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La Laguna

El Ayuntamiento refuerza la vigilancia de la costa

Prohíbe bañarse, marisquear y hacer surf desde las piscinas de Bajamar a la playa de Los dos hermanos, en La Punta, debido a los desprendimientos

 14:43  

LAURA DOCAMPO
LA LAGUNA
La Concejalía de Seguridad de La Laguna ha intensificado la vigilancia policial de la zona costera entre Bajamar y La Punta ante el peligro de desprendimientos y la llegada del calor, según anuncia en un bando colocado en lugares públicos por todo el litoral. Se trata de una franja de 1,5 kilómetros que va desde el antiguo Hotel Nautilus, en Bajamar, hasta El Roquete, en Punta del Hidalgo, así como el tramo comprendido entre la ermita de San Juanito y la playa de Los dos hermanos, también en La Punta. Además de estar prohibido el acceso y baño a lugares como la playa de El Arenal, tampoco se puede realizar pesca o surf.

En diciembre de 2009 y a mediados de 2010 se produjeron desprendimientos en las laderas de Bajamar y La Punta. Esta situación obligó al desalojo preventivo de las propiedades construidas sobre el risco y a la prohibición de acceder las calas, pero algunos bañistas se saltan las señalizaciones, por lo que Seguridad ha reforzado el control.

Jonathan Domínguez, edil de Obras, explicó ayer que el Ayuntamiento quiere actuar para rehabilitar la costa y evitar que los aludes provoquen una tragedia como la de 2009 en la playa de Los Guíos (Santiago del Teide), que causó la muerte de dos mujeres. Precisó sin embargo que está limitado por el reparto de competencias entre administraciones, que deja a la corporación la responsabilidad sobre los accesos; al Gobierno canario, la competencia del suelo rústico de los acantilados; y a Costas (Estado), la orilla.

En abril, Costas dio un permiso al Ayuntamiento para tirar algunas piedras de gran tamaño, que no pudieron ser retiradas de la playa porque el Consistorio no obtuvo autorización para hacerlo, lo que generó cierta preocupación entre los vecinos al creer que se trataba de nuevos aludes. Al tratarse de lugares públicos abiertos, el Consistorio no puede vallar todos los accesos. Para informar a los usuarios sobre el riesgo han sido enviados agentes de la Policía Local, que realizan dos turnos diarios. Las personas que deciden entrar pese a las advertencias no son sancionadas, pero deben dar sus datos.

Domínguez señaló que ha encargado un informe para definir qué obras se precisan para apuntalar la ladera. A la espera de lo que digan los técnicos, advierte que "las restricciones presupuestarias hacen que sea imposible solucionarlo antes de 2013". Colocar una malla en toda la zona costaría 1,5 millones de euros, apunta el edil, al tiempo que lamenta no poder instalarla por "problemas de competencias". Esta zona seguirá cerrada hasta pasado el verano.

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