Plasencia responsabiliza a Perrault y al Gobierno del ´caso mamotreto´

NOÉ RAMON
SANTA CRUZ DE TENERIFE El concejal de Vías y Obras, Norberto Plasencia, recurrió ante la juez que investiga el caso mamotreto a la misma estrategia que el resto de los imputados. El edil culpó al arquitecto francés, Dominique Perrault, al ejecutivo canario y a la Demarcación de Costas de que el proyecto no contara con autorización.
Además, el concejal aseguró que desconocía las posibles afecciones que la obra podía tener sobre los terrenos que son propiedad de Costas. Plasencia señaló que nadie le advirtió ni de este extremo ni de la necesidad de que la obra contara con una autorización para edificarse sobre estos terrenos.
El concejal descartó que tuviera conocimiento de que se cometiera ningún tipo de ilegalidad en la construcción del edificio de aparcamientos y centro comercial situado en Las Teresitas.
Dado por supuesto
Señaló Plasencia ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5, Juana María Hernández y la Fiscal de Delitos Medioambientales, Inmaculada Violán, que cuando este asunto se llevó por primera vez en el Consejo de la Gerencia, siendo él concejal, "daba por supuesto que el proyecto incluía todas las autorizaciones y licencias preceptivas y no sabía que se estaba tramitando otro deslinde".
Pese al aparente desconocimiento de Plasencia sobre algunos de los pormenores de la obra, lo cierto es que reconoció que participó en una reunión en París con el arquitecto de la obra, Dominique Perrault. Tampoco entonces se le advirtió de nada. La obra tenía apariencia de legalidad porque, entre otros extremos, la revisión del Plan General de Ordenación (PGO) tenía el informe positivo de Costas y de la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac).
Cuando en 2005 se aprobó el expediente de contratación de la obra, Plasencia ya era concejal de Vías y Obras y votó a favor de la misma, al igual que ocurrió un año después cuando se acordó la adjudicación. Plasencia reconoció su participación en otras dos reuniones de la Gerencia de Urbanismo.
La última aprobó una modificación del proyecto para construir una planta más bajo tierra. En varios momentos de su declaración, el concejal reitera que Costas nunca puso ninguna objeción al proyecto, ni tuvo conocimiento de que se exigiera la paralización de las obras cuando iban a afectar a terrenos del organismo estatal.
Plasencia no pudo concretar la razón por la que finalmente se detuvieron las obras, si fue a causa de que así lo decidió la empresa constructora o a requerimiento de Costas. Sí apuntó que se produjo una paralización temporal y luego se volvieron a reanudar hasta que finalmente quedaron suspendidas tras un acuerdo plenario.
Plasencia reconoció que tenía conocimiento de que la estructura edificada en la actualidad está dentro de la zona de servidumbre que es competencia del Gobierno de Canarias y que el Ejecutivo autónomo debe tener conocimiento de estos hechos, dado que participó en la financiación de la obra.
Indicó que votó en contra del derribo del edificio al entender que en este enclave sólo puede construirse un aparcamiento, "de la misma manera a como está o de madera. No tiene sentido la demolición de lo construido sin modifcar antes el planeamiento vigente".
Plasencia se acogió a su derecho a no responder a las preguntas de los abogados defensores de los restantes imputados y de la Fiscal. Sí señaló que desconocía de que se había iniciado un expediente sancionador por parte de Costas o del Ejecutivo canario.