El IASS adjudicó las obras del Hospital del Sur con dos informes desfavorables

La Intervención y la Secretaría denuncian que la falta de tiempo y de documentación les impidió evaluar las últimas actuaciones en el centro y plantean dudas sobre su legalidad

05.07.2015 | 02:58

El Instituto de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife (IASS), dependiente del Cabildo, adjudicó las últimas obras del Hospital del Sur, por valor de 6.170.049 euros, para adaptar el centro a un uso hospitalario sin que la Intervención y la Secretaría pudieran llevar a cabo la fiscalización previa que marca la ley. Aunque sus informes son preceptivos, en diciembre de 2013, ambos órganos de control advirtieron de que la documentación aportada estaba incompleta y no fue entregada con suficiente margen de tiempo para evaluar el procedimiento. Pese a no poder analizar el expediente en profundidad, dejaron por escrito su posición desfavorable y plantearon dudas sobre la legalidad del contrato.

El presidente del IASS, Miguel Ángel Pérez, firmó el 19 de diciembre de 2013 la propuesta del Modificado III del Complejo Hospitalario y Sociosanitario del Sur de Tenerife y CAE anejo. Fue aprobada en la sesión extraordinaria solo cinco días después con el objetivo de transformar el centro sociosanitario en instalación sanitaria y así poder abrir los primeros servicios hospitalarios. La redacción del proyecto y la dirección facultativa de la obra fue adjudicada, en octubre de 2013, de forma directa por 96.300 euros a la entidad Artengo Domínguez Anadón y Asociados SL, estudio de arquitectura que ya se había encargado del diseño para construir la edificación.

La propuesta del IASS también planteaba otorgar la ejecución de estos trabajos a Hospital del Sur UTE –formada por las empresas FCC Construcción SA, Corsan-Corvian Construcción y Syocsa-Inarsa SA–, que de igual forma había hecho la obra desde su comienzo. El IASS otorgó en 2005 la edificación del complejo por 31.269.859 euros, pero con la adjudicación del Modificado III, la inversión alcanzó los 37.520.830, lo que supone un incremento respecto al proyecto original de un 19,9%, aunque la obra aún no ha sido liquidada.

Al ser un expediente iniciado en 2005, se le aplica la normativa anterior a la Ley 2/2011 de Economía Sostenible, donde se fija en un máximo de un 20% la desviación presupuestaria que puede sufrir un contrato desde su comienzo, por lo que el precio no puede superar ese porcentaje cuando finalice.

Intervención

En el caso de la Intervención delegada, en su informe de 20 de diciembre de 2013, alerta de que la propuesta para aprobar el Modificado III y otorgarle el proyecto a la UTE le llegó "a última hora" del día 19, un jueves. Con el expediente iba el Orden del Día del Consejo Rector a celebrar en una sesión extraordinaria el lunes, donde se recogía la propuesta firmada por Miguel Ángel Pérez. Al día siguiente de recibirla, el viernes, el interventor advierte, por su parte, de que, "como ha venido sucediendo en los últimos meses", este asunto ha tenido entrada en esta dependencia "a menos de dos días hábiles de la sesión extraordinaria, sin que se haya cumplido el plazo mínimo legalmente estipulado para poder emitir informe sobre su contenido, al menos con el rigor suficiente que merecía". Una práctica que, según expone, pasa a ser habitual.

Avisa, de igual forma, de que en la documentación presentada no se adjunta ejemplar del Modificado III, algo "esencial a la hora de poder determinar si realmente se trata de un proyecto modificado o de una obra nueva, si se incluye en este alguna alteración sustancial sobre las obras inicialmente contratadas o si su contenido reúne o no los requisitos legalmente exigibles para su toma en consideración". Por este motivo, a la Intervención le resulta "imposible" llevar a cabo "la fiscalización correspondiente y preceptiva", por lo que deja por escrito su "pronunciamiento desfavorable" al contrato.

Además de la falta de tiempo y documentación, el órgano de control manifiesta sus dudas sobre la adjudicación directa a la UTE, ya que desconoce si el Modificado III "afectaría o no a alguna condición esencial de la licitación". Recuerda que las obras estuvieron suspendidas durante unos tres años, lo que llevó a las constructoras a solicitar la resolución contractual y pedir una indemnización de más de 1,6 millones. Según el informe del 20 de diciembre, este hecho pudo haber alterado las condiciones socioeconómicas que influyeron en su día en el proceso licitatorio o, en consecuencia, "la posible afectación de los principios de igualdad de trato, no discriminación y transparencia en la ejecución de un contrato público por parte de los poderes adjudicadores, aspectos estos sobre los que deberán pronunciarse los servicios jurídicos del IASS".

El interventor también cuestiona que el cambio de uso del edificio pueda provocar el incumplimiento del requisito "que hace referencia al apartado segundo del artículo 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales".

En cuanto a la imposibilidad de estudiar el material "con un mínimo de detenimiento", el órgano de control insiste en que no contar con toda la información necesaria "impide enjuiciar tanto la procedencia o no de la aprobación del Modificado", que exige autorización de un gasto de carácter plurianual y que podría desviarse del objetivo inicial del contrato, "como su propia financiación, que según tenemos entendido se hará íntegramente por la Comunidad Autónoma".

También advierte de que, tal y como "se desprende del informe emitido por la Unidad Orgánica de Planificación, Evaluación y Sistemas de Información con fecha del 18 de diciembre", el día anterior a que se remitiera la propuesta a Intervención, el proyecto presentado por Artengo, Domínguez Anadón y Asociados "carecía de la totalidad de la documentación exigida en los puntos tercero y quinto del pliego de prescripciones técnicas, sin que conste en el expediente remitido que dicha anomalía ha sido subsanada". Con todo esto, el interventor hace constar "la ausencia de fiscalización previa del expediente".

Secretaría

En similares términos se expresa la secretaria del Instituto en su escrito, emitido el mismo viernes 20 de diciembre de 2013. En él manifestó que la documentación para llevar a cabo el informe de fiscalización se presentó sin contar "ni con todos los elementos de juicio ni con un plazo razonable de tiempo para el estudio en profundidad".

Recuerda que este proceso trae consigo la aceptación por parte del IASS del encargo del Servicio Canario de Salud (SCS) –dependiente del Gobierno regional– de llevar a cabo la contratación de la redacción del proyecto a fin de reanudar la ejecución y permitir un "aprovechamiento sanitario del edificio sociosanitario". Aunque el presidente del organismo justifica la modificación del contrato en que la actuación es de "interés público", ya que el Ejecutivo autónomo reconoce "falta de crédito" y plantea el uso compartido de esas instalaciones entre el SCS y el Cabildo, para la Secretaría resulta de "difícil encaje" el motivo que se da para el Modificado III.

Subraya, de hecho, que con la defensa de esa escasez de dinero "no quedaría justificado que su finalización parcial pueda articularse en la forma prevista con una nueva modificación del contrato inicial".

Pese a las advertencias tanto de la Secretaría como de la Intervención, el Consejo Rector aprobó tres días después (el 23 de diciembre de 2013) el proyecto, el levantamiento de la suspensión de las obras y la desestimación de la solicitud de resolución del contrato pedida por la UTE a raíz de esa última situación. Así, este órgano colegiado, donde estaban presentes representantes de las tres fuerzas políticas que componían el Cabildo en el anterior mandato (CC, PSOE y PP), dio luz verde a la adjudicación del Modificado III por 6,17 millones.

El acta de esa sesión extraordinaria, prácticamente igual a la propuesta hecha por el presidente saliente, no recoge la opinión negativa de ninguno de los dos órganos de control, sino que, por el contrario, la secretaria afirma en el punto sexto de los fundamentos de derecho que "han sido emitidos los preceptivos informes previos de la Secretaría e Intervención delegadas".

El presidente del IASS de ese momento, el socialista Miguel Ángel Pérez, defiende que la prisa para sacar adelante las obras se debió a que si no, se perdía la partida procedente del Gobierno canario, ya que su presupuesto se cerraba en diciembre y entonces el Instituto se quedaría sin la primera aportación anual para la actuación, de 2.903.700 euros. Recuerda, de igual forma, que la secretaria manifestó en la sesión del Consejo Rector que estaban los informes preceptivos, además de que no consta que el interventor manifestara una postura contraria.

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