Los herederos de un antiguo propietario de Las Teresitas deben asumir sus deudas

En concreto, los herederos deben hacer frente a 6.000 euros, según el fallo del Tribunal Supremo

24.06.2014 | 13:04

A pesar de que han intentado evitarlo, finalmente los herederos de uno de los antiguos propietarios de los terrenos de Las Teresitas tendrán que pagar las costas impuestas a este por el recurso de casación que presentó contra la sentencia de la Audiencia Nacional que lo condenaba a abonar 11 millones de euros por defraudar a Hacienda, el cual fue desestimado.

En concreto, los herederos deben hacer frente a 6.000 euros, según el fallo del Tribunal Supremo que ha rechazado el recurso de reposición que estos presentaron contra la providencia de 13 de marzo de 2014, la cual les obligaba a abonar las costas. Según la sentencia, "las consecuencias patrimoniales derivadas de la aceptación de la herencia a título de inventario, que les protegen de las potenciales reclamaciones de las que pudieren ser objeto por las deudas contraídas por la herencia del causante, en modo alguno les eximen de asumir las consecuencias procesales derivadas de su personación en la causa".

Estas costas se producen por el recurso que en su momento presentó uno de los antiguos propietarios de Las Teresitas para intentar evitar pagar a Hacienda 11 millones de euros. La Audiencia Nacional consideró al septuagenario J. A. J. B. responsable subsidiario, como administrador y vocal de la empresa Playa de Las Teresitas SA, de la deuda tributaria de esta empresa por no declarar los beneficios obtenidos con la venta de los terrenos a Inversiones Las Teresitas en 1998, de los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia, cuyo montante total fue de 33 millones de euros.

Esta sociedad formaba parte de la Junta de Compensación, la entidad que representaba a los propietarios de las parcelas de la playa. La empresa vendió los terrenos a Inversiones Las Teresitas. En 2001 el Ayuntamiento compró a González y a Plasencia dicho suelo por 53 millones de euros, operación por la que está abierta una causa civil y una causa penal en los tribunales.

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