La amenaza de derribo se cierne sobre Bajo la Cuesta tras una nueva sentencia

El Juzgado de Primera Instancia concluye que el núcleo está en dominio público y que no formaba una trama urbana cuando entró en vigor la Ley de Costas de 1988

14.07.2015 | 02:20
Panorámica de Bajo la Cuesta y algunas de sus viviendas.

El Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Santa Cruz de Tenerife ratifica que las viviendas de Bajo la Cuesta, en Candelaria, están en dominio público marítimo-terrestre. Los vecinos que residen en este núcleo costero luchan desde hace casi una década por mantener en pie sus hogares y durante todo este tiempo han abierto todas las puertas posibles para intentar salvarlos. Tras años de esfuerzos, ahora vuelve a cernirse sobre ellos la amenaza de derribo ante la sentencia emitida este mismo mes. Según el fallo de la Sala, las casas no solo están afectadas por la Ley de Costas, sino que además han sido construidas "contra la propia clasificación y calificación del suelo, pues en los sucesivos instrumentos de planeamiento la zona aparece como no apta para edificar".

Ante el dictamen, el abogado encargado de defender a los afectados durante toda esta etapa, José Ortega, se mostró tranquilo ayer ante la posibilidad de que el Estado retome el asunto para tirar los inmuebles, como ya hizo con Cho Vito en 2012, en el mismo municipio. Entre otros motivos por los que ve improbable que el Gobierno central actúe a corto plazo, mencionó su intención de interponer el correspondiente recurso de apelación ya que, entre otras cosas, señaló que el principal "reproche" que hace al fallo es que "se olvida de valorar el principal argumento de la demanda, que es que el deslinde de 1969 fijaba el dominio público por el borde de la marea alta y los ingenieros de Costas lo han establecido hasta 30 metros por encima de esa marea alta".

El Juzgado de Primera Instancia centra su argumentación en base a la sentencia de la Audiencia Nacional de 2008 relativa al deslinde. Tal y como ya se indicó en ese fallo, la Sala declara que una parte del deslinde no está oportunamente justificado y que, por este motivo, una de las viviendas de los 11 demandantes pasa a estar fuera del dominio público, pero solo hasta que el Gobierno central "vuelva a definir en este punto la demarcación de la zona" para determinar qué espacio es de su titularidad. De esta forma, no corren la misma suerte los otros 10 vecinos que decidieron acudir ante el juez civil, ya que absuelve al Estado "del resto de pedimentos" por considerar que las fincas están integradas en su territorio.

De la sentencia de este mismo mes se desprende que todos los residentes de este barrio que se personaron, menos uno, cuentan con los títulos de propiedad de los terrenos que reclaman, pero el fallo añade que las inscripciones no comprenden "en todos los casos las viviendas o edificaciones construidas en las parcelas". Es más, apunta que "ninguna de las declaraciones de obra nueva de las edificaciones levantadas es anterior al 29 de julio de 1988", fecha en la que entró en vigor la Ley de Costas. Según recuerda, fue la orden ministerial de mayo de 2006 la que aprobó el deslinde de los bienes de dominio público en la zona entre Cho Vito y Barranco Hondo, donde se encuentra el núcleo de Bajo la Cuesta. De igual forma, el Juzgado de Primera Instancia menciona que la Audiencia ya sentenció que esa demarcación coincide en algunos de sus vértices con la que se hizo en 1969 "sin que la parte recurrente haya aportado ninguna prueba" de la que se deduzca que no sea real, mientras que la Dirección General de Costas, dependiente del Estado, fijó el resto de puntos de acuerdo a las condiciones naturales, aunque sin olvidar en su resolución la admisión de la impugnación de dos vértices al considerar que no están justificados. Y es ese trazado de acuerdo a las características naturales lo que se convierte en un punto clave para el Tribunal.

En su sentencia del día 8, el Juzgado indica que Bajo la Cuesta "no parece responder a una traza urbanística previamente planeada", sino más bien que es el resultado de construcciones "espontáneas" sin tener en cuenta las determinaciones de construcción de cada momento, "de ahí que las edificaciones hayan sido levantadas al margen de la implantación de los debidos servicios urbanos", como agua, luz y alcantarillado.

Si existía la posibilidad de que los pueblos afectados por la Ley de Costas pudieran legalizar su situación siempre y cuando demostraran que su carácter urbano data de antes de 1988, cuando entró en vigor la norma, el Juzgado de Primera Instancia también cierra esta puerta a Bajo la Cuesta. De acuerdo a su fallo, "es evidente que no se ha acreditado" que cuando comenzó a aplicarse la Ley el barrio "se insertara en una trama urbana" o que esos servicios "resultaran suficientes".

Tal y como argumenta, este barrio fue levantado "contra la propia clasificación y calificación del suelo", ya que en los planeamientos posteriores "la zona aparece como no apta para edificar". Un informe de la Consejería de Medio Ambiente de 2007, de hecho, recoge que en el momento en que empezó a aplicarse la Ley de Costas "tenía la consideración de suelo rústico exterior".

El Juzgado detalla que incluso en la aprobación del Plan General de 2007 el área se clasificaba como suelo rústico de protección litoral, pero esta consideración "no hubiera sido posible si se reunieran los requisitos para ser considerados los terrenos como suelo urbano", ya que se trata del ejercicio de una "decisión reglada". "Es más, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias deja sentado que en ningún momento previo a la entrada en vigor de la Ley de Costas este área tuvo legalmente la consideración de suelo urbano", resalta.
En este punto, el abogado José Ortega dejó claro ayer que, en su opinión, este dictamen sugiere que la juez "no ha entendido el sentido del pleito porque lo que se discute en nada tiene que ver con la posible anchura de la servidumbre de protección, que es en lo que este punto resuelve la sentencia". El letrado, además, defendió que otro de las cuestiones que revelan que la calidad del fallo "está bajo mínimos" es que "uno de sus pasajes donde reconoce que había berma natural se contradice" en otros puntos en los que "entiende que esa berma nunca existió".

Ahí es donde entran las condiciones naturales para delimitar el terreno. El Juzgado señala que es la ampliación de la berma lo que ha alterado en qué punto rompe el oleaje, una de las condiciones para determinar el dominio público, pero advierte de que de igual forma debe establecerse ese punto de acuerdo a su movimiento natural y no en función de la alteración artificial que presentan los terrenos. La juez señala que a raíz de las fotografías de 1962 y de 1969 (año en que se aprobó el deslinde anterior) no existían las viviendas ni la plataforma que en la actualidad les da frente, por lo que la delimitación de aquella ocasión se situaba por detrás de las edificaciones, pues "carece de toda lógica negar que el oleaje llegaba mucho más al interior, cuando no se había ejecutado la plataforma de relleno en la que se asentaron las viviendas.

Según apunta, las edificaciones fueron construidas con posterioridad a las obras de la autopista y, de hecho, se asentaron sobre los rellenos generados por estos trabajos, lo que también significa que se levantaron "con posterioridad a la aprobación del deslinde de 1969, como atestiguan las fotografías aéreas de Grafcan y las afirmaciones contenidas en el informe de los arquitectos del Estudio Luengo", obrante en autos y el que también recoge que la zona no cuenta con red de saneamiento y que tampoco puede asumirse que el núcleo estuviera clasificado en suelo urbano por las normas subsidiarias de 1987.

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