Santa Cruz

El Estado rechaza por quinta vez que se activen las cámaras del García Sanabria

El Ayuntamiento presentará un recurso contencioso-administrativo tras la nueva negativa de poner en funcionamiento los 20 dispositivos de seguridad

10.06.2014 | 00:05

El Estado ha vuelto a rechazar que se pongan en marcha las 20 cámaras que hay instaladas en el Parque García Sanabria porque Santa Cruz no cuenta con un informe favorable que le permita la utilización de estos dispositivos de seguridad en este espacio. Ante esta nueva negativa, ya son cinco las veces que se le ha denegado al Ayuntamiento santacrucero la petición de activarlas, el concejal de Seguridad Ciudadana, José Alberto Díaz-Estébanez, aseguró que el equipo de Gobierno se le ha agotado la paciencia y ha decidido presentar un recurso por la vía contenciosa-administrativa contra la resolución de la Delegación del Gobierno en Canarias.

A principios del pasado mayo, la Comisión de Garantías de la Videovigilancia de Canarias –integrado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, un abogado del Estado, un representante de la Administración General del Estado y un alcalde designado por la Federación Canaria de Municipios (Fecam) volvía a estudiar y a analizar la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Santa Cruz para que las cámaras se pusieran en funcionamiento. Sin embargo, dicho órgano emitió un informe desfavorable debido a que considera que no existe riesgo para la seguridad de los ciudadanos que pasean por este parque capitalino y que los datos aportados sobre delincuencia "no han quedado suficientemente acreditados".

Sobre la decisión adoptada por la Comisión, la delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, afirmó que para que estos dispositivos de seguridad se puedan activar, se requiere de un informe favorable de dicha comisión. Asimismo, reiteró que "no se autorizan de manera arbitraria, sino ajustándose a la legalidad vigente".

Pese a las explicaciones dadas por Hernández Bento, el concejal de Seguridad Ciudadana calificó la decisión de "incomprensible, más aún si tenemos en cuenta otros antecedentes en Canarias, aunque lo importante es que esta cerrazón no tiene ningún sentido, ya que el mero funcionamiento de las videocámaras es un elemento disuasorio y aumentaría la seguridad de las personas y el patrimonio en ese espacio de ocio y esparcimiento de nuestra ciudad".

Asimismo, Díaz-Estébanez afirmó que el Consistorio capitalino aportó, junto a la solicitud, una serie de datos estadísticos sobre las actuaciones policiales que se han realizado en el Parque García Sanabria desde 2009 y hasta junio del 2012. En total se registraron 317 actuaciones en dicha instalación, destacando el levantamiento de actas administrativas por el consumo de sustancias estupefacientes, auxilio a menores de edad; ocho casos de hurtos y robos, además de la intervención en una docena de situaciones de violencia. Además, el edil destacó que el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) también cuenta con actuaciones y servicios realizados en este parque, datos que han sido analizados y reportados a la Delegación del Gobierno, organismo del que depende este cuerpo policial.

Por estos motivos, Díaz-Estébanez comentó en que "más allá de los datos, no se puede olvidar que en muchas ocasiones, y aunque no consten en las estadísticas oficiales porque no se denuncia, se producen hechos o circunstancias que contribuyen a generar una sensación de inseguridad, aspecto que nos han reiterado en numerosas ocasiones los ciudadanos que viven en las zonas próximas del parque".

Estos no fueron los únicos datos aportados por la Concejalía de Seguridad Ciudadana santacrucera, pues también se aportó un estudio en el que se especifican todos los servicios realizados por la Policía Local en este espacio desde el 1 de enero del 2013 y hasta la fecha.

Sobre estos últimos datos, Díaz-Estébanez destacó el aumento de actos vandálicos que se han registrado en el Parque García Sanabria.

"No parece de recibo que no podamos utilizar estos sistemas de videovigilancia cuando hemos acreditado que, en poco más de un año, se han producido en el parque casi una docena de este tipo de vandalismo, una veintena de casos de rotura y deterioro del mobiliario urbano o 16 situaciones de hurto o robos", insistió el edil de Seguridad Ciudadana.

Este último informe policial refiere que en este último periodo, los agentes de la Policía Local han intervenido en 208 ocasiones. "Incluso en casos muy delicados con la detención de exhibicionistas o en algunos casos de violencia, por lo que no entendemos esta obcecación", añadió Díaz-Estébanez.

"Nosotros ponemos todos nuestros medios para que el parque García Sanabria sea un lugar seguro cada día, pero con las cámaras funcionando mejoraríamos nuestra eficacia al respecto, además de responder con este sistema de videovigilancia a lo que nos vienen exigiendo los vecinos y los usuarios del parque desde hace años", manifestó el edil.

"No hay manera de que las autorices pese a que año tras año lo pedimos", aseguró en la Cadena SER el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, quien añadió que: "Este año el informe de la Policía Nacional, que es preceptivo, era absolutamente favorable a que se activaran las cámaras".

A pesar de las críticas, Hernández Bento remarcó que "son falsas las acusaciones" en las que se afirma que la Delegación del Gobierno es quien impide la activación de las cámaras pues, reiteró, "para ser autorizadas requieren del informe favorable" de la comisión que está presidida por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y este, continuó, no ha sido el caso.

Desde el Gobierno estatal recordaron que el Ayuntamiento de Santa Cruz ya había solicitado en el año 2006, y después en 2010, la colocación de 20 videocámaras de vigilancia en el Parque García Sanabria, emitiéndose también informe negativo por parte de la Comisión de Vigilancia en ambos casos por no apreciar la existencia de un razonable riesgo para la seguridad ciudadana, atendiendo a los datos de delincuencia aportados en la solicitud, y que podría colisionar con el derecho fundamental de intimidad y a la propia imagen reconocidos en el artículo 18 de la Constitución. En consecuencia, la Delegación del Gobierno denegó las autorizaciones solicitadas, como ha vuelto a hacer ahora, al ser ese informe vinculante desfavorable.

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