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El Supremo niega al Ayuntamiento la propiedad de una parte de Las Teresitas

El fallo demuestra que algunas de las parcelas que el equipo de Zerolo compró a los empresarios González y Plasencia eran públicas, pues pertenecían a Costas

04.06.2014 | 13:20
Playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife.
Playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife.

El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso presentado por la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz con el que el Ayuntamiento pretendía que se le reconociese la propiedad de los terrenos ganados al mar en Las Teresitas tras la ejecución de las obras de regeneración de la playa a partir de 1973, y con el que también pretendía que el Estado rectificase y aprobase un nuevo deslinde en el que tales bienes quedasen excluidos del dominio público marítimo-terrestre.

En concreto, el Tribunal Supremo, en un fallo dictado el 22 de mayo de este año, ha rechazado el recurso de casación interpuesto por Urbanismo contra la sentencia de la Audiencia Nacional del 8 de julio de 2011, con la que a su vez se desestimó el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Consistorio chicharrero contra la Orden del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino del 12 de febrero de 2009 que aprueba el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa de unos 1.537 metros de longitud, perteneciente a la Playa de Las Teresitas.

Esta sentencia deja claro que dichos terrenos pertenecen a Costas. Esto significa que el Ayuntamiento de Santa Cruz tendrá que seguir pidiendo permiso al Gobierno central para cualquier actuación que quiera realizar en la playa. Precisamente, el Consistorio se ha quejado de las numerosas trabas que pone el Estado para las intervenciones planteadas por la Corporación local, entre las que se encuentran por ejemplo, la instalación de un parque infantil sobre la arena, una rampa para minusválidos o la rehabilitación de la escollera que se encuentra al final de la zona de baño, para las que el Ayuntamiento no ha logrado obtener el permiso.

Pero paradójicamente aunque en un principio parece ser una sentencia negativa para el Consistorio chicharrero, por lo menos en ese sentido, en realidad este fallo podría favorecer al actual Gobierno local, formado por socialistas y nacionalistas, en la batalla judicial que este mantiene contra Inversiones Las Teresitas, la empresa de Ignacio González y Antonio Plasencia a la que el equipo del exalcalde nacionalista Miguel Zerolo en 2001 compró los terrenos de la playa por 52 millones de euros, para supuestamente evitar que se construyera en la misma. Inversiones Las Teresitas, a su vez, compró en 1998 las parcelas a la Junta de Compensación, un órgano que aglutinaba a muchos de los propietarios de las terrenos, por 33 millones de euros. Según esta sentencia, un tercio de las parcelas del frente de la playa ya eran públicas, es decir, pertenecían a Costas, por lo que ni fueron en ningún momento de la Junta de Compensación, ni lo pudieron ser después de los empresarios Plasencia y González. Por lo tanto, el Ayuntamiento compró suelo que era de propiedad pública y en el que ya no se podía construir, por lo que este fallo da la razón a aquellos que siempre han defendido, entre los que se encuentra el Partido Socialista, hoy en el grupo de Gobierno y en aquel entonces en la oposición, que el Consistorio, con Zerolo al frente, "tiró dinero público a la basura".

Precisamente, el próximo 17 de septiembre comenzará el juicio civil por el caso de Las Teresitas, en el que el Ayuntamiento espera recuperar los 52 millones de euros que pagó por las 11 parcelas del frente de playa, más 22 millones en intereses, a Inversiones Las Teresitas SL, en una operación pendiente de juicio penal en la que está imputado el exalcalde Miguel Zerolo. Por su parte, la empresa de González y Plasencia reclama al Consistorio una indemnización por el valor de los terrenos, ya que estima que el municipio no los puede devolver, y daños y perjuicios derivados de la falta de aprovechamiento, hasta un total de 116 millones de euros.

Cuando en el anterior mandato el Ayuntamiento presentó el recurso contra la sentencia de la Audiencia Nacional en relación al deslinde, el equipo de Zerolo intentaba desmontar uno de los principales argumentos de la Fiscalía Anticorrupción que ha alertado de la posibilidad de que se haya incurrido en un posible delito de prevaricación al haber sido estos terrenos objeto de venta. La anterior Corporación local pretendía impugnar el deslinde y que la Justicia reconociera que estos terrenos eran de su propiedad. En este suelo era donde esta previsto edificar la mayor parte de los hoteles ya que se trata de las únicas parcelas que son llanas. El actual equipo de Gobierno decidió recurrir con la intención de que el Ayuntamiento pudiese gestionar la playa y para que también quedase claro que esos terrenos eran públicos.

El caso de Las Teresitas es tan complejo que incluso esta sentencia, que parece ir en contra de los intereses del Ayuntamiento, al final podría beneficiar al actual Gobierno local en su lucha contra Inversiones Las Teresitas. En el fallo del Tribunal Supremo se indica que estos terrenos no pueden ser de titularidad municipal porque las obras que llevó a cabo el Consistorio a partir de 1973, para convertir lo que era una playa abierta al mar de arena negra y con poca anchura en lo que es hoy Las Teresitas, "no han sido legalizadas, ya que se realizaron algunas actuaciones no autorizadas y no se firmó nunca el acta de reconocimiento final de los trabajos". "Por lo que el Ayuntamiento no obtuvo la propiedad de los terrenos ganados al mar", se dice en la sentencia.

Según esta, se realizaron numerosas inspecciones en las que "se indicó la realidad de unas obras diferentes de las inicialmente autorizadas, por lo que difícilmente podría darse validez a un acta de reconocimiento que contempla actuaciones no amparadas por título concesional alguno". En aquel entonces, exactamente en 1985, la Jefatura de Puertos y Costas requirió al Consistorio chicharrero para que legalizase las obras, pero no se hizo nada. El fallo del Tribunal Supremo condena a costas al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por un valor de 3.000 euros.

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