Santa Cruz

La Fiscalía exculpa al Consistorio de cometer prevaricación al sancionar a Emmasa

El Ministerio Fiscal decide archivar las diligencias preliminares al no hallar indicios de delito en la decisión municipal

12.06.2014 | 00:17

El Ayuntamiento de Santa Cruz no cometió prevaricación cuando decidió, en mayo del pasado año, adoptar el acuerdo de sancionar a Sacyr Vallehermoso, socio mayoritario en la Empresa Mixta de Aguas de la capital (Emmasa), con 450.000 euros por haber subcontratado servicios a otras empresas sin autorización municipal, en lugar de resolver la relación contractual que mantiene con este conglomerado empresarial desde el año 2006, fecha en la que se privatizó el servicio de aguas en la capital tinerfeña.

Esta es la conclusión a la que ha llegado el Ministerio Fiscal, tras analizar la documentación aportada por el Consistorio chicharrero y, por tanto, se ha decidido archivar las diligencias preliminares de la investigación que se abrió como consecuencia de la denuncia presentada por el edil de Por Tenerife, José Manuel Corrales, y los abogados Felipe Campos, Antonio Espinosa y José Pérez Ventura.

En el contrato que firmó el anterior equipo de Gobierno de Miguel Zerolo con Sacyr para que esta empresa gestionara el servicio del agua en la capital se establece que "la subcontratación solo puede ser admisible respecto de las prestaciones accesorias del servicio público que constituye el objeto de la presente licitación, siendo necesaria siempre la previa autorización de la Corporación". "En ningún caso la empresa mixta podrá ceder a terceros o contratar con el propio socio privado o con empresas que guarden con este vinculación en la gestión o administración del servicio público", se añade.

Pese a tal prohibición contractual y ante las sospechas de que Sacyr pudiera estar incumpliendo una de las cláusulas del contrato, el actual equipo de Gobierno santacrucero –formado por CC y PSOE– decidió poner en marcha una investigación mediante la que se determinaría si se estaban subcontratando servicios sin autorización municipal.

Tras lograr que la empresa aportara toda la documentación que se le estaba requiriendo por parte del Consistorio capitalino y analizarla, los técnicos municipales concluyeron en marzo del 2013 que se estaban subcontratando servicios sin la autorización del Ayuntamiento por lo que se le impone a Sacyr una multa de 450.000 euros. Dos meses más tarde, la Junta de Gobierno de Santa Cruz daba su visto bueno a esta propuesta de penalización y se le notificaba a la empresa que tenía que abonar dicha sanción.

Sin embargo, Sacyr Vallehermoso presentó en julio un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo adoptado por el equipo de Gobierno de imponerle una penalización económica, un asunto que aún está pendiente de resolución judicial.

Aunque el concejal en la oposición y los abogados consideraron que el equipo de Gobierno podría haber incurrido en un delito de prevaricación al no resolver el contrato con Sacyr por este incumplimiento, el Ministerio Fiscal entiende lo contrario.

De esta manera, en el escrito de Fiscalía se precisa "que no se aprecia arbitrariedad alguna en la resolución que adoptó la Junta de Gobierno Local de Santa Cruz el pasado 27 de mayo del 2013, relativa a la decisión de no resolver el contrato y optar por la imposición de una multa a Sacyr Vallehermoso de 450.000 euros, puesto que en el apartado 5 del pliego de concesiones se habilita al Ayuntamiento a imponer alternativamente, a su elección, la sanción pecuniaria o la resolución del contrato, toda vez que la arbitrariedad que se exige en el ámbito penal requiere de un plus de antijuricidad y, por tanto, contraria a la justicia, a la razón o a las leyes".

En la denuncia que presentó José Manuel Corrales y el resto de letrados, también se le pedía al Ministerio Fiscal que investigara la posibilidad de que el anterior primer teniente de alcalde Julio Pérez hubiera podido incurrir en un delito de negociaciones prohibidas cuando ostentaba la presidencia del Consejo de Administración de Emmasa a la vez que su bufete de abogados le prestaba asesoramiento jurídico.
Ante el hecho de que Pérez hubiera cometido este delito, la Fiscalía explica que tampoco se dan los requisitos exigidos para cometer esta falta. Así pues, también ordena archivar las diligencias preliminares de la investigación. "No consta acreditado que Julio Pérez hubiere realizado ningún acto de asesoramiento de la empresa Emmasa durante el tiempo que ocupó el cargo de presidente de la misma", se aclara en el informe.

Según los datos que posee el Ministerio Fiscal, el exconcejal santacrucero "ostentó el cargo de presidente de Emmasa del 7 de julio del 2011 hasta el 5 de diciembre del 2012, mientras que el contrato suscrito por Abogados Asociados Viera y Clavijo con Emmasa es de 10 de mayo del 2006, renovable anualmente".

Además, se especifica que Pérez solicitó el 17 de junio del 2011 al Colegio de Abogados de Santa Cruz "el cambio de situación a colegiado no ejerciente, es decir, antes de la fecha de su nombramiento como presidente de la entidad Emmasa". "Desde el 4 de julio, Pérez deja de percibir ingresos por el ejercicio profesional, aunque le siga perteneciendo un tercio del inmueble en el que está situado el despacho colectivo y de su equipamiento", dice el Ministerio Fiscal.

Tenerife

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