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Santa Cruz

Justicia y Sociedad denuncia el caso ´bragasgate´

Los juristas aconsejan a la Fiscalía Anticorrupción que llame a declarar al interventor general y al secretario general del PP

 12:37  

S.R. BOROBIA
SANTA CRUZ DE TENERIFE
La asociación de juristas canarios Justicia y Sociedad denunció ayer el caso de las facturas de Santa Cruz, conocido como bragasgate, ante la Fiscalía Anticorrupción. Según la asociación, queda demostrado que el informe de la Intervención General del Ayuntamiento de la capital tinerfeña evidencia "gastos impropios" y "gravemente irregulares" realizados por el grupo municipal del Partido Popular (PP) durante el mandado 2003-2007.

En la denuncia también se hace referencia a las declaraciones públicas hechas por la presidenta del PP de Tenerife, Cristina Tavío y el secretario general del PP de Canarias, Manuel Fernández, en las que confiesan que el grupo popular de Santa Cruz transfería dinero público a su partido. Incluyen además declaraciones de Guillermo Díaz, concejal del Partido Popular en Santa Cruz en el anterior mandato.

Según la interpretación que estos juristas realizan de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos vigente en esos años, los grupos municipales no podían ingresar su asignación económica a sus respectivos partidos para ayudarles a afrontar gastos.

Aunque admiten que esta práctica no constituye delito alguno, "aunque debiera", sí es una forma ilegal de financiación. Por eso, explican que la conducta penalmente relevante no es el ingreso de las subvenciones del grupo municipal en el partido político, sino la forma en que el PP quiso ocultar este hecho. "Son los los medios, las formas y los modos en que se trató de aparentar fraudulentamente la regularidad en el gasto realizado con la intención de engañar y burlar a los órganos de fiscalización interna del Ayuntamiento", afirman.

Justicia y Sociedad se refería a las facturas presentadas por el grupo del PP para ocultar el ingreso del dinero en el partido. Facturas referentes a ropa interior, comidas, bebidas, pantalones, gafas de sol, estancias en hoteles con circuitos termales incluidos, guantes, flores, televisiones, cojines, camisas, reproductores de música y otros objetos personales que poco tienen que ver con el servicio público de los concejales.

A partir de ahí, la asociación denunciante indica que puede pasar dos cosas: Si las compras hechas con dinero público son reales (algo que niegan Tavío y Fernández), "podríamos estar hablando de una malversación de caudales", pero si las facturas presentadas justificaban gastos distintos a los realizados, los juristas informan que podría ser un delito de falsificación documental.

En la denuncia también se adjunta el contenido de un correo electrónico que el PP envió ayer a los militantes. En él se aconseja a aquellos que participan en tertulias o tienen concertadas entrevistas lo siguiente: "Por mucho que los periodistas insistan, tenemos que tener la suficiente capacidad para desviar este asunto, pues está claro que lo único que pretenden es seguir manteniendo este tema de actualidad, pero sólo la parte correspondiente al Partido Popular, no de otros partidos. Nuestros dirigentes, incluido el presidente del PP de Canarias, José Manuel Soria, ya se han pronunciado y no creemos conveniente dar más explicaciones de las que se han dado".

Según Justicia y Sociedad, este correo electrónico tiene como objetivo imponer la ley del silencio. Para no centrar su requerimiento sólo en el grupo del Partido Popular, estos juristas adjuntan además el informe completo de la Intervención General del Ayuntamiento de Santa Cruz, con las facturas de los grupos del PNC, PSC y CC.

La asociación recomienda igualmente a la Fiscalía Anticorrupción que llame a testificar a Santiago Gómez Ferrandis, interventor general en el anterior mandato, y a Manuel Fernández, secretario general del PP.

Los juristas denunciantes aseguraron ayer que las conductas descritas por parte del PP se producen en el contexto de un Ayuntamiento "marbellizado", con un alcalde y concejales altamente "competitivos" a la hora de generar imputaciones judiciales por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo. Además, indican que Santa Cruz es una de las capitales españolas con mayor porcentaje de ediles imputados por causas judiciales abiertas en casos de "grave" corrupción.

Sobre el caso bragasgate, insistieron en que la ilegalidad de la conducta "es evidente", lo mismo que "el descaro con el que han sido reconocidas tales conductas fraudulentas de forma expresa, pública y directa por los propios dirigentes del partido implicado".

También aluden a las declaraciones del secretario general del Partido Popular, según las cuales "cada uno se metió las manos en los bolsillos y sacó las facturas personales que tenía y las aportó para cubrir ese dinero".

Es decir, "con el ánimo de defraudar se aportaron facturas que no se correspondían con la realidad de los gastos realizados sino con otros de carácter personal, lo que en palabras de Manuel Fernández es un subterfugio".

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