Santa Cruz

La capital afronta una indemnización de 8 millones por paralizar Las Huertas

Urbanismo abre el expediente que determinará si el Consistorio debe compensar a la constructora Desurcic por interrumpir las obras en la trasera de Las Teresitas

20.08.2013 | 01:23
Veinte de los propietarios de las parcelas de Las Huertas lograron parar las obras de urbanización.
Veinte de los propietarios de las parcelas de Las Huertas lograron parar las obras de urbanización.

La Gerencia de Urbanismo ha incoado el expediente que determinará si el Ayuntamiento debe indemnizar a la empresa Desurcic por la paralización de los trabajos de urbanización en Las Huertas, en la parte trasera de Las Teresitas. Desurcic es la constructora filial de Mapfre que se hizo con las parcelas de Las Huertas y de Montaña Morera que ahora reclaman sus propietarios. En el caso de que la resolución sea favorable a la entidad, el Consistorio tendría que abonarle 8.143.654,57 euros por los daños y perjuicios sufridos "a causa del funcionamiento de la administración", que es la cantidad que reclama Desurcic. Y esto sin perjuicio de otros conceptos indemnizatorios y de la cantidad que finalmente resulte mediante el abono de los interese legales, según lo indica la propia Gerencia de Urbanismo.

Desurcic presentó la reclamación en el Ayuntamiento de Santa Cruz el pasado 13 de febrero y casi seis meses después Urbanismo ha decidido iniciar la tramitación del expediente, con Isabel Plata, jefa de Sección de Régimen Jurídico, como instructora de este procedimiento. A partir de ahora, y durante 30 días, queda abierto el periodo probatorio, en el que la entidad mercantil podrá presentar toda la documentación que considere oportuna y los dictámenes elaborados por profesionales que crea necesarios, a los efectos de la acreditación del daño emergente y lucro cesante. El expediente de reclamación de responsabilidad patrimonial será remitido a la Dirección Técnica de Urbanismo y al Servicio de Proyectos Urbanos, Infraestructuras y Obras de la Corporación local para que en el plazo de 10 días se emita el informe correspondiente.

Recabados los informes y practicadas las pruebas, se abrirá el periodo de audiencia durante otros diez días y a continuación se recabará
dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, que tendrá un plazo de dos meses para emitirlo, en el que se determinará la existencia o no de la relación de causalidad entre la intervención del Ayuntamiento y la lesión producida a Desurcic y, en su caso, se establecerá la valoración del daño, su cuantía y modo de indemnización. Una vez recibido este dictamen, la Gerencia de Urbanismo dictará la resolución definitiva en menos de 20 días. Por lo tanto, entre los meses de noviembre y diciembre se sabrá si finalmente el Ayuntamiento debe desembolsar más de ocho millones de euros a esta empresa, lo que podría suponer un importante varapalo a las arcas municipales.

Desurcic también exige al Consistorio que se haga cargo de la parte pública del proyecto de urbanización, que incluye las infraestructuras de telecomunicaciones, los depósitos de agua, el encauzamiento del barranco, los accesos al campos de fútbol de San Andrés y la instalación de una depuradora que evite que las aguas fecales acaben en el mar. Urbanismo recuerda que las obras se pararon hace dos años por la batalla judicial que mantienen los anteriores propietarios de las parcelas y la empresa, de la que el Ayuntamiento alega no ser responsable y que además hace inviable la urbanización de la parte trasera de Las Teresitas.

Que la Corporación local tenga que enfrentarse ahora al desembolso de más de ocho millones de euros es una de las secuelas del conocido como pelotazo de Las Teresitas, una de las mayores investigaciones por presunta corrupción de Canarias. En 1989 se constituyó una junta de compensación, un órgano con personalidad jurídica que agrupaba a los propietarios de las distintas parcelas que constituyen la unidad de actuación urbanística de Las Teresitas. Pero no todos los dueños participaron en dicha junta. Cuando una veintena de ellos, de Las Huertas, Montaña Morera y El Suculum, acudieron al registro de la propiedad descubrieron que sus tierras habían sido traspasadas sin su consentimiento a Desurcic.

Inversiones Las Teresitas (ILT), formada por los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González en junio de 1998, imputados en el caso, consigue en apenas 48 horas un préstamo de 33 millones de euros para comprar los terrenos a la junta de compensación, incluidos los del frente de Las Teresitas, Las Huertas y Montaña Morera. Tres años más tarde, el Ayuntamiento aprueba por unanimidad un convenio urbanístico por el que compra a ILT con dinero público el frente de Las Teresitas por 52 millones de euros y pacta con Inversiones la recalificación del suelo que ésta se reserva en el Valle de Las Huertas y Montaña Morera. ILT a su vez vende esa parte trasera a Mapfre Inmuebles por 96 millones. Desurcic se hace con el proyecto de urbanización sin que hasta ahora haya podido desarrollarlo.

Esta empresa llegó a ofrecer a los propietarios tres parcelas ya urbanizadas para construir entre 100 y 120 viviendas y algo más de un millón de euros a cambio de que le dejaran urbanizar la zona y construir pisos por una inversión de más de 25 millones. Pero los afectados rechazaron la propuesta y lograron para las obras. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias obliga al Ayuntamiento de Santa Cruz y a las otras partes implicadas a convocar la junta de compensación de los terrenos para buscar una solución, que pasa por recuperar la titularidad de las parcelas o percibir una compensación que se ajuste a sus pretensiones.

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