La casa de Manuel Torres tiene una orden de derribo

N.R.
SANTA CRUZ DE TENERIFE La vivienda de Manuel Luis Torres Herrera, situada en Residencial Anaga, es una de las cinco en este ámbito que están afectadas por sentencias firmes que ordenan su demolición. Estas licencias fueron otorgadas hace años por otro cargo del PP, Pablo Matos, cuando ejercía como concejal de Urbanismo. Torres Herrera era viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias cuando se acabó esta casa a finales de los años noventa y en la actualidad es coordinador de política local en la dirección regional del PP.

Los problemas con el chalet se iniciaron a principios de esta década, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) no sólo ratificó la necesidad de restaurar el orden urbanístico infringido sino que dio un tirón de orejas al Ayuntamiento por su pasividad a la hora de hacer respetar la legalidad en este ámbito. La correspondiente denuncia la presentó la empresa Administradora Patrimonial Radazul SL y el vecino Pablo José Mora Yanes. A mediados de la década se empieza a intentar encontrar alguna alternativa para legalizar estas obras.
Ilegalidades

La Unidad de Edificación y Disciplina informó a principios de 1998 del proyecto de construcción de una vivienda unifamiliar de dos plantas y un sótano. A finales del año anterior, el concejal de Urbanismo, Pablo Matos, había considerado que el edificio estaba de acuerdo con las determinaciones contenidas en el Plan Parcial y le otorgó la licencia. Sin embargo, dos años después se realiza un informe donde se detecta el incumplimiento en uno de los muros del edificio. Se estima que tanto este error como otros del inmueble no son legalizables.

Urbanismo pudo comprobar que efectivamente la edificación no se ajustaba a lo establecido en el Plan Parcial del Centro Residencial Anaga y al Plan General de Ordenación (PGO) aún en vigor. Para legalizar la obra, además, es necesario llevar a cabo la demolición de los muros ejecutados que no se ajustan a la licencia concedida. En concreto, este lindero supera en cinco metros lo permitido.

De forma automática se determinó que el inmueble estaba fuera de ordenación, dado que la edificación ejecutada no se ajustaba a lo establecido en los distintos planes. Por lo tanto, se indica que enel inmueble sólo podían realizarse las obras de reparación y conservación que exija la estricta conservación de la habitabilidad o la utilización conforme al destino establecido. "Salvo autorizaciones excepcionales cualesquiera otras obras serán ilegales y nunca podrá dar lugar a un incremento del valor de las expropiaciones que se puedan realizar", plantea el informe.

Tanto en este caso como en otros más que se suceden también en el ámbito de Residencial Anaga, la Gerencia de Urbanismo ha introducido en el nuevo PGO una cláusula indicando que, una vez aprobado el planeamiento, "se podrá instar la legalización del inmueble, siempre y cuando dicha opción sea posible conforme a las nuevas determinaciones de ordenación urbana", que precisamente se han cambiado en el nuevo documento. En el año 2007, los denunciantes se dirigieron de nuevo a los juzgados poniendo sobre la mesa la inactividad de la administración ante la queja presentada. Ese año se decide devolver el expediente a su origen, lo que implica que se deja sin efecto la declaración como fuera de ordenación.

Además, el TSJC confirma el auto que rechazó la caducidad de la facultad de la Administración para ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística y ordenó que se continúe con el expediente que concluiría, previsiblemente, con la demolición del inmueble.

En estos momentos el expediente se encuentra a la espera de que se apruebe el nuevo Plan General, con lo cual se abre la posibilidad de que pueda definitivamente verse legalizado. Sin embargo, también se ha instado al propietario para que solicite la legalización de estos muros con el fin de irlos adecuando a lo contenido en el nuevo Plan.

El propietario presentó hace ya un año este informe de legalizaciónen el que se incluía un proyecto para cumplimentar este paso. En él se indica que las acciones para ejecutar apenas son "unas obras menores, ya que a fecha de hoy no afectan a ningún elemento estructural ni significativo de la casa. Es una obra simple".

Mientras se han sucedido los escritos de los denunciantes en los que se pone en evidencia que no se está cumpliendo con las obligaciones legales y que incluso se han pasado ya los plazos para hacerlo y que fijó el TSJC. Ahora mismo son cinco los fallos firmes de derribo que siguen sin ejecutarse en el ámbito de Residencial Anaga. Las denuncias por el supuesto trato de favor que se da a los dueños de los inmuebles son continuas y han llegado de la Plataforma en contra del PGO. Uno de los casos más llamativos es el de esta vivienda que se sitúa en el número 19, ya que los tribunales han reprochado a la Concejalía de Urbanismo la lentitud para hacer cumplir la actual ley.