Seis años de cárcel para un matrimonio por estafar con la venta de bonos de Titsa

La Audiencia Provincial establece una indemnización de 4,5 millones para la empresa de transporte y el Cabildo

12.06.2014 | 02:20
Seis años de cárcel para un matrimonio por estafar con la venta de bonos de Titsa
Seis años de cárcel para un matrimonio por estafar con la venta de bonos de Titsa

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a seis años de cárcel a un extrabajador de la empresa pública del
Cabildo Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa) y a su esposa por un "delito continuado de estafa agravada, en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil," llevado a cabo mediante la venta de bonos de viaje. Sus tres hijos, además, afrontan una pena de un año de prisión por blanqueo de capitales por imprudencia grave.

Desde marzo de 2003 hasta el 30 de junio de 2009, los acusados causaron un perjuicio estimado a las sociedades mercantiles Titsa y Metropolitano –también del Cabildo– de entre 4.483.387 euros y casi ocho millones de euros, según consta en la sentencia, que no es firme. Una de las estrategias usadas para "ocultar parte de los beneficios ilícitos obtenidos por la venta de bonos" fue la de constituir una sociedad mercantil. En la empresa figuraban la mujer y los hijos, "todos ellos mayores de edad y sin antecedentes penales". Todos los hijos, de acuerdo con la sentencia, eran "conscientes de los limitados medios económicos de sus padres", una situación precaria que no les habría permitido crear la empresa y realizar las inversiones que hicieron a través de ella. La Audiencia Provincial destaca que la familia logró "amasar un importante patrimonio mobiliario" entre 2004 y 2008, "invirtiendo en su adquisición la suma total de 319.158 euros" y que radicaba en varias viviendas, solares y plazas de aparcamientos.

Lo que hizo posible esta estafa fue el cargo que ejercía el exempleado de Titsa, lo que "le permitía acceder tanto a los bonos en blanco como a las máquinas expendedoras para la activación de bonos de transporte". De esta manera, emitió de forma fraudulenta los billetes para la realización de viajes que podían utilizarse tanto para las guaguas como para el tranvía, lo que provocó un desfase económico en las cuentas públicas.

Entre 2004 y 2005, al menos una parte de ellos fueron distribuidos por un precio de entre los 10 y los 10,5 euros a través del titular de un quiosco en Santa Cruz. En principio, según consta en la sentencia, se suministraban unos 100 bonos semanales, para ir ascendiendo progresivamente hasta los 900 a 1.000 detectados entre 2008 y 2009. El dueño del estanco, "en conocimiento del origen ilícito" de los billetes, "vendía parte desde dicho quiosco al precio de 12 euros la unidad y al menos desde el mes de enero de 2009 entregaba otros a 11" a un segundo implicado, que también tenía constancia de la ilegalidad de los hechos y los adquiría para su reventa a un nuevo titular de un quiosco, ubicado también en la capital. Éste, a su vez, "los distribuía y revendía" a otro que los ponía a la venta por distintos puntos de la Isla a 12 euros.

La mayoría de los billetes eran de 12, pero también hubo de 30, y se vendían con un valor inferior al que establecía Titsa, pero toda esta actividad derivó en ganancias para los copartícipes al subir los precios. Tanto los dos dueños de los estancos como el tercer implicado en la reventa fueron absueltos de los delitos de estafa y falsedad documental mercantil pero, en lo que se refiere al delito continuado de receptación agravada, no y las penas son: dos años de cárcel para uno de los titulares de quiosco y 20 meses para los otros dos cómplices.

Estos hechos fueron denunciados por el Cabildo en 2009 y la Audiencia Provincial establece la indemnización en 4,5 millones (la cifra menor del perjuicio estimado). Según varias fuentes cercanas a las partes, los condenados tienen previsto recurrir la sentencia.

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