Arona

El TSJC obliga a revisar las licencias de 20 unidades de actuación urbanística

José Antonio Reverón exige a los políticos que aprobaron el Plan General de Ordenación que "paguen los daños causados" por la anulación del documento

20.06.2014 | 07:27

El varapalo judicial que ha sufrido el Plan General de Ordenación de Arona a raíz de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) deja a la deriva alrededor de una veintena de unidades de actuación urbanísticas. El dictamen es claro a la hora de hablar de la arbitrariedad con que el Ayuntamiento hizo una reclasificación de estos ámbitos contemplados en el documento de 1987. Como ejemplo cita la de Valle San Lorenzo, pero añade que "los reproches" se repiten en cada uno de los casos. Ante esto, "las licencias concedidas a los promotores, sin condicionar el derecho a edificar al cumplimiento de los deberes urbanísticos, deberán ser revisadas".

"Siendo el cumplimiento de estos deberes un requisito esencial para la adquisición del derecho, las mismas pueden ser revisadas mediante la acción de nulidad", añade el TSJC, que recuerda que en el caso de Valle San Lorenzo se aumentó la edificabilidad reduciendo la superficie destinada a espacios públicos y se cambió su ordenación, pero para las restantes unidades "los reproches se repiten".

En todas estas zonas se categorizan como suelo urbano consolidado [aquellos terrenos ya transformados por la urbanización que cuentan con acceso rodado, abastecimiento de agua, pavimentación de la calzada, encintado de aceras y alumbrado público, entre otros requisitos] diversas parcelas pese a que "no se ha gestionado la unidad, con lo que no se acredita que los propietarios hayan participado en las cargas propias del proceso urbanizador".

"En ocasiones esto parece haber beneficiado incluso a viviendas sin licencia y se incluye dentro de las unidades de suelo que no se encontraba clasificado como urbano en el planeamiento anterior", añade el TSJC. La sala resalta que "no se pueden delimitar arbitrariamente ámbitos de suelo urbano consolidado para excluir determinadas parcelas que cuentan con servicios urbanísticos de ámbitos para los que se prevén otros servicios de los que de manera natural están en disposición de beneficiarse". Y, además, añade al respecto que tampoco puede "imponerse nuevas cargas a los propietarios de suelo urbano que hubieran cumplido con las obligaciones del proceso urbanizador proyectado en el planeamiento anterior".

En los casos de propietarios de suelo rústico edificado con servicios urbanísticos que el Ayuntamiento decida integrarlo en la malla urbana, el titular "no puede oponerse a ser incluido en la unidad, porque aunque haya edificado no ha participado en las cargas derivadas del proceso urbanizador". Mientras, los que estén en suelo urbano incluidos en esas unidades por el planeamiento anterior "no pueden ser excluidos" de ellas "por el planificador con la revisión del planeamiento, aunque hubieran obtenido licencia y hubieran edificado sus parcelas y estas cuenten con servicios urbanísticos, porque no han participado en todas las cargas previstas para el ámbito en el que de manera natural se incluyen y de cuyos servicios están en disposición de disfrutar".
Fueron el concejal de la oposición José Antonio Reverón (de Ciudadanos por Arona) y el abogado Felipe Campos quienes denunciaron las irregularidades en las unidades de actuación previstas en el PGO de 1987 y que no se encontraban gestionadas al aprobarse el planeamiento ahora anulado por el TSJC. Esto fue una de las cuestiones detectadas por el TSJC. A este punto se suman la aprobación del documento por Coalición Canaria, Centro de Arona y Partido Popular a pesar contener nuevas modificaciones. Entre otros motivos añade los incumplimientos del Plan Insular de Ordenación de Tenerife y el emplazamiento de equipamiento público en áreas protegidas, barrancos, el Malpaís de Rasca, etcétera.

Felipe Campos subrayó ayer que por mucho que recurra el Gobierno canario o el Ayuntamiento será "ineficaz", así que lo que toca ahora "es rehacerlo y empezar de cero". "El planeamiento es completamente ilegal y está muerto definitivamente", matizó. Respecto a las unidades de actuación, señaló que habrá que revisarlas". El Consistorio "estaba pidiendo dinero a los vecinos porque el promotor no había pagado las cargas", por lo que "habrá que estudiar cada caso".

El otro denunciante, José Antonio Reverón, indicó que "durante años nos enfrentamos a la desmedida ambición económica y electoral" de Arona. Aseguró haber pasado por un "infierno" por tan solo el hecho de "no dejar que expoliaran" al municipio y, ante la nueva situación, los representantes políticos "deberían responder por el daño causado y por vergüenza deberían alejarse de la vida política", agregó.

Cabe recordar que aún se está investigando el caso Arona 1 y el caso Arona 2, relacionados supuestas contrataciones a dedo, licencias ilegales y el propio PGO.

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