La Guancha

La Fiscalía acusa a la alcaldesa por prevaricación urbanística

El Ministerio Público observa "inequívocos indicios de criminalidad" en Elena Luis y tres funcionarios por un tratar de legalizar la obra de un exedil

27.06.2014 | 12:32
La alcaldesa Elena Luis.
La alcaldesa Elena Luis.

La Fiscalía ha denunciado a la alcaldesa de La Guancha, la nacionalista Elena Luis, por un presunto caso de prevaricación urbanística y solicita al juez la apertura del procedimiento abreviado para el caso, que también salpica a su excompañero en el Gobierno local José Regalado. El Ministerio Público, tras una instrucción de seis años, presentó en mayo ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Icod de los Vinos el documento en el que deja claro que la regidora omitió "paralizar" una obra de José Regalado, "manifiestamente ilegal" por no contar con licencia e ir contra las normas subsidiarias y el Plan General de Ordenación, además de que tampoco resolvió "cualquier tipo de expediente sancionador contra el infractor" pese a ser requerido por el Cabildo.

Los hechos tuvieron lugar entre 2007 y 2008, y giran en torno a la reforma de una vivienda realizada por el antiguo número dos de Coalición Canaria en el municipio, José Regalado, quien ha abandonado el partido por supuestas discrepancias con Elena Luis y que ahora ha sido propuesto por la Agrupación Independiente Guanchera para ser su candidato de cara a las elecciones del próximo año. La actuación consistió en la ampliación de la planta baja de su inmueble para crear una puerta de garaje, la sustitución del zócalo original y la instalación de cercos en los huecos.

Por aquel mandato, cuando el exnacionalista era primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, reformó la fachada de su casa, catalogada como "de interés histórico" según las normas subsidiarias y el PGO. Pero esta categorización, según el fiscal, implica que el inmueble goza de "un grado de protección integral específico" y, sin embargo, la vivienda ha quedado "completamente desvirtuada" a consecuencia de las obras acometidas. Para el Ministerio Público, este proceder tiene un "plus de reprochabilidad" si se tiene en cuenta que el ya imputado en este caso, por un presunto delito sobre el patrimonio histórico, era el responsable de Urbanismo cuando ejecutó los trabajos. Esto quiere decir que José Regalado "no solo conocía el valor patrimonial de la casa, sino que paradójicamente era el último garante de su integridad".

Fue el Partido Socialista el que decidió llevar este asunto a los tribunales y ahora la Fiscalía denuncia a tres funcionarios del Ayuntamiento y a la alcaldesa por un delito de prevaricación urbanística al deducir "inequívocos indicios racionales de criminalidad".

En el escrito, además, el Ministerio Público solicita que un perito judicial tase los daños económicos causados y denuncia que tanto los técnicos municipales como la regidora pretendieron dar "una apariencia de legalidad a la actuación de José Regalado" en 2008.
Para intentar regularizarla, asegura que se valieron "de una anormal calificación de las obras ejecutadas como obras menores". También hicieron "una grosera interpretación" de las nuevas previsiones contenidas en la ficha del elemento catalogada en el nuevo PGO (que entró en vigor en marzo de ese año) y de la descripción de los trabajos ejecutados como "pequeñas remodelaciones de los huecos de planta baja, por otro lado, sorprendente previsión normativa que curiosamente solo se menciona en esta ficha y que no recogía la norma inmediatamente anterior".

Ya en mayo de 2007, la Unidad de Patrimonio Histórico del Cabildo requiere al Ayuntamiento que abra expediente sancionador y paralice la obra. En enero de 2008, el Consistorio recibe un recordatorio por parte de la Corporación insular pero la alcaldesa anuncia la "posible admisibilidad" de la actuación conforme al nuevo PGO. De esta manera, "se difiere cualquier tipo de solución al problema, simplemente esperando al paso del tiempo hasta la eventual entrada en vigor de la nueva normativa, todo ello mientras se consolida la actuación ilegal".
Pese a la insistencia de la Institución, el fiscal detalla que no es hasta 19 días después de la aprobación del planeamiento cuando se emite informe favorable a la legalización por parte del técnico municipal, "lo que no debe sorprender ya que esa misma voluntad predeterminada a la legalización ya se había exteriorizado en varias ocasiones por la alcaldesa".

El Ministerio deja claro no obstante que el marco normativo existente, tanto con las normas subsidiarias vigentes a la hora de acometer las obras como con el nuevo Plan General, que "se utiliza para legalizarlas, no permiten en ningún caso, y por mucho que se exprima la interpretación de las normas, validarlas ni darles cobertura legal".

El informe pericial solicitado por la Fiscalía concluye que los trabajos "no pueden entenderse como una pequeña remodelación" y, por lo tanto, no podrían autorizarse teniendo en cuenta el nivel de protección de la vivienda. Por tanto, al Ministerio le queda claro que las obras eran "manifiestamente no autorizables" y, en cambio, "se elude" abrir expediente sancionador por parte de Elena Luis, la "persona competente para ello", de ahí que diga que el comportamiento de la regidora hace "evidente la connivencia" de ella con su excompañero en el Gobierno local.

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