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SANTA CRUZ

Recortarán los trámites para pagar antes a los proveedores

La sesión plenaria de hoy dará luz verde a la puesta en marcha de un plan de fiscalización que aportará más agilidad y transparencia a los procedimientos

 14:18  

ANDRÉS LOBATO
SANTA CRUZ DE TENERIFE
Agilizar los pagos a proveedores y las concesiones de ayudas sociales y ofrecer una mayor transparencia a la gestión del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Con estos objetivos, el último pleno municipal antes de las vacaciones estivales aprobará previsiblemente hoy, a partir de las diez, la implantación del llamado Plan de fiscalización previa limitada y exención de fiscalización previa. Gracias al desarrollo de esta medida, el Consistorio tendrá mayores facilidades a la hora de reducir el plazo máximo para estos pagos hasta los 50 días que establece la Ley de Morosidad para el próximo año 2011. En la actualidad, la media del Ayuntamiento para realizar este tipo de pagos se sitúa en los 60 días.

La propuesta, formulada por el alcalde, Miguel Zerolo, y elaborada por el consejero de Servicios Centrales, Manuel Fernández, servirá para adaptar la estructura municipal a esta normativa aprobada recientemente por el Congreso de los Diputados y que rige los pagos de todas las administraciones españolas desde su entrada en vigor el pasado día 7 de julio.

Hasta la fecha, Intervención lleva a cabo el control interno de estos procedimientos a través de una fiscalización previa de cada uno de los actos, documentos o expedientes susceptibles de generar derechos y obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos. Según Manuel Fernández, este modelo retrasa excesivamente la fiscalización, lo que repercute de forma directa en la tramitación de dichos expedientes, lastrando así la gestión municipal.

Con la adopción de este plan, el Ayuntamiento capitalino reducirá el volumen de burocracia necesario para cada procedimiento. "Así daremos mejor respuesta a las necesidades de los ciudadanos", señaló Fernández, quien segundos después añadió que el modelo tradicional de control "ya no es el más idóneo para llevar a cabo una gestión moderna y eficiente".

Una vez aprobado e implantado en la estructura municipal, la fiscalización previa de los procedimientos tendrá carácter limitado. De este modo, los plazos de tramitación gozarán de mayor velocidad, mejorando así los procesos administrativos y la calidad del servicio. Según la estimación del consejero de Servicios Centrales, el establecimiento de este plan reducirá en aproximadamente el 50% el tiempo necesario para la tramitación de los pagos a proveedores y las ayudas a los colectivos de carácter social.

La implantación de este nuevo proceso de control conllevará además cierta reestructuración de la Concejalía de Recursos Humanos, principalmente dentro del área de Intervención. "Hay que establecer ciertos condicionantes puntuales, sobre todo en los aspectos concernientes a la auditoría", explicó Fernández.

El concejal popular indicó igualmente que la aprobación en la sesión plenaria supondrá el inicio de un proceso de adaptación de la administración que comenzará en el próximo curso político. "Nuestra intención es que el plan de fiscalización previa funcione antes de final del presente año. Seguramente durante el otoño estará ya en marcha", señaló. De este modo, explicó, los expedientes que ya se encuentren en Intervención proseguirán su camino a través del sistema tradicional, mientras que los nuevos ya serán regulados con fiscalización limitada.

El nuevo sistema permitirá asimismo dotar de mayor transparencia a la gestión municipal. Una vez puesto en funcionamiento, Intervención presentará ante el pleno municipal un informe de auditoría en que se rendirá cuentas sobre la situación de los expedientes y sus posibles incidencias.

"En la situación de crisis en la que nos encontramos, tenemos que dar una respuesta rápida a cuestiones tan fundamentales como los temas sociales", añadió para, instantes después, subrayar que la importancia de efectuar con la mayor velocidad los pagos a los proveedores para inyectar liquidez a la economía santacrucera.

Con la puesta en marcha de este nuevo modelo de fiscalización, y la consiguiente agilización en los pagos, el Ayuntamiento da un nuevo paso para satisfacer una de las mayores demandas de los empresarios. La Cámara de Comercio de Santa Cruz aseguró tras la entrada en vigor de la Ley de Morosidad, que era una de las "medidas económicas más útiles y acertadas de los últimos tiempos".

Esta organización empresarial reclamó el pasado día 8 de julio la puesta en marcha de "los instrumentos financieros necesarios" para que el sector público cumpla los plazos de pago que marca la ley y "deje de estrangular la capacidad de inversión de muchas empresas canarias"

Según los datos de la Cámara de Comercio, las instituciones del Archipiélago adeudan en la actualidad más de 1.700 millones de euros a las empresas, una circunstancia que ha provocado numerosos problemas a éstas en su actividad. Según su presidente, Ignacio González Martín, estas deudas con el tejido productivo "son un freno a la recuperación económica y al mantenimiento del empleo".

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