Santa Cruz

Los dueños de la antigua fábrica de Celgán desoyen la orden de derribo

Urbanismo acometerá los trabajos de forma subsidiaria

01.03.2013 | 00:59
Socavón que dejó el derrumbe en la antigua fábrica de Celgán.
Socavón que dejó el derrumbe en la antigua fábrica de Celgán.

Los dueños de la antigua fábrica de Celgán no han respondido a la orden de derribo dictada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife del inmueble del barrio de Tío Pino, declarado en ruinas. Mañana se cumple el mes de plazo dado por la Gerencia de Urbanismo a la empresa para ejecutar los trabajos de demolición dado el peligro inminente de derrumbe del edificio.

Ante esta situación, según confirmó el primer teniente de alcalde, José Ángel Martín Bethencourt, el Consistorio "ultima todos los preparativos para llevar a cabo las obras, cerrando el expediente para que dé comienzo la demolición". "Después, se le cargarán todos los costes de la obra que ahora tendrá que asumir el Consistorio capitalino", añadió el edil.

Hace un mes, los técnicos municipales remitieron a la entidad mercantil JSP una descripción precisa de los trabajos que debe acometer para garantizar las medidas de seguridad necesarias en la antigua fábrica. Su coste asciende a 204.719,60 euros. Desglosada la cantidad, la cuantía de la obra sería de 150.000 euros para la demolición del forjado del patio por medios mecánicos, 42.719 euros para el tapiado del edificio, 3.000 euros para el saneamiento de todos los elementos sueltos con peligro de desprendimiento de cascotes y, por último, 9.000 euros para el desbroce, el desescombro y la limpieza del terreno, así como para la eliminación de todos los residuos generados y la desinfectación correspondiente del espacio. De la misma forma, los dueños se exponen a pagar una multa de entre 6.010 euros y 150.253 por haberse desentendido de su propiedad.

Aunque "habría que demoler todo el edificio", desde Urbanismo se actuará "en lo más necesario, lo que suponga un riesgo inminente de derrumbe". Además, solo se podrán empezar los trabajos cuando todos los ocupantes que viven dentro de forma irregular sean reubicados en sus nuevas casas. En estos momentos los servicios sociales del municipio tramitan un convenio con varias entidades para que antes de que se derribe el inmueble estas personas tengan un lugar donde poder dormir porque "en la calle no se van a quedar", concretó ayer el concejal José Ángel Martín Bethencourt.

La necesidad de demoler este edificio se puso de manifiesto el pasado 23 de enero, cuando se produjo el desprendimiento de parte de uno de los techos. Afortunadamente, en el momento del derrumbe no se registraron daños personales, ya que ninguno de sus 18 ocupantes se encontraba en el lugar donde se cayeron los cascotes a pesar de que duermen en este lugar desde hace años.

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