Santa Cruz

Zerolo ya puede ser juzgado en la capital por la causa de Las Teresitas

El Tribunal Superior entrega la investigación del exalcalde a la juez de Instrucción número 1

09.07.2015 | 00:46

El exalcalde nacionalista del municipio chicharrero Miguel Zerolo ya puede ser juzgado en la capital por la operación de compraventa de Las Teresitas realizada hace ya 14 años, con la que el Ayuntamiento pagó a la empresa de Ignacio González y de Antonio Plasencia más de 52 millones de euros por 11 parcelas de la playa, superando en más de 30 millones el valor fijado por la arquitecta municipal Pía Oramas. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) acaba de entregar a la magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles Zabala Sanz, toda la documentación de la investigación realizada al exregidor de CC en la causa separada que se tramitó por su condición de senador. En un auto, notificado el 3 de julio, al que ha tenido acceso la opinión de tenerife, se dan 10 días a las partes personadas y al Ministerio Fiscal para que puedan tener acceso a toda la documentación sobre la imputación de Zerolo.

La causa del exalcalde por las supuestas irregularidades que habría cometido en la operación de compraventa de la playa se separó de la del resto de imputados, 12 personas más entre exediles, empresarios y técnicos municipales, por su condición de senador de CC. Esta comenzó a instruirse en el Tribunal Supremo (TS). Zerolo decidió renunciar a su acta después de que, en julio de 2014, una sentencia del TS le condenara a ocho años de inhabilitación por las irregularidades que cometió desde 2003 para convertir el antiguo Instituto de Enseñanza Secundaria García Cabrera en unas oficinas municipales. La renuncia entró en vigor el 31 de diciembre de 2014. En enero del presente año, y una vez perdida su condición de aforado, el Supremo devolvió al TSJC dicha causa separada.

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias acordó la inhibición al Juzgado de Instrucción número 1 de Santa Cruz de Tenerife, donde se investigan también las otras 12 imputaciones, por estimar que "este Juzgado es el competente para conocer la causa" de Zerolo. La magistrada de Instrucción número 1 ha aceptado la inhibición planteada por el TSJC, según se establece en el auto al que ha tenido acceso este periódico y que ha sido notificado a las partes personadas en estos días.

Entre la documentación que se ha entregado se encuentra una pieza separada de dicha causa consistente en "exhorto tramitado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife que incluye la declaración del también nacionalista José Manuel Bermúdez, actual alcalde de la capital, y de José Ángel Martín Bethencourt, exconcejal de Urbanismo en el anterior mandato.

En el auto del Juzgado de Instrucción número 1 notificado el 3 de julio, con el que la causa separada de Zerolo llega a la capital, también se rechaza la petición que realiza el propio exalcalde para que la exarquitecta municipal, Pía Oramas, vuelva a declarar. Esta ya lo hizo en octubre de 2007, cuando aseguró haber recibido presiones sistemáticas de sus jefes para avalar la tasación de los terrenos de la playa que ellos impusieron, de 52 millones de euros, sin que ninguno le explicase por qué obviaron su informe, en el que se establecía que el precio de las parcelas era de 19 millones, 33 millones menos de lo que finalmente pagó el Consistorio a la empresa Inversiones Las Teresitas, formada por Ignacio González y Antonio Plasencia.

En el auto también se informa de que se tienen por designados y personados a la procuradora Raquel Guerra López y a los letrados Agustín Azparren y Jorge Muñoz para la representación procesal y dirección legal de Zerolo, "con objeto de ejercer la defensa en la presente causa y con quienes se entenderán las sucesivas diligencias". El siguiente paso del Juzgado de Instrucción número 1 será dar vía libre para que el Ministerio Fiscal y las partes personadas presenten el escrito de acusación correspondiente contra el exalcalde de Santa Cruz y soliciten la apertura del juicio oral. Esto ya ha ocurrido, en concreto en marzo, con el resto de imputados.

La Fiscalía, en cuyo escrito también indica que parte de los terrenos adquiridos ya pertenecían al Consistorio y que parte del suelo se encontraba en el deslinde de Costas, pide ocho años de cárcel para el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, de CC, ya condenado a tres años de prisión por el caso mamotreto. También exige cuatro años de cárcel para el resto de los imputados, los exediles Emilio José Fresco, del PSOE, y José Emilio García Gómez, del PP; el exgerente de Urbanismo José Tomás Martín; los funcionarios Víctor Reyes, José Eugenio de Zárate Peraza de Ayala, Antonio Messía de Yraola y José Luis Roca; y los empresarios Ignacio González Martín, Pedro González Santiago, Antonio Plasencia Santos y Carlos Plasencia Romero. Asimismo, pide que los 12 acusados indemnicen al Ayuntamiento en la cantidad de 39,4 millones de euros.

Por su parte, la acusación pública en el caso de Las Teresitas, que ejerce la Asociación Justicia y Sociedad, a través del abogado José Pérez Ventura, y la acusación que ejercen varios vecinos afectados, a través del letrado Felipe Campos, solicitan entre ocho y cinco años de prisión para los 12 imputados. Ahora falta conocer, una vez que la causa de Miguel Zerolo ya puede ser tramitada en la capital, cuántos años piden la Fiscalía y las partes personadas para el exalcalde nacionalista de Santa Cruz.

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