Caso Arona

De Luis se embolsó unos tres millones en sobornos

La Fiscalía acusa al aparejador municipal de organizar una trama con Eliseo de la Rosa y el exedil Félix Sierra para cobrar a promotores y arquitectos a cambio de agilizar y desbloquear obras

25.09.2013 | 12:37
El aparejador municipal imputado en el caso Arona, Roberto de Luis.
El aparejador municipal imputado en el caso Arona, Roberto de Luis.

La Fiscalía Provincial acusa al aparejador del Ayuntamiento de Arona, Roberto de Luis, de crear una empresa fantasma con el fin de ingresar al menos tres millones de euros procedentes de sobornos. Este funcionario es el que peor sale parado del escrito del Ministerio Público, ya que debe enfrentarse a la pena de cárcel más grande solicitada en el caso Arona, ocho años. Él es uno de los 17 imputados que forman parte de esta presunta trama de corrupción que salpica a políticos, empresarios y empleados públicos y que fue denunciada por los abogados Antonio Espinosa y Felipe Campos.
La fiscal defiende que De Luis constituyó antes del año 2000 la empresa Proyectos y Diseños Cram 4 SL, aunque la representante de la entidad era su mujer, para ingresar las cantidades de dinero que "solicitaba y recibía de al menos tres arquitectos superiores a cambio de recomendarlos ante a una serie de promotores y constructores" que tenían proyectos urbanísticos en Arona.
Asegura que el aparejador municipal formó parte del negocio orquestado entre el concejal de Urbanismo entre 1999 y 2003, Félix Sierra, y el arquitecto del Ayuntamiento, Eliseo de la Rosa. Este trío, según la acusación pública, no solo actuaba para conseguir dinero de diseñadores urbanísticos a cambio de darles clientes en Arona, sino que también cobraban comisiones ilegales a promotores por desbloquear y agilizar sus licencias urbanísticas.
Como esta confabulación estaba protagonizada por otras dos personas, según el escrito de acusación, los supuestos ingresos ilegales obtenidos por De Luis superaron los tres millones de euros. Ante este presunto delito de cohecho, la Fiscalía también pide seis años de cárcel para el exedil y otros seis para Eliseo de la Rosa.
El Ministerio Público destaca dentro del caso Arona una actuación dirigida por los dos funcionarios y el antiguo concejal de Urbanismo entre 1999 y 2003, acompañados por Arsenio Zamora, otro de los imputados para el que solicita tres años de cárcel por su función de intermediario para el cobro de sobornos.
Los hechos tuvieron lugar en 2001, cuando el representante de la empresa Conale 2000 SL solicitó al Ayuntamiento una licencia para la construcción de un edificio compuesto por 206 viviendas en Costa del Silencio. Según defiende la fiscal, el arquitecto municipal Eliseo de la Rosa pidió a la entidad 36.000 euros a cambio de "agilizar los trámites de expediente para la concesión de la licencia y de la elaboración del informe técnico", ya que el proyecto iba en contra del Plan General de Ordenación Urbanística de Arona.
La acusación pública indica que el empresario "desatendió" la solicitud y, por este motivo, días más tarde Arsenio Zamora, en calidad de intermediario, "actuó por encargo de Eliseo de la Rosa, Roberto de Luis y el concejal de Urbanismo". Así, Arsenio Zamora volvió a solicitar al promotor "la necesidad de que entregara una cantidad de dinero" a cambio de obtener dictámenes técnicos favorables y el correspondiente permiso de obras. Según el escrito, el empresario accedió a dar 6.000 euros.
Las peticiones al representante de la entidad se reiteraron en dos ocasiones más con el fin de volver a "agilizar los trámites y hacer compatibles las obras con la normativa de ordenación".
La segunda vez se le solicitó al promotor 9.000 euros, mientras que en la tercera ocasión la cifra ascendió a 270.455 euros con la finalidad de que "se emitieran los informes favorables al proyecto y se procediera a la concesión de la autorización urbanística".
La Fiscalía es clara al señalar que el dinero exigido al empresario se utilizaba para "el pago de comisiones ilegales a repartir" entre el arquitecto, el aparejador y el edil.
Aunque el promotor pidió la licencia en 2002, la acusación pública asegura que las obras comenzaron desde al menos 2001 pese a no tener ningún tipo de permiso. Ya desde entonces la Agencia para la Protección del Medio Urbano y Natural y la Dirección de Costas advirtieron de la ilegalidad del proyecto, pero el arquitecto municipal y De Luis lo omitieron con la "creencia de que recibirían el dinero".
El empresario, sin embargo, decidió no pagar ningún tipo de comisión ilegal y, ante esta nueva situación, De la Rosa optó por personarse en la parcela "anunciando a voz en grito que la licencia no sería concedida nunca", según detalla la Fiscalía en su escrito.
El Ministerio Público subraya que, ya en 2005, el promotor de Conale 2000 SL comunicó al alcalde y a los dos técnicos municipales que disponía de una grabación telefónica en la que constaba cómo los implicados le pedían comisiones ilegales, recordándoles además que podía comprometerles. La acusación pública manifiesta que, desde que De Luis y De la Rosa tuvieron constancia de este detalle, procedieron al desbloqueo del proyecto urbanístico y emitieron un expediente favorable.
La Fiscalía señala que este caso de presuntos sobornos no fue el único. De hecho, indica que el arquitecto municipal solicitó 300.000 euros a otro promotor en 2003 "en concepto de detalle en gratitud a los informes favorables que él mismo había emitido".

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