Freno al desahucio de un inquilino que debe 600 euros

NORA MARTÍN
SANTA CRUZ DE TENERIFE El Ayuntamiento de Santa Cruz y la plataforma Stop Desahucios lograron aplazar ayer la orden de desalojo contra A. M. E. y sus dos hijos, de 8 y 10 años, que residen en una vivienda social de la Calle Grulla, en el barrio de El Sobradillo.
El inquilino del piso debe la renta correspondiente a los dos últimos años de alquiler a la empresa pública Visocan, dependiente del Gobierno de Canarias y encargada de gestionar estos pisos sociales. Sin embargo, fuentes del Ayuntamiento señalan que, en virtud del Protocolo Antidesahucios aprobado por el pleno, tanto el alcalde, José Manuel Bermúdez, como el Instituto Municipal de Asistencia Social (IMAS) se dirigieron a la autoridad judicial para aplazar el desahucio debido a la situación de desamparo en que quedarían los menores.
Asimismo, la portavoz de Stop Desahucios, Inma Évora, indicó ayer que la plataforma también había remitido un escrito al juzgado para aplazar este desalojo ordenado por Visocan. El IMAS se ofrece además a pagar los 400 euros que esta familia debe a la empresa pública para evitar los perjuicios a los menores afectados.
Según fuentes del Gobierno de Canarias consultadas por este periódico, la orden de desahucio no se debe a la cantidad que deben los inquilinos, alrededor de 600 euros, sino al tiempo en que se ha prolongado la deuda, dos años, a la que se suman también los impagos correspondientes a la comunidad de vecinos del edificio. Añaden que la investigación abierta por Visocan ha constatado que el denunciado cuenta con medios económicos suficientes para pagar los 25 euros mensuales que supone el alquiler de este piso, una cantidad inferior a la renta de partida de estas casas, de 200 euros, debido a las distintas subvenciones que reciben.
A pesar de que los allegados de la familia afectada afirman que este impago se debe a que el padre lleva cuatro años en paro, los técnicos de Visocan indicaron en el expediente tras visitar varias veces el piso que existen evidencias que conducen a la empresa a reclamar esta deuda y a entregar la casa a otra familia sin recursos.
Ayer a las 10:00 horas estaba previsto que se produjera el desahucio. A esa hora, una decena de integrantes de la plataforma Stop Desahucios se presentaron en la Calle Grulla para mostrar su apoyo a la familia y reclamarlo a las autoridades en este tipo de situaciones, que definieron de "incoherentes" e "indignantes". Sin embargo, mientras se producía la protesta, varios vecinos del bloque aprovecharon para manifestar su descontento con una familia que, según ellos, "no nos deja vivir en paz". "No podemos dormir ni entrar sin miedo en nuestro edificio. Hay que defender a los menores, pero no sólo a los suyos, sino a los míos también. En esa casa no paran de armar escándalo y de dejar basura por todos lados. No respetan a los demás y nos hacen la vida imposible", comentó una de las vecinas. La Policía Local confirmó la existencia de estos conflictos entre los afectados por el desahucio y el resto de residentes del edificio, que ha desembocado en una orden de alejamiento judicial por la que el responsable de la casa no puede acercarse a una de las vecinas. Además, hay varios denuncias contra A. M. E. por amenazas de muerte proferidas presuntamente contra los otros inquilinos.
Por su parte, el IMAS ha remitido también un informe a la Dirección General del Menor del Gobierno de Canarias para declarar en desamparo a los hijos por encontrarse desatendidos y reclama su internamiento en un centro de acogida de menores. Según fuentes del Ayuntamiento, durante las distintas revisiones llevadas a cabo para controlar la situación de los niños en la vivienda se dieron cuenta de que los menores de 8 y 10 años no residen regularmente en la vivienda. Los expedientes municipales apuntan que el padre tiene empadronados a sus hijos en la vivienda para conservarla, ya que son estos los que ostentan la titularidad del piso en el que antes residía su abuela.
Tanto el Ayuntamiento como el Gobierno creen que hay que separar los conflictos ya que cada uno será resuelto por las diferentes vías y por los organismos a los que corresponde la competencia.