Santa Cruz

Seis negocios ocupan locales del Ayuntamiento sin pagar un alquiler

La Corporación local emprende acciones legales para regularizar una situación que se ha prolongado durante "muchos años"

15.07.2015 | 13:02
Algunos de los negocios que ocupan locales municipales, en Imeldo Serís.

Seis negocios de Santa Cruz de Tenerife están ocupando locales del Ayuntamiento sin pagar alquiler alguno, sin ningún título jurídico válido para ello y, además, desde hace muchos años. Son un tasca, una inmobiliaria, una tienda de puros, una relojería, un estanco y un bar situados en las calles Candelaria, Imeldo Serís y El Clavel.

Tras permitirse en anteriores mandatos dicha ocupación, el Consistorio capitalino, con el alcalde nacionalista José Manuel Bermúdez al frente, comenzó a enviar cartas a los responsables de estos negocios en 2013 para intentar regularizar la situación y poner fin a la competencia desleal hacia otros establecimientos de la zona, sin que se alcanzara acuerdo alguno. La Corporación, y según explicó ayer el concejal de Patrimonio, el nacionalista José Alberto Díaz-Estébanez, ha tenido ahora que emprender acciones legales, pues los ocupantes de estos locales se niegan a abandonarlos y ni siquiera "han permitido la entrada a los técnicos municipales para llevar a cabo la Inspección Técnica de Edificios (ITE)" en inmuebles que son propiedad del Ayuntamiento.

Es más, destacó el edil José Alberto Díaz-Estébanez, "en algún caso, los informes técnicos emitidos señalan que se debe impedir la ocupación del inmueble por razones de seguridad", debido al estado en el que se encuentran. Y es el propio Ayuntamiento el que está obligado a pasar la Inspección Técnica de Edificios de los mismos pues su titularidad es municipal.

El concejal de Patrimonio, a raíz de las declaraciones de Sí se puede sobre el supuesto desahucio de ciertos negocios en inmuebles pertenecientes al Consistorio, quiso dejar claro que "estas empresas ocupan unos locales que son de titularidad municipal desde hace bastantes años y, en muchos casos, lo han hecho sin pagar alquiler alguno, lo que además es una ilegalidad que debemos solventar cuanto antes".

José Alberto Díaz-Estébanez afirmó que esta decisión, lejos de perjudicarlo, refuerza al sector comercial tradicional, dándole seguridad jurídica y condiciones de igualdad. "Calificar este procedimiento como desahucio, en clave política y en las circunstancias actuales, no solo es irresponsable, sino casi un insulto a las familias que de verdad han sufrido este problema en sus viviendas por imposibilidad económica", afirma el también responsable de Infraestructuras y Vivienda en el Ayuntamiento.

El concejal indicó que ha recabado los informes oportunos de este procedimiento, en algunos casos iniciado hace varios años, que apuntan que la actuación no solo es correcta, sino imprescindible de acuerdo a la legalidad. "Tenemos el deber de regularizar y cumplir con la ley en este tema, y alejarnos de la demagogia. Para que lo entienda todo el mundo, se trata de empresas o negocios que obtienen unos beneficios por su labor pero que ocupan unos locales públicos y que, en muchos casos y por diversas circunstancias, ni siquiera pagan un alquiler", apuntó.

Además, el edil responsable del área de Patrimonio subrayó que "en ningún caso se trata de organizaciones no gubernamentales, asociaciones benéficas o personas sin recursos, sino tiendas o bares que, a pesar de habérselo pedido en multitud de ocasiones, no aportan ni un contrato de alquiler, ni los justificantes de haber abonado algo por el uso de estos locales".

Informes

Según consta en los informes, los expedientes solicitando información a los propietarios de los negocios se iniciaron hace varios años por parte de la sección de Patrimonio, determinándose que los empresarios los ocupaban "sin ningún título jurídico válido para ello". A partir de ese momento, se encargó una tasación de los locales para abordar la posibilidad de restablecer la legalidad y que los inquilinos pagaran un alquiler como posible paso intermedio a la recuperación de la posesión. Pero al parecer, indican fuentes municipales, esa vía tampoco fue aceptada y el Consistorio ha tenido ahora que emprender otras acciones legales para no incurrir en una posible responsabilidad patrimonial. Los informes apuntan que la actual situación, que se ha venido alargando desde hace muchos años, hace que estas empresas estén ejerciendo su actividad en algunos casos sin licencia e incumpliendo la normativa laboral.

El último episodio de este expediente se refiere a que muchos de los ocupantes de esos locales no han permitido la entrada a los técnicos municipales que tenían la obligación de hacer la Inspección Técnica de Edificios (ITE) que, como propietario de los mismos, debe hacer el propio Ayuntamiento.

El concejal de Patrimonio aclaró, ante las críticas realizadas por la formación política Sí se puede, que a lo largo de todo el procedimiento no se ha empleado en absoluto "un tono inadecuado" desde la administración hacia los interesados. "Muy al contrario, siempre se ha mantenido una actitud de buscar soluciones, eso sí, dentro del marco de la legalidad y sin agravios comparativos, en el ánimo de dar seguridad jurídica tanto a los comerciantes como al propio Ayuntamiento. Estos procedimientos, lejos de perjudicar al sector comercial, lo refuerzan y lo dinamizan, dándole seguridad jurídica a su situación, en lugar de buscar generar un alarmismo injustificado y demagógico, haciendo juicios de intenciones que no se corresponden con la realidad", concluyó Díaz-Estébanez.

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