Candelaria

El Consistorio ordenó el desalojo de Bajo la Cuesta sin analizar el talúd

Un ingeniero de Camino advierte que el estudio encargado por el Ayuntamiento es "estadístico" y no recoge ensayos ni pruebas

02.07.2015 | 00:30
Un vehículo transita por Bajo la Cuesta.

"El estudio geológico-geotécnico ha obtenido valores de cohesión y rozamiento interno de forma teórica-estadística". Esta es una de las observaciones que ha hecho el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Juan Jesús Cabrera sobre el informe encargado por el Ayuntamiento de Candelaria para evaluar el estado del talud de Bajo la Cuesta. Según el documento municipal, en este barrio existe riesgo de desprendimientos, lo que ha llevado a la Alcaldía a firmar un decreto de desalojo para los vecinos que residen en esta zona. Ellos, sin embargo, han optado por contratar los servicios de este experto, quien manifiesta que en el documento en el que se respalda la Corporación local no consta que se hayan realizado "ensayos ni pruebas de laboratorio".

Entre sus conclusiones, manifiesta que el estudio geológico-geotécnico es "correcto" y, además, "acorde con sus propias limitaciones", porque especifica que se trata de un análisis "estadístico y teórico". De igual forma, insiste en que como no se han llevado a cabo ensayos ni pruebas de laboratorio, señala que le es imposible "definirse si el resultado y conclusiones dadas son acertadas o no", ya que es "básico en cualquier documento científico aportar datos objetivos para que pueda reproducirse los procedimientos realizados por un tercero, y se puede ratificar o refutar los resultados allí expresados".

Para Juan Jesús Cabrera, ese estudio se basa en la apreciación y, por tanto, "por muy cualificada que sea, se hace imposible que otro técnico pueda definirse al respecto". Ante esta situación, el ingeniero indica la necesidad de hacer un análisis pormenorizado del talud, cuestiones que "no han sido abordadas" en el informe geotécnico, que además se ha realizado a una escala "macro-estadística sin pruebas ni ensayos de laboratorio contrastables". Para poder sacar conclusiones certeras, el experto apunta que es necesario caracterizar un suelo determinado, "no valiendo simulaciones ni estudios genéricos de materiales análogos en situaciones diferentes a las que nos ocupa, habida cuenta de la casuística que se puede dar en los suelos de la Isla", añade.

Por otro lado, Juan Jesús Cabrera recuerda que en ese estudio se dice que el barrio candelariero presenta riesgo de sismicidad "de acuerdo con la aplicación del Real Decreto 637/07, de 18 de mayo", pero subraya que dicha normativa "no es de aplicación para el análisis de taludes, como es este el caso.

Todas estas conclusiones, recogidas en el informe del ingeniero a petición de la Asociación de Vecinos Bajo la Cuesta-Risco las Tablas, tienen como fin "verificar" el soporte técnico utilizado por Icinco para analizar la situación. El Ayuntamiento fue quien lo solicitó a raíz de un desprendimiento ocurrido en enero y, una vez conocidas sus conclusiones, decidió firmar un decreto para el desalojo voluntario de los vecinos.

Como los afectados han decidido no abandonar sus hogares, la Corporación local ha advertido de que continuará con el proceso y, además, ha informado de que solicitará un nuevo estudio para ver si coincide con los resultados del anterior. Mientras, los residentes de esta zona han optado por abrir todas las vías posibles para no perder sus casas. Aparte de presentar un recurso de reposición ante el Consistorio, también solicitaron este contrainforme, el cual ya ha sido presentado en las dependencias municipales.

Por otro lado, los vecinos, encabezados por José Ortega, el abogado que se encarga de su defensa desde 2006 (a cuenta del deslinde marítimo-terrestre), han decidido acudir ante la Fiscalía Anticorrupción. El letrado informó ayer de está previsto que hoy se entregue la denuncia en Madrid por un presunto caso de prevaricación administrativa y un posible caso de falsedad documental, esta última a raíz precisamente de ese deslinde "para no molestar a Endesa", de quien depende la central eléctrica, apunta él. Pero al escrito, centrado sobre todo contra el proceder estatal, añade una nueva cuestión que tiene que ver con los hechos protagonizados por el Ayuntamiento para oficializar el decreto, sin que el secretario municipal "supiera nada" al respecto hasta su trámite final. Así, José Ortega solicita al Ministerio Público que investigue todo lo ocurrido en Bajo la Cuesta, resumido en un total de 17 puntos.

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