionista mayoritario. En el año 2003 la estiba y desestiba dejó de tener carácter público y pasó a depender de la iniciativa privada, aunque siempre bajo la supervisión de la Autoridad Portuaria. Una orden ministerial del año 1995 que parece que nunca fue notificada a Sestife ni a Puertos dispuso la incorporación al patrimonio del Estado de los dos inmuebles que ahora protagonizan este litigio judicial.

Desde 2001, el caso ha recorrido todas las instancias jurídicas posibles hasta llegar en 2011 al Tribunal Constitucional, que ordenó reanudar el debate aunque el resultado ha sido siempre el mismo para la Autoridad Portuaria y para los estibadores. La razón para el Estado. El TS también ha fallado en varias ocasiones en su contra y a favor del Estado.

En ese instante, la asociación de empresas estibadoras, que eran minoritarias en Sestife, acudieron a los tribunales pidiendo la nulidad del acuerdo. Pese a todo ello, la Audiencia Nacional consideró que esta entidad no estaba legitimada para reivindicar la propiedad y la Autoridad Portuaria argumentó que en el momento del desalojo era accionista mayoritaria de Sestife y ocupaba ciertas dependencias en los edificios que protagonizan la disputa.

En estos momentos hay cinco empresarios que conforman la Asociación de Estibadores del Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Es decisión última de ellos presentar este recurso. "Nos reuniremos a lo largo de este mes para decidir qué hacemos", subrayó Luis Falcón. Aunque "todo apunta a que de nuevo obtendremos un no", asumió.

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