Santa Cruz

Ultiman la investigación del ´caso Las Teresitas´

15 imputados, más de un centenar de testigos y seis comisiones rogatorias engrosan el sumario por la compra-venta de la playa

 10:25  
María Farnés, el día que presentó la querella al TSJC, en diciembre de 2006.
María Farnés, el día que presentó la querella al TSJC, en diciembre de 2006.  efe

DANIEL MILLET
SANTA CRUZ DE TENERIFE
"¿Seis años? Pensaba que eran más". Ni siquiera José Ángel Martín Bethencourt se acordaba de todo el tiempo que ha pasado desde aquel 30 de junio de 2005, cuando denunció los supuestos chanchullos con los terrenos de la playa capitalina. Se han necesitado seis años desde que se abriera el llamado caso Las Teresitas, para que la fiscal Anticorrupción, María Farnés, haya dado por concluida la investigación.

30 imputaciones, 15 imputados –entre políticos, funcionarios y empresarios–, más de 35.000 folios, más de un centenar de testigos, al menos seis comisiones rogatorias a paraísos fiscales, una gran pieza separada dedicada a los terrenos de Las Huertas, centenares de declaraciones...

La juez del caso, Carla Bellini, titular de la sala de lo penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), ya tiene sobre su mesa el grueso de las pesquisas y Farnés calcula que en unos seis meses pueda dar carpetazo definitivo a la instrucción y que se proceda a la apertura total del sumario, después de la parcial del 19 de enero de 2008.

Farnés, sin embargo, asegura que todos los imputados por las supuestas irregularidades en la compra-venta de los terrenos de la playa santacrucera ya conocen toda la parte fundamental del sumario que les corresponde a cada uno.

La fiscal asegura que "lo que estaba por atar ya está atado", que hay "múltiples" implicados aparte de los imputados y que la opinión pública entendería la tardanza si supiera lo que significa escalar un Everest judicial semejante. "Solo mi familia sabe las madrugadas enteras que he dedicado a este caso. Todo mi despacho es el caso Las Teresitas", ironiza cuando le achacan la extrema lentitud.

Ha sido tanto tiempo que el destino parece haberse comportado de forma caprichosa. Una de las personas que abrió las pesquisas al denunciar las supuestas irregularidades en la operación, José Ángel Martín Bethencourt, se ha convertido en concejal de Urbanismo del Ayuntamiento. En un efecto boomerang, su misma denuncia le va a impedir ahora sacar adelante la rehabilitación de la playa, por lo menos hasta que no se resuelva el enredo judicial, al que le queda todavía al menos medio año para saber si va a juicio.

Bethencourt no ocupaba ningún cargo público cuando puso su firma en la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción, en nombre de un colectivo social, Ínsula Viable, del que dijo en su momento que no era afín a ningún partido político.

Pero hoy nadie duda de que aquella asociación, de la que no se ha vuelto a saber más, había sido constituida por militantes del PSC, como el propio Bethencourt, quienes alegaron haber asistido atónitos a los tejemanejes que dieron con la compra de los terrenos de San Andrés a los empresarios de Inversiones Las Teresitas con dinero público.

La fiscal Anticorrupción llevó el caso un año y medio después y tras dos prórrogas, en diciembre de 2006, al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Lo hizo ante el alto tribunal porque el principal imputado, el entonces alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, era y sigue siendo aforado como diputado del Parlamento de Canarias.

Una parte de la instrucción, unos 15.000 folios, quedó abierta en enero de 2008. En todo este tiempo se han ido acumulando las imputaciones, las tomas de declaración y el seguimiento a las cuentas de los acusados y su entorno.

Inversiones Las Teresitas (ILT) la constituyen los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González en junio de 1998 y en sólo 48 horas consigue un préstamo de 33 millones de euros. El mismo día, ILT compra por 30 millones los terrenos a la Junta de Compensación que representaba a los propietarios de los terrenos del frente y la trasera de la playa. Tres años más tarde, el pleno del Ayuntamiento aprueba por unanimidad, incluido el apoyo de los concejales socialistas de entonces, un convenio urbanístico por el que compra a ILT con dinero público el frente de playa por 52 millones de euros y pacta con Inversiones la recalificación del suelo que ésta se reserva en el Valle de Huertas.

Las dos últimas incorporaciones a la larga lista de imputados se produjeron en mayo de 2011. Carla Bellini llama para prestar declaración a Carlos Antonio Plasencia Romero y Pedro Miguel González Santiago, hijos de los empresarios de ILT, acusados de un presunto delito de malversación.

La vez anterior que esta lista se incrementó fue en marzo de 2010, cuando la juez imputa por un presunto delito de cohecho a José Luis Martín, que fuera expulsado del PSC-PSOE como consecuencia de un expediente por prácticas irregulares por su apoyo a la operación cuando fue concejal de la capital.

En ese auto, la magistrada también sumó nuevas imputaciones por un presunto delito de cohecho de los ex concejales Emilio Fresco (PSC-PSOE) y José Emilio García Gómez (PP), que ya figuraban en el sumario como posibles autores de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.

Aparte de Zerolo, los otros principales imputados por presunta prevaricación y malversación de fondos públicos, en el mayor caso de supuesta corrupción que se investiga en Tenerife, son Manuel Parejo (exconcejal de Urbanismo y ex primer teniente de alcalde) y los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González.

"Me han juzgado, condenado y he pagado la pena. No creo que haya nada peor que estar sometido a todo lo que se ha dicho cuando tienes la conciencia tranquila porque lo has hecho lo mejor que has podido. Pero me tocó a mí. Ahora sólo queda que el tiempo dé y quite razones". Esto es lo que piensa el exalcalde.

Pero el tiempo aún sigue sin dar ni quitar razones en una operación que Zerolo catalogó como "lo mejor que se podía hacer para los santacruceros" y para evitar que los compradores de los terrenos construyesen apartamentos en la parte trasera de Las Teresitas, tal como habían previsto hasta la polémica venta al Ayuntamiento.
Farnés se acaba de reincorporar a su puesto al frente de Anticorrupción tras una delicada operación que le ha tenido más de un mes de baja. Repudia las acusaciones de politización de algunos de los imputados y las críticas por la tardanza, pero también que se hayan filtrado las declaraciones ante la juez del propio Zerolo, Manuel Parejo, Emilio Fresco, Emilio García Gómez o Víctor Reyes.

Y, mientras, Martín Bethencourt acaba de tomar posesión al frente de Urbanismo con la principal promesa de ejecutar la sentencia que obliga a ILT a devolver al Ayuntamientos los 52 millones, más intereses, de la venta.

Carnaval de Tenerife

Imagen de archivo.
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