NOÉ RAMÓN | SANTA CRUZ DE TENERIFE
Los grupos parlamentarios de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) unieron ayer sus votos para descartar la Proposición No de Ley (PNL) del grupo socialista, en la que se pedía fijar indemnizaciones para los dueños de viviendas fuera de ordenación que se hicieron con licencias.
El portavoz del grupo proponente, Santiago Pérez, consideró que –al igual que la legislación canaria fija compensar a los promotores de suelo para explotaciones turísticas que se reclasifican en rústico– debería ocurrir igual para los propietarios de casas que quedan fuera de ordenación a pesar de haberse construido en su momento conforme al planeamiento vigente y con la correspondiente autorización.
Sin embargo, los portavoces de CC, José Miguel González, y del PP, Manuel Fernández, descartaron esta propuesta en cuanto que ya se contempla en la legislación el pago de cantidades a causa de expropiaciones por la construcción de viales u obras públicas. El debate sobre el Plan General de Santa Cruz resultó acalorado y se llevó a cabo con continuas peticiones para intervenir por alusiones. En primer lugar, le tocó el turno a la PNL del PSC en la que se pedía la suspensión del planeamiento en las zonas urbanas consolidadas, en caso de que éste fuera aprobado por la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac). Tanto PP como CC consideraron que esta petición no tenía sentido en cuanto que las viviendas fuera de ordenación están incluidas en el PGO del año 1992 y no en el que ahora será sometido a su aprobación final.
El PSC pidió también más seguridad jurídica para estas viviendas, incluidas las indemnizaciones, y que todos estos derechos tengan carácter retroactivo. Pérez quería evitar las "arbitrariedades" en las que, según dijo, se ha incurrido en el PGO de Santa Cruz. "No parece lógico que en zonas donde se han dejado viviendas fuera de ordenación se permitan nuevas construcciones de gran volumetría", dijo. Esta afirmación despertó las iras del alcalde y diputado regional, Miguel Zerolo, quien acusó a Pérez de proferir "una sarta de despropósitos, inexactitudes, mentiras y tergiversaciones".
Perverso. Fernández completó este ciclo de acusaciones calificando el discurso de Pérez de "perverso y maligno". Consideró injusto que se haya demonizado a determinados empresarios por estar detrás de las futuras construcciones que se prevén en la ciudad. Entre ellas, la torre que irá sobre la actual comisaría de la Policía Nacional de Tres de Mayo, cuya altura ha sido consensuada con el Gobierno central.
A continuación le tocó el turno a la PNL de CC y PP, que quedó finalmente aprobada con los votos de los proponentes. En ésta se pide que la Consejería de Política Territorial lleve a cabo las modificaciones que sean pertinentes en la Ley del Territorio para que no quede fuera de ordenación ninguna vivienda por razones de altura, como han sido los casos denunciados en Santa Cruz.
Se aplicará la legislación estatal, que determina que todas las viviendas construidas antes del año 1990 con licencia no podrán quedar también dentro de este régimen. Igual ocurrirá con las edificaciones que tengan valores arquitectónicos, históricos o etnográficos. Según González, lo que se busca es "flexibilizar al máximo la actual legislación" en lo que se refiere a los estándares de densidad que actualmente permiten 400 habitantes y 12.000 metros cuadrados construidos por hectárea. Se quiere así contemplar la realidad de cada edificio según el enclave donde se encuentre. No se impondrán limitaciones por razón de alturas.
Planeó la sombra de La Coruña
La sombra del debate que ha tenido lugar durante estos días en La Coruña planeó ayer sobre el Parlamento de Canarias. Nada más comenzar su intervención, el portavoz socialista, Santiago Pérez, indicó que en la ciudad gallega, el portavoz del PP, Carlos Negreira, mantiene una postura que coincide con los socialistas de Canarias. Cuando el portavoz del PP, Manuel Fernández, intervino, hizo lo mismo, pero para recordar que el PSC de La Coruña coincide con los puntos de vista del PP canario. El cruce habitual de acusaciones sobre el PSC tachándolos de "estalinistas" también se volvió a repetir, a pesar de que Pérez recalcó en varios momentos que su propuesta "es del más puro estilo liberal". Los populares y nacionalistas pusieron de nuevo el dedo en la llaga al recordar el expediente abierto a los concejales del PSC Ramiro Cuende y Gloria Rivero, de los que dijeron que eran los que más sabían de Urbanismo en el PSC y que habían sido destituidos en el Consejo Rector por su ausencia del pleno en el que se debatió el PGO. Santiago Pérez respondió a esta acusación de forma indirecta al excusar la ausencia ayer del diputado regional, Manuel Marcos, del Parlamento por enfermedad, "a pesar de que su deber y derecho es estar aquí", dijo. El PP acusó a los socialistas de dejarse llevar por lo que dice el abogado de la Plataforma en contra del PGO, Felipe Campos, del que dijo que "ha conseguido muchos clientes" con este asunto. Pérez le respondió: "Escuchar lo que dice la calle no es un peligro, sino una virtud". El malestar del alcalde y diputado, Miguel Zerolo, era evidente. Cuando votó en contra de la PNL del PSC, levantó la mano haciendo el signo de la victoria. El resto del tiempo mostró expresiones que iban desde el mayor de los aburrimientos al más contumaz desprecio. Luego, como suele ser habitual, también se cruzaron acusaciones sobre la falta de conocimiento de cada uno de los portavoces sobre Urbanismo. El que peor parado salió fue Fernández, de quien Pérez dijo que "si yo fuera su jefe de filas, le reprendería porque no ha sabido sino balbucear su discurso". En cuanto al portavoz de CC, le reprochó que se había escudado detrás de un halo de autoridad que, según dijo, "habitualmente sólo esconde una falta total de argumentos". Hubo continuas referencias a la historia urbanística de Santa Cruz, especialmente a partir de la mitad del pasado siglo y cómo la ciudad se fue colmatando mientras que los sucesivos planeamientos no daban respuesta al monstruo que se creaba. Así, surgieron figuras como la del PERI, al parecer aún vigente, que hasta el PP reconoció que había implicado un expolio para muchos vecinos.