NOÉ RAMÓN | SANTA CRUZ DE TENERIFE
-¿Qué valoración hace del debate que ha tenido lugar en el Parlamento sobre el Plan General de Santa Cruz, en el que se ha decidido cambiar la Ley del Territorio de Canarias?
-Creo que sí tenemos margen legal suficiente para poder matizar el concepto de fuera de ordenación y, a partir de ahí, saber qué edificaciones deben estar en realidad fuera de ordenación, cuáles no, y por qué razones. Debemos procurar que a las edificaciones que no crean conflictos con los viales y demás, que es lo más importante, se les pueda asegurar que su consolidación está plenamente garantizada en el Plan General. Lógicamente, creo que esa distinción es del todo procedente, aunque también hay que matizar que no se ha hecho aún en ningún ordenamiento vigente, ni por parte del Estado ni de ninguna comunidad autónoma, incluida Canarias. Lo único que hay hasta ahora es que se hacen distinciones entre las diferentes clases de edificaciones fuera de ordenación. Hasta ahora, la realidad es que no había surgido ningún problema pero, dada la alarma que se ha creado, por un lado, y la confusión que ha generado el Estado con la publicación de un Decreto el año pasado, por otro, nosotros vamos a hacer el esfuerzo de aclararlo en la Ley y dejar muy claro que no se va a crear ningún perjuicio a la propiedad y que los propietarios podrán realizar cualquier obra, al igual que un edificio que esté conforme al planeamiento.
-¿Tienen previsto subir los estándares de edificación y población por hectárea, que actualmente están fijados en 12.000 metros cuadrados y 400 habitantes?
-No; eso no es conveniente ni se puede hacer. Subir los estándares implica que se debe hacer lo mismo en toda la comunidad autónoma hasta llegar a niveles de ocupación del territorio que ya están perfectamente estudiados por los técnicos. No parece lógico que se legisle así. Lo que hay que hacer es atacar el problema exactamente donde existe. Lo cierto es que muchas de esas viviendas están fuera de ordenación desde el año 1992; que no ha habido ningún detrimento en sus valores; y que, además, se ha creado, de forma inconsistente, una alarma. Por eso vamos a dejar claro en la ley cuáles son los errores. Subir los estándares es algo innecesario. Lo que sí vamos a matizar muy mucho es cómo se cuentan esas edificabilidades, para que no haya duda sobre las áreas que se deben computar para saber si la densidad está bien calculada.
-Los índices de Canarias son de los más elevados de España.
-En Santa Cruz y Las Palmas, sí. Si los subimos, llegaríamos a índices mayores que los de Hong Kong y eso no es procedente. La ciudad se va transformando con la construcción de nuevas carreteras y viales y cuando toque el turno de que se reconstruya entonces tendremos que ir sometiéndonos a los estándares de calidad de vida precisos. Para eso están los planes. No se pueden subir los estándares de un sitio sí y en otro no porque estamos obligados a mantener el equilibrio en toda la ciudad.
-¿Cree que la Cotmac pondrá reparos a la situación de fuera de ordenación?
-No es su objeto, porque ya se había pronunciado sobre el PGO y mandó a realizar unas correcciones. Ahora toca comprobar que esas correcciones se han cumplimentado y hacer controles de legalidad si hay algo nuevo.
"Las torres tendrán que justificarse"
El consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, manifestó ayer que la prevista inclusión de grandes construcciones en altura en zonas que en teoría ya estaban colmatadas tendrá que ser objeto de una clara justificación por parte del Plan General de Ordenación (PGO) de la ciudad. "Tal vez ocurra que se crece en alturas porque se deja un espacio libre a cambio, basándose en el principio de equidistribución". O lo que es lo mismo, no puede existir más de un 15 por ciento de diferencia de aprovechamiento de unas parcelas con respecto a otras. "Por lo tanto, si se quiere dejar una parcela como espacio libre habrá que expropiarla a costa del resto del entorno que se beneficia. No conozco los pormenores, pero lo haré cuando los técnicos lo revisen, que, sin duda, lo harán. Hasta ese momento, estamos hablando de una competencia que recae exclusivamente de las autoridades municipales".