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Cho Vito sucumbe

Las viviendas supervivientes de los derribos de 2008 caen tras el desalojo de sus dueños

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Cho Vito sucumbe
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ANDRÉS LOBATO
El asentamiento costero de Cho Vito, en el municipio de Candelaria, es ya historia. La Dirección General de Costas ejecutó ayer la orden de derribo de las nueve viviendas que permanecían en pie tras los desalojos de octubre de 2008, dejando a nueve familias sin hogar en cumplimiento de la actual Ley de Costas. Tras varias noches prácticamente sin dormir a la espera de que fructificasen las negociaciones con la Delegación del Gobierno en Canarias y con otras administraciones para alcanzar una suspensión temporal y una alternativa de alojamiento, finalmente ayer se materializaron los peores augurios de los afectados.

Pasadas las 5:30 horas, un nutrido grupo de agentes de la Guardia Civil cortó el paso hacia el interior del poblado a través de la playa y la montaña. Eran los prolegómenos de unos desalojos que se alargaron hasta prácticamente seis horas después entre gritos, llantos, abucheos y momentos de tensión entre los afectados y los miembros de los equipos de seguridad.

"He vivido un horror mientras esperaba la llegada de los agentes y veía que iban saliendo todos mis vecinos", aseguró entre sollozos Beatriz González, la última vecina de Cho Vito en abandonar el poblado en brazos de la Benemérita. Tras 20 años viviendo en el barrio, ahora vislumbra un gris horizonte para ella y para su familia.

"Me toca huir a la casa de alquiler de mi hijo. Con todos en paro, a ver qué será de nosotros", lamentó. Con lágrimas en los ojos, González reconoció que deja "media vida" entre los escombros de su vivienda, pero que todavía conserva la dignidad, "lo más importante", por haber luchado por lo que considera justo.

A pesar de los momentos de tensión, el desalojo de los residentes en Cho Vito se produjo de manera pacífica en la mayoría de los casos para evitar posteriores complicaciones con la Justicia. Cada uno de los desalojados era recibido por sonoros aplausos y gritos por parte del centenar de amigos y simpatizantes que se congregaron durante toda la jornada junto al fuerte perímetro policial.
"Estaba tenso y no sabía ni qué hacer cuando llamaron a mi puerta. Pero encima que me quedo sin casa, estoy sin trabajo y no tengo nada, por qué voy a buscarme más problemas", explicó Miguel Ángel Padrón, hijo y nieto de anteriores pobladores de este barrio costero de Candelaria.

Diego Alejandro González denunció el exceso de "agresividad" de la Guardia Civil a la hora de evacuar la casa donde se ha criado. Según afirmó, los agentes le golpearon en varias ocasiones para alejarlo del resto de miembros de su familia. "Nos han sacado con brutalidad, estaba enganchado y me daban con el escudo en el brazo para separarme. Otro me metía los dedos en los ojos para que me soltara", explicó.

Sin embargo, los peores momentos para él fueron, según afirmó, cuando observó como otro de los agentes golpeaba a un familiar. "Después de mí, sacaron a mi hermana pequeña, de 14 años, y vi como le dieron tres porrazos. Todos fuimos corriendo para auxiliarla. Dos policías se pusieron en medio, uno me inmovilizó y del golpe me quedé inconsciente", apuntó González, quien subrayó su sensación de impotencia cuando "ves cómo rompen la puerta de tu casa y tus padres no dejan de llorar".

A la finalización de los desalojos, un grupo de trabajadores retiraron los enseres que todavía permanecían en el interior de las viviendas, un breve paréntesis antes de que las palas comenzasen el derribo de las nueve viviendas supervivientes a la demolición de hace cuatro años.
Desde el otro extremo de la playa algunos vecinos contemplaban con el rostro de resignación cómo las maquinas destruían en solo unos segundos su hogar. Bisnieto de Cho Vito, el pescador que dio nombre al poblado, David Castellano lamentó la "caída de una parte de su vida" y de la historia de su familia ante el empuje de las palas. "Es una sensación muy amarga. Yo me he preocupado por ser legal, por tener todo en regla como cualquier otro ciudadano y ahora ves que no sirve absolutamente para nada", explicó con gesto de rabia ante el "atropello" ejecutado por Costas. Sin embargo, al igual que muchos otros vecinos de este barrio ya extinto, confía en que la Justicia "ponga todo en su lugar" en los próximos meses.

Responsabilidades

Precisamente, los vecinos de Cho Vito denunciaron a la Demarcación de Costas –la responsable de gestionar el expediente del poblado de Candelaria– y al jefe del operativo de la Guardia Civil por haber ejecutado los derribos sin contar con la correspondiente orden judicial. El abogado de los afectados, Eduardo Silgo, aseguró que "es la primera vez que se produce un desalojo" sin tener en la mano este documento, por lo que manifestó su deseo de que "se diriman de algún modo las responsabilidades" de esta acción. "Tendrán que ser los magistrados quienes decidan si se puede entrar en un domicilio particular sin la orden", aseguró el letrado después de mantener una breve conversación con el oficial al mando de la Benemérita.

Por su parte, el portavoz de los vecinos, Tomás González, también hizo hincapié en que todavía no se han agotado todas las vías judiciales en relación a Cho Vito en forma de recursos judiciales. En este sentido, subrayó que aunque la Justicia tiene un paso lento en España, a la postre "funciona de manera maravillosa".

González también criticó la falta de sensibilidad de los principales partidos políticos y de las administraciones para alcanzar una solución para el poblado marinero, lo que se ha saldado con nueve familias "en la calle" con "la que está cayendo" en España en la actualidad. "Tienen que justificar más de un millón de euros recibidos de la Unión Europea, pero para rehabilitar la costa, no para desalojar a los vecinos", subrayó para inmediatamente criticar al alcalde de Candelaria, José Gumersindo García, y a la delegada del Gobierno en el Archipiélago, María del Carmen Hernández Bento. Con respecto al primero, le acusó de poseer una vivienda "ilegal", mientras que achacó a la popular su "falta de palabra", ya que les había comprometido a darles una solución.

El portavoz de los afectados por la Ley de Costas en Cho Vito lamentó igualmente no haber recibido propuestas alternativas que beneficiasen al conjunto de las nueve familias desalojadas.

Paralelamente, la Plataforma Canaria en Defensa de los Intereses de los Afectados por la Ley de Costas urgió ayer a los senadores y diputados nacionales de las Islas a aprovechar la reforma de esta norma para exceptuar de su aplicación a Canarias, como se ha hecho con otros territorios del país. En declaraciones a la agencia Efe el presidente de esta plataforma, José Luis Langa, subrayó que la reforma de la Ley de Costas de 1988 pretende "recortar la historia del pueblo canario, que vive y morirá en el mar".

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