Urbanismo asesora a Anaga en su batalla contra Costas

NOÉ RAMÓN | SANTA CRUZ DE TENERIFE El alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo y la concejal de Urbanismo, Luz Reverón, han prometido su apoyo a los vecinos de Anaga en su lucha contra la Dirección General de Costas para evitar posible el derribo de sus viviendas. La pelota está ahora en el tejado del Tribunal Supremo (TS) que tendrá que decidir si los caseríos de Tachero, Almáciga y Roque de Las Bodegas son o no urbanos. La Audiencia Nacional ratificó el mes pasado el deslinde hecho por Costas que fija que la zona de servidumbre debe de ser de cien metros a veinte. Los vecinos piden que se reduzca a 20 para que sus caseríos no corran peligro de derribo.

Zerolo y Reverón se reunieron ayer con una veintena de afectados para analizar la sentencia de la Audiencia que deja a cerca de doscientas cincuenta viviendas de estos núcleos fuera de ordenación por estar en suelo público.

El alcalde dijo que aún se está en plazo de presentar un recurso de casación ante el TS. "Los vecinos van a contar con todo el apoyo de la Gerencia de Urbanismo para que les facilitemos todos los datos que necesiten", espetó el regidor.

Zerolo reiteró su convencimiento de que el resultado del contencioso es "una injusticia" y consideró que Costas debe tener en cuenta que la realidad de Canarias es diferente a la del resto del territorio nacional. "Cualquier persona con un poco de raciocinio ve aquello y se da cuenta de que estos caseríos llevan allí un montón de años y que lo que está pasando no es justo ni razonable", ´añadió.

La portavoz de los vecinos, Antonia Déniz, indicó que los responsables del Ayuntamiento se habían comprometido a elaborar los informes que sean necesarios para defender su postura frente al Supremo. La Corporación local asumirá los gastos de este litigio para las familias con menos recursos económicos. Recordó Déniz que hasta ahora han tenido que hacer frente con recursos propios a 18.000 euros en gastos judiciales.

Informes. En el resultado final de este contencioso tendrá mucho que ver el contenido de los informes que elabore Urbanismo y que demostrarán o no que estos caseríos eran urbanos antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas en el año 1988. Tras conocer la sentencia, los vecinos acusaron al Ayuntamiento de que los informes elaborados eran contradictorios y que no se atenían a la realidad de estos caseríos.

Estos vecinos se reunieron ayer con sus abogados para conocer el contenido de los documentos pero en principio van a solicitar que se analice la realidad de cada caserío por separado. En los documentos presentados ante la Audiencia se reconocía que Almáciga y Roque de Las Bodegas eran núcleos consolidados antes de 1988, pero se ponían objeciones a Tachero. Déniz consideró que el resultado de la sentencia, "ha sido como sentirnos estafados, estamos hundidos".

La confusión surge, según estos residentes, de la denominación como asentamiento rural en la que vienen contemplados los caseríos dentro del Plan de Uso y Gestión del Parque Rural de Anaga. "A la Audiencia no le dio la gana de separar un caso de otro". Los vecinos no quisieron arremeter contra los informes de Urbanismo y se limitaron a señalar ayer que "son flojitos".

Estos vecinos recuerdan algunos casos parecidos en Asturias y en Galicia en los que Costas ha atendido las peticiones de los residentes. "No pedimos ninguna excepción sino que se aplique la ley. No somos un poblado marinero, ni tenemos carácter etnográfico. Nosotros somos doscientas personas que vivimos allí constantemente", explican. De mantenerse la zona de servidumbre en los cien metros seguiría viéndose afectado el 75 por ciento de Almáciga, explican.

Fechas y contenciosos

Mayo de 2006
Comienzan a salir a la luz pública las primeras noticias sobre el efecto del deslinde en los caseríos de Anaga. El propio PSOE advierte que Almáciga podría desaparecer en caso de que se mantenga una zona de servidumbre de 100 metros.
febrero de 2007
Los vecinos de Anaga empiezan a movilizarse a través de manifestaciones. Las instituciones canarias les dan su apoyo y prometen cambios en los planeamientos para evitar que se vean afectados por la decisión de la Dirección General de Costas.
febrero de 2007
La principal consecuencia práctica de este apoyo del ejecutivo canario es que la Comisión del Territorio y Medio de Canarias (Cotmac) declara los tres núcleos como urbanos. Comienza así la lucha entre el ejecutivo canario y Costas que acabará en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), al impugnar el organismo estatal la decisión de la Cotmac. Los tribunales mantendrán luego de forma cautelar el deslinde en 100 metros.
julio de 2007
Los vecinos de Anaga inician su batalla legal en contra del deslinde. Presentan un recurso ante la Audiencia Nacional pidiendo que la zona de servidumbre pase de cien a veinte metros.
marzo de 2009
La Audiencia Nacional se pronuncia en contra de la reducción de la zona de servidumbre y considera que los vecinos no han presentado pruebas de que los caseríos eran urbanos antes de la Ley de Costas. El fallo se recurrirá ante el Tribunal Supremo.