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SANTA CRUZ

Los abogados tildan de ´terrorífico´ que Bellini grabara un ´vis a vis´ en la cárcel

El colegio de letrados tinerfeño cree que la decisión de la juez del ´caso Las Teresitas´ atenta contra los derechos fundamentales y no tiene precedentes

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Los abogados tildan de ´terrorífico´ que Bellini grabara un ´vis a vis´ en la cárcel
Los abogados tildan de ´terrorífico´ que Bellini grabara un ´vis a vis´ en la cárcel 
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DANIEL MILLET
SANTA CRUZ DE TENERIFE
"Terrorífico", "atentado contra los derechos fundamentales de los ciudadanos" y "un regreso a la era preconstitucional". El Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife califica de esta manera la decisión de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Carla Bellini, de solicitar la grabación de un vis a vis en la prisión de Tenerife II en el marco del caso Las Teresitas entre uno de los involucrados secundarios, Felipe Armas, y su compañera sentimental.

Por esta diligencia, practicada en el año 2007 y cuyas transcripciones fueron añadidas al sumario, el Tribunal Supremo investiga si Carla Bellini cometió un delito de prevaricación y otro contra el derecho a la intimidad de Armas y su novia, que se encontraba ingresada en la cárcel por un delito de tráfico de drogas y que nada tenía que ver con el caso de la compraventa de los terrenos de la playa chicharrera que instruía la magistrada.

Marlén Martín, diputada de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados y su asesora en Derecho Penal y Civil, manifestó ayer a este diario que "no existen precedentes en Canarias" de la incerceptación de las conversaciones en un vis a vis en prisión y que le parece "tan grave" como el caso del juez Baltasar Garzón, que fue condenado el pasado 10 de febrero a 11 años de inhabilitación y expulsado de la carrera judicial por el Tribunal Supremo al interceptar en prisión las comunicaciones entre los cabecillas de la red Gürtel y sus abogados.
"Son casos diferentes pero igual de gravísimos. En el caso de Garzón, éste vulneró el derecho a la tutela judicial que tienen todos los españoles para defenderse en un proceso judicial y en el de Las Teresitas, se trata de un ataque contras los derechos fundamentales, consagrados por la Constitución", explicó Marlén Martín, para quien los jueces "tienen unos límites en la instrucción de las investigaciones que conocen perfectamente y que en estos casos se vulneraron".

La portavoz del Colegio de Abogados consideró "especialmente grave" que la mujer que participó en el vis a vis no tuviera absolutamente nada que ver con el caso y subrayó que el derecho a la privacidad de estos encuentros "están amparados" por la Constitución y por las leyes penitenciarias.

"Me parece increíble que la juez decidiera dar autorización a esa intervención. Es como regresar a la falta de garantías procesales de la etapa preconstitucional, cuando te podían poner una pistola en la cabeza, te torturaban y no pasaba nada. Hay límites que no se pueden sobrepasar", subrayó la experta en Derecho Penal y Civil.

La representante del Colegio de Abogados de la provincia tinerfeña señaló que el Consejo General del Poder Judicial, el órgano que vela por la garantía de la labor de los jueces y magistrados en España, abrirá una investigación si así se lo pide la Fiscalía del Supremo o alguna de las partes implicadas pero "solo si el Supremo considera que Bellini traspasó los límites legales". "El Colegio no puede ni tiene intención de llevar esta situación al Consejo. Lo único que sí podemos hacer es pronunciarnos. Y la verdad es que nos da miedo que algunos jueces que se creen estrellas no respeten los derechos fundamentales", concluyó Marlén Martín.

Felipe Armas es un empleado del empresario Ignacio González al que la Policía Judicial llegó a señalar como su presunto testaferro en la compraventa de Las Teresitas pero cuyas imputaciones por malversación de fondos públicos y prevaricación fueron descartadas por la propia Bellini cuando ésta remitió el caso al Supremo en enero. Ahora se ha querellado contra la responsable de la instrucción por permitir la grabación del vis a vis que mantuvo con su compañera sentimental.

El representante legal de este empleado, el abogado y catedrático de Derecho Penal Jesús Silva, considera que la autorización judicial "invade el derecho fundamental a la intimidad, constitucionalmente proclamado en el artículo 18.1 de la Carta Magna, y también el secreto a las comunicaciones, que se protege en el apartado 3 de tal precepto". El letrado recuerda, además, que según el artículo 45 del Reglamento Penitenciario, "en las comunicaciones íntimas a las que tienen derecho los internos se respetará al máximo la intimidad de los comunicantes".
Silva ha señalado que considera más grave este caso que el de Garzón porque se trata de derechos fundamentales de todos los ciudadanos, que solo se pueden restringir en casos muy excepcionales y debidamente justificados.

Otros abogados, así como profesores de derecho de la Universidad de La Laguna (ULL), coinciden en que Bellini cometió "un error". Esto considera por ejemplo Gerardo Pérez, doctor de Derecho Constitucional y profesor de la ULL. "En España se permite restringir los derechos fundamentales de los ciudadanos en una investigación pero en casos muy contados y extremos, y bajo condiciones muy restrictivas. Y por lo que sé de esta situación, parece que no había una motivación suficiente para vulnerar el de la intimidad, que es uno de los principios básicos de esos derechos", señaló Gerardo Pérez.

Para él, los jueces "no tienen un poder ilimitado" y la medida que adoptó Bellini es "extroardinaria e inusual" en un proceso judicial. De hecho, el doctor en Derecho Constitucional no recuerda un caso parecido en España. "La medida no era la correcta. Es muy criticable. Nuestro ordenamiento jurídico defiende que cualquier fin no justifica los medios. Y esto es así para los ciudadanos, para los abogados, para los fiscales y para los jueces", concluyó el profesor de la ULL.

Una compañera suya de la Universidad, la doctora en Derecho Procesal Alicia González, piensa que la actuación de la magistrada de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJC "no fue de recibo", más si el supuesto testaferro de los González quedó libre de toda acusación, cuando el caso pasó al Supremo por el aforamiento del exalcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, y la persona a la que fue a visitar en prisión no tenía nada que ver con la causa. "Incluso el propio Reglamento General Penitenciario prohíbe grabar los vis a vis para preservar el derecho a la intimidad de los reclusos y las personas que los visitan", matizó.

"No recuerdo ningún caso en el que un juez permitiera interceptar las conversaciones de un encuentro de este tipo en la cárcel", señaló Alicia González, quien entiende que los casos de Bellini y Garzón son "igual de graves" pues van contra dos derechos fundamentales: el de la tutela judicial y el de la intimidad de los ciudadanos.

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