YLENIA LORENZO
SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tanto ecologistas de la Isla como nacionales rechazan la instalación de un secadero de aletas de tiburón artesano en Arico aprobada por el Gobierno de Canarias por tratarse de una práctica que supone "un crimen". La coordinadora del Partido Animalista Contra el Maltrato Animal en Tenerife (Pacma), Amanda Luis, denunció que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Ejecutivo (Cotmac) acordó excluir el trámite de evaluación ambiental al estimar que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente. Sin embargo, el Ejecutivo regional no ha tenido en cuenta "el sufrimiento de los tiburones".
La portavoz de la organización en la Isla subrayó que la Unión Europea ha prohibido el finning, una práctica que consiste en cortar las aletas a los escualos para luego tirarlos al mar, pero esta normativa no impide la caza de algunas especies siempre y cuando no se separe los apéndices de los cuerpos. El problema está, según explicó, en que esta parte del tiburón es muy cotizada en el mercado asiático, sobre todo en Japón, en donde se usa como ingrediente para sopas o para crear medicamentos.
"Cada kilo de aleta cuesta 600 euros en el mercado, mientras que la misma cantidad de cualquier otra parte del escualo vale tres euros". Su alto valor es lo que provoca, según Amanda Luis, que la pesca en España esté "descontrolada". Por detrás de Taiwan, España "es el mayor proveedor mundial y en 2006 exportó más de 40.000 toneladas", subrayó. Criticó que los pescadores dirán que el tiburón ya había sido pescado, "pero a un buque no le conviene tener a un escualo entero porque ocupa mucho espacio, mientras que si practican el finning caben muchas más aletas en el barco".
Esta práctica "no está controlada y los animales mueren desangrados en el mar". Aunque indicó que aún no se conoce dónde se pescarían estos peces, si en aguas canarias o peninsulares, subrayó que sea como fuere "son vidas".
Cuando se presentó el proyecto de la secadora de aletas al Cabildo de Tenerife a principios del año pasado en Arico, la exalcaldesa del municipio, Olivia Delgado, informó de que la Corporación insular remitió el documento al Gobierno de Canarias al tratarse de un tema de gran trascendencia.
El Ayuntamiento de Arico acordó en abril rechazar la actividad en el municipio basándose en un informe redactado por técnicos locales, en el que se afirmaba que esta práctica era "incompatible con la agricultura y ganadería local". Olivia Delgado detalló que, aunque ya no sea alcaldesa desde hace dos meses, su grupo de partido (PSOE) rechaza este tipo de industria porque afectaría al sector primaria de Arico, además de que la caza "es un atentado contra la especie".
Sin embargo, el actual teniente de alcalde del municipio, Eladio Morales, afirmó que el actual grupo de gobierno local "va a estudiar la propuesta, porque no se puede decir que no a algo que permite el Gobierno de Canarias". Además, detalló que el informe desarrollado por el anterior equipo municipal "no es vinculante".
El catedrático de Biología Marina de la Universidad de La Laguna, Alberto Brito, indicó que en las Islas "no hay tantos tiburones como para que puedan ser capturados y se reproduzcan a tiempo". Subrayó que los escualos están en la cima de la cadena trófica marina y su pesca "alteraría el ecosistema canario". "Provocaría un desajuste que afectaría a la economía de las Islas, por eso ya se prohibió en Estados Unidos", sentenció el experto.