SANTA CRUZ

La fiscal pide cárcel para tres concejales por el mamotreto

El Ministerio acusa a los concejales de delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística. También exige su inhabilitación y que paguen de su bolsillo el derribo del edificio

 14:59  

NOÉ RAMÓN
SANTA CRUZ DE TENERIFE
La fiscal contra los delitos medioambientales, Inmaculada Violán, ha elevado su escrito de acusación por el conocido como caso mamotreto. Pide la apertura de juicio oral y tres años de cárcel para los concejales Manuel Parejo y Norberto Plasencia, otro tanto para el ex responsable de Obras, José Pastor, y dos para Luz Reverón, ya formalmente acusados.

En esta misma situación procesal se encuentran los técnicos de la Gerencia de Urbanismo, Epifanio Gómez, Loreto Ariz y Candelaria Benítez, para los que la fiscal pide dos años de prisión para cada uno de ellos excepto para Ariz, que solicita tres. Todos están acusados de delitos relativos a la Ordenación del Territorio y Prevaricación Urbanística. El Ministerio Público además exige que los responsables de la comisión de los supuestos delitos paguen de su bolsillo el derribo del edificio y la indemnización a la concesionaria de las obra, OHL, además de inhabilitación y sanciones económicas.

La Fiscalía entiende que el mamotreto es ilegal, se construyó sin permiso ni autorización alguna y las obras ni siquiera se detuvieron después de que la sentencia del Tribunal Supremo (TS) del año 2007 anulara la operación de compraventa del frente de la playa. Violán recuerda todos los avatares que han rodeado la ejecución de la obra. Para la fiscal no hay duda de que el edificio incumplía la normativa urbanística de aquel momento y la que entró luego en vigor.

Ello es así en cuanto a usos y aprovechamientos de suelo por contemplar enclaves destinados a viales o espacio público y quedar fuera de la línea respecto de la alineación exterior, así como en volumen de ocupación máxima permitida y en cuanto a la superficie, que no se justificaba en el proyecto.

El visto bueno de la actuación, ideada por el arquitecto francés Dominique Perrault, data del año 2001. Se trataba de un proyecto global que se dividió en dos fases diferenciadas a cada una de las cuales les correspondían fases independientes. La financiación de una de ellas corría a cargo del Ayuntamiento, Cabildo y Gobierno de Canarias y la otra, de la Dirección General de Costas. Las primeras actuaciones se iniciaron en el año 2006 y contemplaban el desmonte y derribo del campo de fútbol y de la Cofradía de Pescadores para la construcción del edificio de aparcamientos y centro comercial al inicio y de un auditorio al final.

En el primer caso se iban a ocupar 1.223 metros cuadrados de terrenos de Costas. Otro tanto ocurría con el resto de la actuación que discurría por dominio público en su totalidad. En la zona final se contemplaba una plataforma bajo la cual se preveía la instalación de diferentes servicios sin especificar, todo ello también en terrenos de Costas. Por ello, era necesario la firma de un convenio que se llegó a negociar, pero que nunca se firmó después de que la Dirección General dudara de la titularidad de los terrenos a raíz de la anulación de la compraventa. "En todo caso, la construcción del edificio de aparcamientos requería la previa autorización de órganos supralocales como la comunidad Autónoma y Costas por la afección al dominio público Marítimo Terrestre".

La Viceconsejería de Medio Ambiente exigió en 2004 un proyecto de impacto ecológico dada la envergadura de las obras, que nunca se llegó a redactar. La fiscal no duda de que todos los acusados han actuado "con plena conciencia" de las irregularidades y de decidir "arbitrariamente iniciar, tramitar e impulsar el procedimiento". A finales de 2007, Costas envió un escrito al Ayuntamiento "recordando" que las obras no contaban con autorización pese a afectar a dominio público. La fiscal vuelve a retirar que las actuaciones "no son susceptibles de legalización", tal y como ya ha certificado en dos ocasiones la juez instructora del caso.

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