DANIEL MILLET
SANTA CRUZ DE TENERIFE
La fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Almendral, ha presentado una denuncia contra el exconcejal de Urbanismo de la capital, Norberto Plasencia, y los miembros del Consejo de Administración de la Gerencia por presunta malversación de fondos públicos y prevaricación. La Fiscalía entiende que los responsables de la Gerencia compraron la Casa Siliuto de El Toscal a sus propietarios por 188.000 euros más de su valor real en febrero de 2003, cuando Plasencia era responsable del área.
Según el auto, el Ayuntamiento adquirió el inmueble por 612.000 euros y pagó además otros 11.000 por los impuestos que supuso la operación. Fue el precio que pusieron los dueños de la vivienda, Francisco Siliuto y Carmen Rosa Alonso Siliuto. Y pagó esa cantidad pese a que los propios técnicos de Urbanismo habían tasado la propiedad en un precio muy inferior, de 332.500 euros. Pero hubo otra valoración más, la encargada por Urbanismo a la empresa Tinsa, la misma que hizo una de las valoraciones de los terrenos de Las Teresitas, que consideró que el Ayuntamiento debía abonar 706.000 euros.
Ninguna de las cantidades se corresponde con la que la Fiscalía considera como el valor real. Según un informe pericial encargado por Carmen Almendral, el inmueble vale 475.000 euros y, además, eran los propietarios los que debían haber pagado los 11.000 euros de plusvalía. Según este informe, el Consistorio pagó 188.000 euros más de lo razonable.
La Fiscalía ha llamado a declarar como imputados al exedil Norberto Plasencia y a todos los miembros del Consejo de Administración de la Gerencia de Urbanismo cuando se efectuó la compra. Asimismo, ha llamado a declarar como testigos a los antiguos dueños de la Casa Siliuto, según informó anoche Mírame Televisión.
La Fiscalía adopta esta decisión después de que Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento, y el abogado Felipe Campos, portavoz de la Plataforma contra el Plan General, denunciaran la compra de esta vivienda en la Fiscalía Anticorrupción al entender que había indicios de delito en la actuación de los responsables de la Gerencia de Urbanismo.
El Ayuntamiento compró este edificio para que albergase la Casa de la Juventud, un proyecto que todavía sigue en el aire a la espera de la aprobación del Plan Especial de El Toscal. El borrador del Plan mantiene este uso. Se trata de un inmueble de tres plantas de más de un siglo de antigüedad. El edifico está en la calle San Antonio, en la zona de El Toscal protegida con la declaración de Bien de Interés Cultural. La adquisición fue decidida en el año 2002 por una Comisión de la Gerencia de Urbanismo.
Esta edificación es de arquitectura ecléctica y fue construida a principios del siglo pasado. Es además la primera obra del arquitecto Federico Solé, con un uso proyectado de vivienda unifamiliar con la tipología de villa ajardinada, en la misma línea que los edificios del llamado Barrio de los Hoteles. La construcción se encuentra en buen estado pese a su abandono y hasta hace algunos años sirvió como sede de un pequeño colegio.
La denuncia por el caso Siliuto se conoce un día después de que el Tribunal Supremo se declarase competente para la instrucción, y en su caso enjuiciamiento, de Miguel Zerolo, senador y exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, por un presunto delito de prevaricación relacionado con el denominado caso García Cabrera. Desde el año 2003, el Ayuntamiento veía la necesidad de realizar obras de acondicionamiento en el edificio de oficinas de la calle General Antequera y, para permitir estos trabajos, se decidió habilitar como sede provisional el antiguo Instituto Hermanos García Cabrera. Sin embargo, no se tramitó el correspondiente expediente de contrato de obras, sino que, sin tener en cuenta los principios de publicidad y sin seguir el procedimiento establecido para este tipo de contratos, se encomendó presuntamente la realización de los trabajos a la empresa que llevaba el mantenimiento de los colegios y edificios municipales, Imes.