Santa Cruz

Zerolo debe dejar el Senado si es condenado por prevaricar

Duro alegato del fiscal contra el exalcalde, para el que pide 9 años de inhabilitación en el ´caso García Cabrera´

27.06.2014 | 12:32
Castro, Núñez y Zerolo (de i. a d.), el miércoles en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo.
Castro, Núñez y Zerolo (de i. a d.), el miércoles en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo.

El senador de CC y exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo tendría que abandonar su escaño en la Cámara Alta si el Tribunal Supremo acaba condenándolo a una pena de inhabilitación especial por las irregularidades urbanísticas que se le imputan en una obras municipales entre los años 2003 y 2008, en el denominado caso García Cabrera, y por las que la sala segunda del alto tribunal le ha juzgado durante dos días y dictará sentencia en las próximas semanas.

Aunque el escrito de acusación del fiscal, que le atribuye un delito de prevaricación continuada, no pide expresamente la inhabilitación para el cargo de senador y sólo lo hace en genérico para cargo público durante nueve años como consecuencia de sus actuaciones siendo alcalde en la etapa citada, la reforma de la ley electoral del 2011 obligaría al dirigente nacionalista a abandonar su actual escaño como senador autonómico si fuese condenado.

Esta fue una de las cuestiones que sobrevoló ayer en la segunda y última jornada del juicio contra Zerolo en el Supremo y ante la que las acusaciones y la defensa del exalcalde de Santa Cruz de Tenerife y los otros dos acusados discreparon sobre el verdadero alcance de la petición de condena por parte de la Fiscalía, de 9 años de inhabilitación especial.

Mientras las defensas de los encausados dudaban sobre la aplicación del mencionado tipo penal para este caso, las acusaciones consideran que cualquier condena por prevaricación está sujeta a la reforma de la ley electoral del 2011, que considera incompatible este delito con el desempeño de cualquier cargo público aún sin fallo firme. "Habrá que ver con qué alcance se decide una posible condena de inhabilitación por parte de la Sala, pero desde la reforma de la ley electoral queda clara esta incompatibilidad para todos los electos y cargos de la administración que impliquen gestión o decisión sobre bienes y caudales públicos", señalaban ayer las acusaciones.

El juicio contra Zerolo, contra el exconcejal de Economía y exteniente de alcalde Guillermo Núñez y contra el funcionario Joaquín Castro Brunetto, por presuntas irregularidades en la remodelación del colegio Hermanos García Cabrera para convertirlo en oficinas municipales y gastar en ello más de siete millones de euros sin proyectos ni concurso de público de adjudicación, quedó ayer visto para sentencia tras los informes finales de acusaciones y defensas. El fiscal se reiteró en su escrito de acusación e hizo un duro alegato contra el proceder del exalcalde y sus colaboradores municipales, a los que responsabilizó de un delito continuado de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal y cuyas irregularidades en estos términos fueron refrendadas, según él, por los testimonios de los funcionarios y técnicos municipales que prestaron declaración el lunes.

Tras mencionar la "absoluta falta de respeto por el descontrol del dinero del contribuyente y de las arcas públicas", el fiscal reiteró la "falta de previsión", la ausencia de una verdadera causa de urgencia en la tramitación del expediente y en la manifiesta irregularidad que supone la ausencia de un proyecto y la falta de un concurso público de adjudicación para otorgarle las obras a la empresa Imes. Y todo ello a pesar de las advertencias de los interventores del Consistorio.

La acusación popular, ejercida en representación de Izquierda Unida, resaltó en sus conclusiones que "esa adjudicación a dedo a quien ya venía ejecutando la obra lo que trataba de hacer clarísimamente era dar cobertura jurídica a una situación manifiestamente ilegal que se venía prolongando desde marzo de 2005 al menos". Añadió que "otro elemento de exotismo jurídico administrativo con relevancia penal" en la actuación de Zerolo y sus colaboradores lo constituye "el carácter retroactivo que se le concede a la adjudicación" a Imes y resalta que "la gravedad de las ilegalidades cometidas no se queda en el terreno administrativo y toca de lleno en lo penal".

"El expediente podría formar parte de una galería de los horrores jurídicos o de un manual de lo que no hay que hacer, porque es un repertorio completo de infracciones en aspectos que son esenciales de lo que debe ser la dinámica de contratación en la administración pública. Esto es resultado de una combinación explosiva de incompetencia y prepotencia", subrayó la acusación popular.

Por su lado, la defensa de Zerolo insistió en los argumentos del exalcalde durante su declaración del día anterior, que éste se había limitado a "resolver" un "reparo" de la intervención a través de un informe de los servicios jurídicos del Consistorio, que no había tenido nada que ver con la tramitación del expediente y que su propuesta había sido "razonada, razonable y justa". El defensor dio por improbados los elementos de tipo penal utilizados por el fiscal y dijo que "del a sabiendas de la injusticia del señor Zerolo no hemos oído ni una palabra, y de la arbitrariedad de la resolución de los cuatro reparos, poco, y se ha obviado todos los informes jurídicos en los que se apoyaba el señor Zerolo al resolver". "Si estamos ante una sala penal, en instancia, hay que darle vida al principio de presunción de inocencia, que no por manido debe pasarse por alto. El fiscal no ha probado que ha habido una resolución, que ha sido arbitraria, y no limitarse a hablar del procedimiento administrativo y que se ha dictado a sabiendas de su injusticia", recalcó la defensa del exalcalde.

También los abogados defensores de los otros dos encausados insistieron en la falta de elementos probatorios de que sus actuaciones estuvieran presididas por la voluntad de dictar una resolución injusta a sabiendas, tal como requiere la imputación de un delito de prevaricación continuada, resaltando el carácter administrativo de las decisiones adoptadas por sus defendidos y la ausencia total de elementos penales en sus actuaciones, y reclamando por tanto la libre absolución.

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