Santa Cruz

Zerolo se sienta en el banquillo

El exalcalde santacrucero responde a partir de mañana por el caso García Cabrera, una de las tres causas en las que está imputado

24.06.2014 | 13:04
Exterior del antiguo instituto García Cabrera, en Ofra.
Exterior del antiguo instituto García Cabrera, en Ofra.

Mañana a las 10:30 horas el exalcalde de Santa Cruz Miguel Zerolo se sentará en el banquillo de los acusados y lo hará para responder por un presunto delito de prevaricación que habría cometido en 2003, fecha en la que el Consistorio chicharrero vio la necesidad de realizar obras de acondicionamiento en el edificio de oficinas municipales que tiene en la calle General Antequera. Para llevar a cabo estos trabajos, se decidió habilitar como sede provisional de dichas oficinas el antiguo Instituto Hermanos García Cabrera, en el barrio de Ofra.

Lo que tendría que haber sido una obra como muchas de las que realiza cualquier administración local, fue desde el inicio una sucesión de decisiones erróneas que han terminado en los juzgados, pues los trabajos del García Cabrera se realizaron sin proyecto, sin saber cuánto dinero se iba a invertir, ni concurso público y tampoco fecha para concluir las obras. Además, lo iba a ser una obra menor que rondaba los 370.000 euros, terminó suponiendo un desembolso de casi 6 millones a lo largo de los tres años (2005 al 2008) que duraron los trabajos.

Aunque la denuncia por las supuestas irregularidades que se habían cometido en el García Cabrera se denunciaron en 2008, no fue hasta diciembre del año pasado cuando el Tribunal Supremo daba por finalizada la instrucción por presunta prevaricación y decidía abrir juicio oral contra el ya entonces senador por Coalición Canaria.

La decisión del magistrado del Alto Tribunal provocó que Zerolo presentara un recurso de apelación en el que solicitaba el sobreseimiento de la causa. Entre los argumentos expuestos por el exalcalde de Santa Cruz para pedir la suspensión del procedimiento, alegaba que "no existió resolución administrativa y que no fue arbitraria", un razonamiento con el que el senador pretendía demostrar que habría actuado de forma ilegal sin saberlo, es decir, no habría cometido el presunto delito de prevaricación por el que será juzgado en este caso.

Otro de los motivos que daba el senador en su recurso para poner fin al caso fue que contó con el respaldo de los servicios jurídicos para ejecutar esas obras provisionales. Sin embargo, el Tribunal Supremo –órgano competente para juzgar a Miguel Zerolo debido a su condición de aforado– le desmontaba dicha argumentación al mencionar la existencia de dos informes contradictorios que, a juicio del magistrado, sugerían que el Consistorio se había saltado la ley.

El Alto Tribunal no solo desestimó el recurso presentado por Zerolo, sino que dictaba un nuevo auto a principios de marzo por el que se anunciaba la apertura de juicio oral. Pese a que el juez no establecía una fecha para la realización del juicio, ya quedaba claro que el exalcalde de Santa Cruz se iba a sentar en el banquillo de los acusados y responder sobre su decisión de levantar los distintos reparos que le iba presentando la Intervención municipal cada vez que la empresa Instalaciones, Montajes Eléctricos y Saneamiento (IMES), la encargada de realizar las obras del García Cabrera, le iba presentando.

En ese mismo auto, también se precisaba que el senador nacionalista no se iba a sentar solo en el banquillo, sino que estaría acompañado por el exprimer teniente de alcalde de la ciudad y exedil de Servicios Centrales así como de Economía y Hacienda Guillermo Núñez. En este caso, el magistrado entendía que Núñez fue quien encargó que las obras se le encomendaran a IMES, la empresa que en aquellos momentos se encargaba de realizar el mantenimiento de los colegios y de los edificios de la Corporación local. Un encargo que, a juicio del Tribunal Supremo, superaba la envergadura del contrato que IMES tenía firmado con el Ayuntamiento.

Junto a Zerolo y Núñez también estaría Joaquín Castro Brunetto, el funcionario, llevaba la Dirección General de la oficina de Coordinación Participación Ciudadana y Servicios Desconcentrados, que se encargó, según el auto, de hacer que todos los informes municipales tuvieran el encaje necesario para que las obras pudieran seguir adelante.

El Tribunal Supremo dictaba el pasado jueves una providencia en la que ya se establecía la fecha y la hora del primer juicio contra el senador de Coalición Canaria, quien tiene otras dos causas pendientes –caso Fórum y la vía penal del caso Las Teresitas– que se están tramitando en el Alto Tribunal. Pero también contra Nuñez y Brunetto, pues tanto el exconcejal como el empleado público –dimitió como director general de Organización el pasado mes de mayo–, pues ambos también serán juzgados por un presunto delito de prevaricación, es decir, falta que cometen los políticos y los funcionarios cuando dictan resoluciones a sabiendas de que son contrarias a la ley.

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