PORTADA PDF

Campos paga 26.200 euros por un dictamen jurídico contrario al PGO

El catedrático de Derecho Tomás Fernández cree que el documento ha caducado y se debe rehacer

 03:00  
Campos paga 26.200 euros por un dictamen jurídico contrario al PGO
Campos paga 26.200 euros por un dictamen jurídico contrario al PGO 

ELOÍSA REVERÓN
SANTA CRUZ DE TENERIFE
El dictamen jurídico elaborado por el catedrático de Derecho Español Tomás Ramón Fernández, por el que el abogado Felipe Campos ha pagado 26.200 euros gracias a una colecta, establece que el Plan General de Ordenación de Santa Cruz (PGO) está caducado y que la Cotmac (Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias) no puede suspender parcialmente lo que ya está aprobado.
Según su criterio, el fuera de ordenación debe resolverse dentro del PGO antes de su aprobación definitiva y no después, como pretende el Ayuntamiento. Asimismo, el dictamen mantiene que el procedimiento está "viciado de nulidad" por la falta del informe del secretario municipal, Luis Prieto.
El jurista Tomás Ramón Fernández, miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, ha calificado al Plan General de la capital chicharrera, en declaraciones a este periódico, de "desastre". "La verdad es que nunca había visto nada igual. El documento está envenenado tanto por problemas políticos como por urbanísticos que tenían que haberse resuelto en su momento. Está podrido y viciado", sentencia el también autor de numerosos manuales jurídicos, entre los que se encuentra el Curso de Derecho Administrativo, escrito junto a Eduardo García de Enterría, y cuya primera edición es de 1974.
Fernández matiza que la única solución que ve a este Plan es darlo por caducado, sanearlo y volverlo a llevar a su aprobación definitiva. Recomienda al Ayuntamiento que se quede con lo bueno del documento y que corrija "todo lo malo", como el fuera de ordenación, rechazando que el PGO se apruebe de forma parcial, que es lo que pretende la corporación local. Advierte de que si no se da solución ya a las 1.500 edificaciones que se encuentran fuera de ordenación, entonces pasará lo mismo que con el Plan de 1992, es decir, las 80.000 familias afectadas se quedarán en una situación de indefensión.
El catedrático de Derecho español no entiende por qué la Cotmac no advirtió al Ayuntamiento en el último informe, en el que estableció los 45 reparos que había que hacer al documento, que este había superado los dos años de plazo que da la Ley de Ordenación del Territorio a los municipios para la última fase de la tramitación del documento. Tampoco entiende que la capital haya tardado más de diez años en aprobar el Plan General, cuando "lo normal" son cinco o seis años.
De todas formas, Fernández comenta que la declaración de caducidad no implica que este tenga que iniciarse de nuevo, sino que "se podrían conservar los trámites ya realizados en el curso del procedimiento y aprobarse el documento en el plazo de medio año con la solución al fuera de ordenación y corrigiendo todos los ámbitos que presentan problemas".
Carpetazo
Felipe Campos, portavoz de la Plataforma contra el Plan General, anunció ayer que solicitará un encuentro urgente con los representantes municipales para darles a conocer el dictamen y espera que por fin "se de carpetazo al PGO de Miguel Zerolo". "Confiamos en que a partir de ahora se elabore un documento que dé respuesta al fuera de ordenación, en el que se establezca un modelo de ciudad adecuado, en el que se deje de beneficiar los intereses de cuatro empresarios y en el que se corrijan todas las ilegalidades y pelotazos que presenta el Plan", comentó el abogado.
Campos advirtió que presentara una denuncia por presunta prevaricación si el Ayuntamiento continúa con su intención de aprobar de forma parcial el PGO, suspendiendo los ámbitos fuera de ordenación (1.500 inmuebles) y los ámbitos con problemas jurídicos, que son los sectores de suelo urbanizable de Montaña Fumero, Costa Cardón, la Zona de Actividades Logísticas, Las Teresitas y Las Huertas.
Precisamente, ayer la concejal del Partido Popular (PP) en la capital Ana Zurita lamentó tener que reconocer que lo más probable es que el futuro del PGO de Santa Cruz lo tenga que resolver un juez. "Me da mucha pena que hayamos llegado a estos extremos y que el equipo de gobierno (CC y PSC) esté jugando con fuego por estar agotando al máximo los plazos para aprobar el documento", comentó.
La concejal también aprovechó para manifestar que le llama demasiado la atención que antes de que se elaborase el dictamen solicitado por la Plataforma en contra del PGO, esta ya estuviese adelantando que iba a ser desfavorable. De todas formas, Ana Zurita sentenció que aunque este sea contrario al Plan, hay otros dictámenes de juristas locales que son favorables.
Felipe Campos aclaró ayer que el dictamen jurídico negativo se ha pagado "gracias a la colaboración ciudadana" y destacó que la Plataforma se ha sentido engañada por algunos empresarios que aseguraron que "colaborarían y que luego no aportaron ni un solo euro". Agradeció el apoyo recibido por la Fundación César Manrique y por el concejal de Por Tenerife, José Manuel Corrales. Recordó que los 26.200 euros que ha costado el dictamen se recaudaron a través de una cuenta bancaria.
Asimismo, indicó que en total se han recaudado unos 28.000 euros y que se espera conseguir un poco más de dinero para intentar traer a Tomás Ramón Fernández a la capital tinerfeña, aunque "ya el dictamen es bastante claro", lo que supondría unos 4.000 euros más.
La primera conclusión que el jurista incluye en su dictamen dice que "el procedimiento de elaboración de la revisión del Plan ha incurrido en caducidad por haberse rebasado holgadamente el plazo máximo de dos años que establece el artículo 2 del Reglamento aprobado por el Decreto 55/2006, de 9 de mayo".
También sentencia que "la Cotmac debió declarar la caducidad del procedimiento y devolver al Ayuntamiento la documentación aprobada provisionalmente por segunda vez el 4 de enero de 2010" y que "el Ayuntamiento no puede adoptar válidamente otro acuerdo en este momento que el de la constatación de la caducidad ya producida y el consiguiente archivo del expediente".
"La Cotmac no podría dejar en suspenso la aprobación definitiva del Plan en lo que respecta a los ámbitos afectados por el fuera de ordenación ni introducir modificación alguna", concluye el jurista.

  HEMEROTECA
  LA SELECCIÓN DE LOS LECTORES
 LO ÚLTIMO
 LO MÁS LEÍDO
 LO MÁS VOTADO

Suplementos

 
 
  CONÓZCANOS:  CONTACTO |  LA OPINIÓN |  LOCALIZACIÓN     PUBLICIDAD:  TARIFAS |  CONTRATAR  
laopinion.es es un producto de Editorial Prensa Ibérica
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de laopinion.es. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.
 

  

Aviso legal
 
Otros medios del grupo Editorial Prensa Ibérica
Diari de Girona  | Diario de Ibiza  | Diario de Mallorca | El Diari  | Empordà  | Faro de Vigo  | Información  | La Opinión A Coruña  |  La Opinión de Granada  |  La Opinión de Málaga  | La Opinión de Murcia  | La Opinión de Zamora  | La Provincia  |  La Nueva España  | Levante-EMV  | Mallorca Zeitung  | Regió 7  | Superdeporte  | The Adelaide Review  | 97.7 La Radio  | Blog Mis-Recetas  | Euroresidentes  | Lotería de Navidad | Oscars | Premios Goya