Los técnicos ven graves irregularidades del equipo de Zerolo en el ´caso García Cabrera´

Los funcionarios aseguran ante el Tribunal Supremo que las obras en el instituto de Ofra para trasladar las oficinas municipales se hicieron sin proyecto, sin concurso y sin el más mínimo control del gasto

26.06.2014 | 12:13
Zerolo antes del juicio.
Zerolo antes del juicio.

Miguel Zerolo sólo visitó una vez siendo alcalde de Santa Cruz de Tenerife el colegio García Cabrera antes de decidir junto a su equipo de gobierno, en marzo de 2003, convertirlo en oficinas municipales y a cuyo fin la corporación invirtió más tarde más de siete millones de euros sin sacar las obras a concurso y asignando los trabajos a la empresa con la que estaban contratos los servicios municipales de mantenimiento, algo que a la postre ha llevado al actual senador de CC al banquillo de los acusados y cuyo juicio tuvo lugar ayer en el Tribunal Supremo por su condición de aforado.

En la vista oral, el político nacionalista, alcalde de la capital tinerfeña durante seis años entre 1995 y 2011, defendió su inocencia a toda costa mostrando su convencimiento de que actuó en todo momento avalado por los servicios jurídicos de la Corporación local y que se limitó a "levantar" los reparos que le advertía la intervención municipal en base a los informes técnicos correspondientes. Varios técnicos municipales, sin embargo, revelaron graves irregularidades en la adjudicación y ejecución de las obras, sin proyecto, sin concurso y vulnerando todos los principios de legalidad, de tal manera que los trabajos comenzaron con una adjudicación de 371.000 euros y acabaron costando más de siete millones de euros.

Junto a Zerolo, se sentaron en el banquillo en relación con la caso García Cabrera el exconcejal de Economía y ex teniente de alcalde Guillermo Núñez y el exdirector general de Organización y Régimen Interno, Joaquín Castro Brunetto, todos ellos acusados por el fiscal de la sala segunda de lo Penal del Tribunal Supremo y por la acusación particular, ejercida por Izquierda Unida, de prevaricación continuada y con una petición de pena de nueve años de inhabilitación para cargo público. Zerolo se mostró en todo momento durante la larga vista de ayer tranquilo en sus explicaciones, aunque algo apesadumbrado, y aceptó contestar durante varios minutos incluso a las preguntas de la acusación particular, lo que no hicieron ninguno de lo otros dos acusados.

El exalcalde relató que la sede municipal de General Antequera había registrado en los meses anteriores tres conatos de incendio en sus cuadros eléctricos y que la Inspección de Trabajo declaró su peligrosidad, por lo que se decidió trasladar provisionalmente al antiguo Instituto Hermanos García Cabrera, situado en Ofra, a los funcionarios afectados para evitar riesgos de accidentes. El alcalde reconoció haber dado el visto bueno a ese traslado tras una sola visita al centro educativo junto al concejal responsable y que posteriormente se encargaron los trabajos de acondicionamiento a la empresa Instalaciones, Montajes Eléctricos y Saneamientos, SA (Imes), que era la que se ocupaba del mantenimiento de colegios y edificios municipales en virtud de un contrato previo.

Zerolo aclaró que el concejal propuso el traslado provisional de los funcionarios al mencionado colegio pero que más tarde los servicios técnicos dijeron que el edificio histórico no se podía arreglar y que por ello el traslado provisional se convirtió en fijo y que de ahí "que se sacara el proyecto", aunque negó en todo momento relación alguna con la empresa beneficiaria de las obras.

El exalcalde defendió durante su intervención que contrató las obras municipales guiado por las pautas del servicio gestor del Ayuntamiento, que dirigía su teniente de alcalde, y la asesoría jurídica, que gozaban de su "absoluta confianza". Tras la llegada de varios reparos por parte de la Intervención de Fondos a la obras de rehabilitación, por considerar que se trataba de obras que requerían un concurso previo y de que el contrato con Imes no cubría ese tipo de actuación, el alcalde recurrió a otros informes jurídicos internos para resolver.

Zerolo lo explicó ayer de esta forma: "A mí me traen un expediente donde el informe negativo del interventor, y un informe del servicio gestor avalado por el jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, que es el que asesora legalmente a la Alcaldía, y me propone que levante el reparo. Yo veo los reparos, veo lo que dice el interventor y veo el informe del servicio y del asesor jurídico. Todos ellos me merecen todos los respetos y me parece que la propuesta que hace el servicio es razonada, razonable, justa y lo que hay que hacer". E insiste: "Lo que hago es firmar lo que me propone el servicio, porque entiendo que es lo que tiene que hacer el alcalde, que es elegir entre los dos, y elige según le propone el servicio". Asegura que "la resolución viene elaborada por el servicio gestor y con el informe de los servicios jurídicos, y me propone que lo levante". Según dice, a él le llevan ya "hecha y redactada la resolución porque es lo que dice la ley", y que por tanto le llevan "una propuesta para que firme donde se propone solventar el reparo del interventor".

Guillermo Núñez, por su lado, tras asumir la responsabilidad de aconsejar el traslado, aseguró que inicialmente pensó en obras de muy poca envergadura y que "las obras de acondicionamientos tenían un carácter mínimo y urgente que cabían en el contrato con la empresa Imes". Aseguró que no le extrañaron los reparos de la Intervención de Fondos, ya que los funcionarios presionaban porque no les gustaba la ubicación de las nuevas instalaciones municipales.

Por su lado, el otro acusado, Joaquín Castro Brunetto, reconoció ser el autor del informe que aconsejaba al alcalde levantar los reparos a las obras.

Sin avales

Frente a la versión del alcalde y de los otros dos acusados, cuatro técnicos del Ayuntamiento que han declarado como testigos señalaron que son varios los elementos de posible tramitación irregular del expediente. La interventora Beatriz Montesdeoca, por ejemplo, relató que uno de los grandes reparos apreciados en las obras de rehabilitación del edificio era que no había proyecto de obras, ni presupuesto global, ni publicidad en el proceso adjudicatario.

Según la defensa de Zerolo, esto era así porque había ya un contrato vigente con Imes y porque no se trataba de un edificio de nueva planta. Montesedoca enfatizó también en que no se pudo realizar una labor de fiscalización de la obra, que ésta debió salir a curso, y que la vigencia del contrato con Imes era "dudosa".

Por su lado, Santiago Gómez, también interventor municipal durante ese periodo, aseguró que "no era normal que hubiera expedientes con tantos reparos" en el Ayuntamiento; que las obras encomendadas a Imes "estaban fuera del contrato" que ligaba a esta empresa con el Ayuntamiento para mantenimiento; o que el gasto por esas obras estaba registrado en inversión y no en gasto corriente.

A preguntas de la acusación particular, también aseguró que el fraccionamiento de los contratos podría estar sujeto a fraude de ley y que la urgencia de las obras debía haberse declarado al inicio de las mismas, así como que hubo adjudicación con efectos retroactivos, al tiempo que consideraba que "el procedimiento tendría que haber sido abierto". En el mismo sentido se expresaron varios técnicos municipales más que declararon durante la jornada.

Para el abogado de la acusación particular, José Pérez Ventura, las declaraciones prestadas tanto por los acusados como por los testigos "confirman lo que ya está expresado en el escrito de acusaciones de fiscal", en la denuncia presentada en 2008 por la asociación Justicia y Sociedad y en la que, asegura, "se ponen en evidencia las gravísimas irregularidades en la ejecución de esta obra". "Se empezó a ejecutar sin proyecto técnico, sin estudio geotécnico. Se empezaron a girar facturas que acabaron ascendiendo a más de dos millones, luego se hizo un expediente para de forma ilegal adjudicar con carácter retroactivo la obra a la empresa que ya la estaba ejecutando por tres millones de euros más, y para rematar, se hizo un modificado contrario a la legalidad por otro 1,5 con una suma total de más de siete millones", destaca el letrado. Todo ello, resaltó, "sin un concurso, vulnerando todos los principios de legalidad, y saltando los informes de la intervención".

Para Eligio Hernández, defensor de Guillermo Núñez, "no hay ni la más mínima posibilidad de que se pueda apreciar una prevaricación en la actuación de los acusados. Los testimonios de los técnicos me han convencido aún más de que no hay delito".

Tres citas ante el Tribunal Supremo

La de ayer es la primera de las tres comparecencias ante el Tribunal Supremo que le esperan a Miguel Zerolo en los próximos meses y la única en la que su paso por el banquillo de los acusados no conlleva la imputación de un delito de corrupción. A la causa que va juzgar en los próximos días la sala segunda de lo penal del TS, que preside el magistrado Luciano Varela, se unirán en el futuro en esta misma alta instancia las conocidas como el caso Las Teresitas y el caso Fórum Filatélico, en cada uno de estos procesos haciendo frente a posibles delitos de prevaricación urbanística y malversación de fondos públicos, y de cohecho, respectivamente. Zerolo, senador de CC por designación autonómica por el Parlamento de Canarias desde julio de 2011, está imputado por la compraventa de forma irregular por parte del Ayuntamiento de la capital tinerfeña, en 2001, siendo él alcalde, de los terrenos de la playa Las Teresitas, actuación por la que se le imputa un posible delito de prevaricación urbanística y malversación de caudales públicos, aunque en este caso se le retiró la imputación de cohecho. La instrucción de este caso esta dividida en dos partes, una que tramitará el TS y que afecta en solitario a Zerolo, por tratarse de un aforado, y una segunda que tramita la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en la que hay otros once implicados, entre ellos destacados dirigentes empresariales de la isla como Antonio Plasencia e Ignacio González. En relación con el caso Fórum-Filatélico, el Supremo investigará si el senador nacionalista pudo recibir de manera directa o a través de su familia dinero por recalificar en 2004 dos parcelas de Valle Tahodio. Durante la instrucción de este caso en sus orígenes, la Policía incautó documentos sobre presuntos sobornos millonarios a diversos políticos tinerfeños para favorecer operaciones inmobiliarias en la Isla y meses más tarde Baltasar Garzón encontró indicios de que Zerolo podía haber cometido un presunto delito de cohecho.

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