Santa Úrsula

La Justicia ve indicios de delito para sentar en el banquillo a la exalcaldesa

Milagros Pérez y su socio de Gobierno en el anterior mandato, Víctor Hernández, están imputados por aprobar más de una veintena de presuntos contratos ilegales

10.07.2015 | 02:20
La exalcaldesa de Santa Úrsula, Milagros Pérez.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de La Orotava ve indicios de delito para sentar en el banquillo a la alcaldesa de Santa Úrsula en el anterior mandato, Milagros Pérez, y a su socio de Gobierno de aquel entonces, el socialista Víctor Hernández. Tal y como adelantó Mírame TV, en el auto emitido a principios de mes se declara abierto el procedimiento abreviado para que posteriormente las acusaciones pública y particular soliciten la apertura de juicio contra ambos. Los dos están imputados por prevaricación porque "verificaron" más de 20 contrataciones entre 2011 y 2013 prescindiendo presuntamente "de los trámites de obligada observancia".

Una vez culminada la instrucción, la juez da un plazo de 10 días para que la Fiscalía Provincial y la otra parte denunciante presenten sus respectivos escritos de acusación con el fin de que se celebre la vista oral contra la antigua regidora y el exprimer teniente de alcalde.

Tanto la actual cabeza de lista del Partido Popular en Santa Úrsula como el socialista, ahora en la oposición, fueron denunciados por la Fiscalía en 2012 por esos hechos que pueden ser constitutivos de un presunto delito de prevaricación. En su escrito, el Ministerio Público manifestó que "aparecen indicios suficientes para determinar que cada uno de estos actos de contratación fueron injustos y arbitrarios".

"Arbitrariedad que no radica en la decisión misma de cubrir determinadas plazas, sino en hacerlo prescindiendo absolutamente de los trámites de obligatoria observancia previstos".

Ante la documentación estudiada, "se aprecia una secuencia de actuaciones y no un simple incumplimiento ocasional de alguna exigencia legal, puesto que se actuó no solo con desentendimiento de todas ellas, sino utilizando un mecanismo no adecuado, actuando con un criterio opaco allí donde el orden jurídico imponía el máximo de objetividad y transparencia, en garantía de la calidad de la elección y la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público". A estas observaciones la acusación pública también sumó el hecho de que los órganos de control del Ayuntamiento, Secretaría e Intervención, realizaron las advertencias oportunas en todas esas contrataciones analizadas.

Ahora, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 señala que, tras las diligencias llevadas a cabo, se desprende "a nivel indiciario" que tanto Milagros Pérez como Víctor Hernández actuaron "con conocimiento y a sabiendas". Explica en su auto que los dos imputados, "presuntamente y prevaliéndose de los cargos ostentados en el Ayuntamiento de Santa Úrsula como alcaldesa y teniente de alcalde, verificaron diversas contrataciones entre 2011, 2012 y 2013 prescindiendo de los trámites de obligatoria observancia. Todas esos empleos fueron otorgados sin supuestamente respetar la ley y algunos beneficiarios, según Mírame TV, estaban vinculados a los partidos políticos que representan los dos imputados.

Para incorporar a esas personas en el Ayuntamiento, la juez apunta que parece que la exregidora y su socio se saltaron "los principios de mérito y capacidad así como la normativa específica que impone para la contratación convocatoria pública y concurso o concurso-oposición con arreglo a los principios de publicidad, mérito, capacidad e igualdad".

La juez advierte que, en definitiva, los dos prescindieron "del proceso selectivo legalmente establecido, sobre todo, al tratarse de servicios que se prestaban de forma continuada por medio de contratos administrativos y sin que las plazas cubiertas aparecieran reflejadas en la oferta de empleo público como vacantes". De esta forma, al emplearlos mediante esos contratos de servicios, eludieron presuntamente "la aplicación de los procesos selectivos que legalmente correspondían" y ambos "verificaron" la contratación administrativa de forma "irregular con conocimiento y a sabiendas de dichas circunstancias", añade en el auto.

Vinculaciones

Según Mírame TV, la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil detectó vinculaciones entre algunos de los beneficiarios de estos empleos. La Fiscalía Provincial se detiene en su denuncia en las funciones que desempeñaron siete personas que trabajaron en la Corporación local a través de una empresa de trabajo temporal.

Uno de los investigados reconoció en su declaración ante la Guardia Civil que conoce "de mucho tiempo atrás" a Juan Jorge Afonso, el concejal de Personal de principios del anterior mandato, y que en la actualidad reside en "uno de los pisos de alquiler" del concejal, con el que dijo tener una relación de "tipo personal". Reconoció, además que su contratación en el Consistorio norteño se produjo "en agradecimiento a su colaboración por la ayuda que prestó durante la campaña [electoral] del PP".

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