Santa Cruz

Bermúdez declara en el Juzgado que Zerolo conocía la compraventa de la playa

El exalcalde ha basado su defensa en que no estuvo al tanto de la operación realizada por Urbanismo, pero el actual regidor admite ante la juez que esto "no es probable"

14.07.2015 | 16:25
Los nacionalistas José Manuel Bermúdez (i), alcalde de Santa Cruz, y Miguel Zerolo, exregidor en la capital.

El alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, ha roto por primera vez el silencio pactado en Coalición Canaria (CC) con respecto al caso de Las Teresitas, por el que están imputadas 13 personas, entre las que se encuentran los nacionalistas Miguel Zerolo y Manuel Parejo, exalcalde y exedil de Urbanismo. Lo hizo en el Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife, donde fue llamado a declarar en calidad de testigo y en donde ha dicho que "es posible pero no probable" que se llevara a cabo la compraventa de los terrenos de la playa y que "se dispusiese de un gasto tan elevado" –refiriéndose a los 52 millones que el Ayuntamiento pagó a la empresa Inversiones Las Teresitas en 2001– "sin conocimiento del alcalde", es decir, sin conocimiento de Zerolo. La declaración del actual regidor ha dejado sin argumentos a su excompañero de partido, quien ha basado buena parte de su defensa en que no estaba al tanto de la operación realizada por la Gerencia de Urbanismo.

Aunque la declaración del alcalde José Manuel Bermúdez, como testigo, se produjo en abril de 2014, es ahora cuando las partes personadas en este caso cuentan con ella, una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha entregado a la magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles Zabala Zanz, toda la documentación de la investigación realizada a Zerolo en la causa separada que se tramitó por su condición de senador. Y es que el exregidor de CC ya puede ser juzgado en la capital, junto a los otro 12 imputados, tras perder su condición de aforado al ser él mismo el que renunciara a su acta. En la declaración de José Manuel Bermúdez, a la que ha tenido acceso la opinión de tenerife, también se deja claro que el hecho de que la Gerencia Municipal de Urbanismo sea un organismo autónomo no significa que este pueda hacer lo que quiera. "Es el alcalde el que preside el citado organismo y está informado por el concejal de Urbanismo día a día", añadió.

En la causa penal de Las Teresitas se investiga la operación de compraventa de la playa chicharrera que se llevó a cabo hace ya 14 años, con la que el Ayuntamiento de la capital pagó a Inversiones Las Teresitas, empresa de Ignacio González y de Antonio Plasencia, más de 52 millones de euros por 11 parcelas de la playa, superando en más de 30 millones el valor fijado por la arquitecta municipal Pía Oramas, y a pesar de que supuestamente parte de los terrenos ya eran públicos. Precisamente, en este sentido, el actual alcalde, durante su declaración, admitió ante la juez que defiende la misma postura que el servicio jurídico del Consistorio, que es que la Corporación local tendría que haber pagado "una cantidad muy inferior a la que en principio se pagó". Asimismo, manifestó que le parece relevante el abono de 52 millones de euros, no solo por el importe, sino porque también se trata de un contrato público.

Además, José Manuel Bermúdez indicó ante la juez que desconoce por qué el Ayuntamiento de Santa Cruz en aquel momento descartó otras opciones, como la expropiación o el cambio de planeamiento, para evitar que se construyera en el frente de la playa, pues fue este el motivo que alegó en 2001 el entonces equipo de Gobierno, con Miguel Zerolo como alcalde, para proceder a la compra de las parcelas a la empresa Inversiones Las Teresitas . El actual alcalde ha dicho que él se fía de la solvencia de los técnicos y de los servicios jurídicos del Consistorio, aunque ha dejado claro que "solo puede responder de lo de ahora". Además de Zerolo y Parejo, de los exediles Emilio José Fresco, del PSOE, y José Emilio García Gómez, del PP, y de los empresarios Ignacio González, Antonio Plasencia, Pedro González y Carlos Plasencia, también se encuentran entre los imputados por el caso de Las Teresitas el exgerente de Urbanismo José Tomás Martín y los funcionarios Víctor Reyes, José Eugenio de Zárate Peraza de Ayala, Antonio Messía de Yraola y José Luis Roca. El regidor nacionalista ha reconocido que durante su mandato se han producido algunos cambios puntuales en relación a los funcionarios.

En su declaración, el regidor nacionalista admitió que le consta que parte de las parcelas compradas por el Ayuntamiento en 2001 "eran de dominio público marítimo terrestre", por lo que en estas no se podía construir, y también habló de que existen unos documentos que podrían probar que parte de los terrenos ya pertenecían al Consistorio. Recordó que en septiembre de 2013, los técnicos de Urbanismo y el entonces concejal responsable del área, José Ángel Martín, informaron del "encuentro casual" de la ficha de inventario y de la certificación de que la Junta de Compensación de Las Teresitas –órgano que aglutinaba a mucho de los propietarios de los terrenos de la playa – no había abonado la totalidad de lo que se establecía en la escritura de cesión de parcelas del 67 y del convenio posterior del 86. Por lo tanto, la Junta podría haber vendido a Inversiones Las Teresitas unos terrenos que aún seguían inscritas a favor del Consistorio, y que luego la Corporación local volvió a comprar a dicha empresa. Además, Bermúdez ha dicho que la deuda pendiente por parte de la Junta, de 11 millones, aún no ha prescrito, según le han indicado los servicios jurídicos.

Ante las preguntas del Ministerio Fiscal, el actual alcalde también apuntó que cree recordar que la parcela donde está situada la batería militar es la que se adjudicó de forma gratuita y que la abogacía del Estado ha interpuesto una demanda contra el Ayuntamiento por considerar la anterior parcela de dominio público y por tanto, expropiable. Por último, Bermúdez defendió que se tiene que devolver al Ayuntamiento todo lo que se pagó a Inversiones Las Teresitas más los intereses. Precisamente, en el escrito de acusación presentado por el Consistorio chicharrero ante el Juzgado, y que la opinión de tenerife hizo público el pasado viernes, la Corporación local exige una indemnización de 82 millones de euros, la cual debe ser asumida por los imputados y también por la empresa Inversiones Las Teresitas y por las promotoras Punta Larga y La Victoria.

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