La Laguna

Las deudas del Mercado de San Pablo se saldan con una nueva orden de desahucio

Su promotor se enfrenta a una querella penal por estafa y podría ser condenado a 15 años de prisión

09.07.2015 | 12:52
Imagen del interior del mercado gourmet el día de su inauguración, el pasado 27 de octubre.

Una nueva orden judicial de desahucio pesa sobre el Mercado de San Pablo. La primera fue salvada in extremis por su promotor, el empresario tinerfeño Pablo Montesinos, en julio del año pasado, antes incluso de que la recova fuera inaugurada. Esta vez, la familia Borrella, propietaria de la casona del siglo XVIII en la calle Herradores que ocupa este negocio gourmet, ha vuelto a denunciarlo por el impago del alquiler durante varios meses. La ejecución del desalojo se producirá en septiembre si Montesinos no abandona el local antes.

El Mercado permanece cerrado al público desde el pasado 6 de abril, apenas cinco meses después de su inauguración. El suministro eléctrico del establecimiento fue cortado ese día por el impago del servicio. Eso coincidió, además, con la orden de paralización de la actividad emitida por la Gerencia de Urbanismo, después de que sus inspectores comprobaran que el negocio no cumplía con una docena de requisitos de la licencia comercial.

Pablo Montesinos se enfrenta a más de una docena de causas judicial por las deudas que acumula su empresa. Entre los demandantes se encuentran operadores de los puestos, los proveedores que trabajaron en el diseño del local y que proporcionaron el equipamiento de su interior. Otros reconocen que han optado por no invertir en un proceso judicial porque Bezanilla, la empresa que creó Montesinos para gestionar el Mercado, es insolvente, ya que su único patrimonio es una camioneta Montero y un iPhone. No obstante, sus socios han presentado una querella penal por presunta estafa, administración fraudulenta y desleal, apropiación indebida y falsedad documental –por supuestamente amañar la contabilidad–. Según explicó Miguel Ángel Hernández, abogado del principal socio de Montesinos, la querella se tramita en el Juzgado de Instrucción número 1 de La Laguna y si fuera condenado por todos los delitos el empresario podría pasar 15 años en prisión.

De acuerdo con las estimaciones de sus socios, las deudas que podría acumular la empresa, de la que Pablo Montesinos es administrador único, por el impago del agua, la luz, las facturas de los proveedores, las cuotas de la Seguridad Social y Hacienda y los salarios de los empleados podrían rondar los dos millones de euros. "Lo que quieren sus socios es que dé un paso al costado para poder seguir adelante con este proyecto del que tantas familias dependen", recalcó Hernández.

El cierre de la recova ha afectado a alrededor de 40 familias, entre las que gestionaban sus 35 puestos y las que se echaron atrás a última hora después de pagar el canon inicial, que iba de los 7.500 hasta los 12.500 euros por cada puesto en función de su ubicación y superficie.

Juan Antonio Hernández es uno de los emprendedores afectados. Invirtió todos sus ahorros para montar con su esposa un puesto de productos alemanes. "Después de casi dos años de penurias nos vimos sin ingresos, cargados de deudas y con un bebé de siete meses", confesó al recordar cómo vivió la clausura del local. Asegura que, como él, la mayoría de los operadores de los puestos han quedado en una situación "dramática". "Hay gente limpiando jardines, conduciendo taxis o haciendo lo que sea", afirma.

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