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Igueste lleva su rechazo a la Ley de Costas a Europa

Los afectados urgen al Ayuntamiento a que les dé la documentación que demuestra que el núcleo se urbanizó antes del año 1988 para salvar así 22 casas y 98 fincas

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Panorámica aérea del pueblo de Igueste de San Andrés.
Panorámica aérea del pueblo de Igueste de San Andrés.  josé luis gonzález

GORETTI ALONSO
SANTA CRUZ DE TENERIFE
Los vecinos de Igueste de San Andrés afectados por la aplicación de la Ley de Costas han acudido hasta el Parlamento Europeo para evitar que se ejecute esta normativa en sus propiedades. En este pueblo pesquero existen un total de 22 casas y 98 fincas agrícolas perjudicadas por el deslinde marítimo, lo que suponen más de 5.700 metros de extensión y unas 750 personas afectadas.
Costas ha establecido para este núcleo poblacional una servidumbre de 100 metros con respecto al mar, algo a lo que ha dado respuesta hace tan solo tres días la Audiencia Nacional. El Abogado del Estado ratifica que la aplicación de estos 100 metros "es legal y correcta", según ha explicado el letrado de los vecinos afectados, José Luis Langa.
Sin embargo todavía existe una oportunidad para que los habitantes de este grupo de casas puedan optar a que su pueblo se acoja a un deslinde no superior a los 20 metros, el mínimo que establece la normativa. En un plazo máximo de 15 días tendrán que presentar toda la documentación necesaria para demostrar que el barrio de Igueste de San Andrés fue un núcleo urbano antes de que se aprobara la Ley de Costas en el año 1988.
"El problema llega cuando es el mismo Ayuntamiento quien no nos ha facilitado esa documentación a nosotros por mucho que se la hemos pedido durante meses", valoró Manuel Vera, vecino de Igueste. De hecho, desde junio de 2009 solicitaron "a la Gerencia Municipal de Urbanismo estos papeles sin que se haya producido ningún tipo de acercamiento por parte del Consistorio capitalino", criticó Vera.
Sin embargo, en esta ocasión el Consistorio santacrucero no puede negarse, ya que ha sido la misma Audiencia Nacional la que le ha exigido que certifique la situación que tenía Igueste de San Andrés en la fecha en que se publicó la normativa. "Esperamos que el Ayuntamiento esté de nuestra parte, porque estar de nuestra parte es estar de parte de todo el pueblo", opinó el abogado.
La postura de este letrado se inclina a que "la Ley de Costas cambie de forma radical, ya que Canarias es una de las zonas más afectadas". Consideró que los residentes en las Islas viven "rodeados de agua, por lo que es necesaria una movilización de todos ante esta problemática y no solo de los que están afectados directamente. Mañana le puede afectar a cualquiera", concretó. De hecho, actualmente esta normativa "perjudica en las Islas a un total de 40 poblados y a más de un millar de viviendas en todo el Archipiélago", subrayó para explicar la situación con las que se enfrenta Canarias.
En palabras de José Luis Langa, que habló como representante en Canarias de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, esta norma "vulnera la Declaración Universal de Derechos Humanos, la carta de derechos fundamentales de la Unión Europea e incluso la Constitución Español". Asimismo, la valoró como "retroactiva, arbitraria y abusiva".
Asociación
Los vecinos de Igueste consideraron que "no es posible" que se acepten los 100 metros de deslinde. "Igueste de San Andrés dispone, desde mucho antes de 1988, de todos los servicios mínimos de un núcleo urbano: alcantarillado, carreteras, alumbrado público, iglesia, cementerio, colegio...", apuntó José María Alberto Melián, presidente de la Asociación de Vecinos Haineto Príncipe de Anaga.
Este colectivo exige que el Ayuntamiento les apoye y les facilite toda la documentación necesaria para demostrar que son un pueblo. De hecho, la iglesia cumple 101 años este 2011 y el cementerio, 200. "En la costa hay viviendas de hace más de 140 años que ahora van a ser derribadas sin que hagan ningún daño", opinó Melián.
De momento solo disponen de los certificados que les ha facilitado el Cabildo de Tenerie que se refieren a la materia que les compete: carreteras. De resto, deben esperar "a la buena voluntad" de las concejalías pertinentes en el Consistorio. "Se pasan la pelota de Urbanismo a Obras Públicas, de Luz Reverón a Norberto Plasencia. A nosotros nos da igual quién nos lo de por que solo necesitamos que nos ayuden", rogó este vecino.
Sin derribos
De ejecutarse esta norma, no se derribaría ninguna vivienda que estuviera entre los 20 y 100 metros de servidumbre. Las casas y fincas dentro de este deslinde no pueden ampliarse; solo tendrán permitido ejecutar obras de rehabilitación y de mantenimiento. Nunca se podrá construir una edificación de ningún tipo. En definitiva, estas propiedades se clasifican como fuera de ordenación.

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